Fueron alrededor de 10 horas de música las que tuvieron lugar este domingo en el Paseo Bulnes en el centro de Santiago con motivo del Concierto por el derecho de vivir en paz, cuyo principal objetivo fue rechazar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de Latinoamérica.
De acuerdo a los organizadores -entre ellos las Juventudes Comunistas y distintos partidos y movimientos del Frente Amplio- unas 40 mil personas llegaron hasta la explanada ubicada frente al Palacio de La Moneda, quienes disfrutaron de las presentaciones de agrupaciones como La Moral Distraída, Sol y Lluvia, Illapu, Inti Illimani y Villa Cariño, además de representantes de la canción de protesta de Venezuela y Argentina.
Durante el evento, en el que subieron al escenario también dirigentes de las organizaciones convocantes y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar chilena, se dio a conocer el llamado Manifiesto por el derecho de vivir en paz, firmado por los artistas, intelectuales, personalidades y organizaciones políticas, sociales y sindicales que participaron de la concurrida actividad.
En él se explicitó el rechazo a «toda expresión de racismo, xenofobia, machismo, homofobia, y en general cualquier muestra de intolerancia y discriminación en nuestro continente y cualquier parte del mundo». Junto con ello se reafirmó la «decisión de luchar contra el nuevo fascismo que emerge y amenaza los derechos humanos, así como la convivencia pacífica y justa de los pueblos de América Latina y el Caribe».
En ese sentido, se advirtió que «la ofensiva de gobiernos conservadores en Latinoamérica y el mundo significa una amenaza a la lucha por conquistar derechos para las mujeres y las disidencias sexuales».
En esa misma línea se recalcó la «defensa al derecho de los pueblos por diseñar sus sociedades y solucionar pacíficamente sus conflictos sin intervención extranjera», rechazándose por tanto «el actuar del gobierno de Donald Trump y sus aliados sobre Venezuela quienes, motivados por el interés económico sobre recursos naturales, establecen sanciones económicas y castigan al pueblo venezolano, a la vez que fuerzan el reconocimiento de un ‘presidente encargado’ sostenido por gobiernos ajenos y que abiertamente llama a un golpe de Estado y a la intervención militar extranjera en su propio país».
El Manifiesto postula que dichos actos, «amparados en una agresiva campaña y cerco mediático, profundizan el problema y atentan decididamente contra la posibilidad de una superación pacífica de una crisis que, esperamos, resuelvan las y los venezolanos».
Junto con ello se solidarizó con el pueblo de Colombia y los cerca de 500 dirigentes y dirigentas sociales asesinadas desde que se firmara el acuerdo de paz donde Chile es garante; con Haití, país que -recordaron- «enfrenta una profunda crisis como resultado de décadas de corrupción, pobreza e intervención extranjera, y cuyos efectos migratorios son abordados de manera racista por parte de gobiernos como el de Sebastián Piñera»; con Brasil, nación que «sufre los resultados de un gobierno inmoral, racista, homofóbico, machista y violento, y con el cual parte importante de la derecha chilena se identifica»; y con Argentina, cuyo pueblo -señalaron- «vive una profunda crisis económica como resultado de la implementación de políticas neoliberales que han encarecido el costo de la vida al igual que en nuestro país».
Por todo ello es que las organizaciones rechazaron la visita a Chile de «presidentes responsables de empujar a nuestro continente al borde de un conflicto militar con consecuencias humanas incalculables», mencionando a Iván Duque, Mauricio Macri, Martín Vizcarra y Jair Bolsonaro, «este último principal sospechoso en el asesinato de la líder feminista Marielle Franco hace un año», recordaron. Por último, advirtieron que estos mandatarios «no tienen autoridad en materia de derechos humanos y no fueron ni serán bienvenidos en nuestro país».