“Aquí es muy fácil que a uno lo maten”: Las palabras de Berta Cáceres continúan vigentes a dos años de su asesinato

«En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.

Cuánto sentido cobran las palabras que la luchadora social hondureña, Berta Cáceres, entregó a eldiario.es en junio de 2015, siete meses antes de su asesinato a manos de dos hombres armados que entraron a su casa ubicada al oeste de Tegucigalpa, cuando faltaban cerca de 20 minutos para la medianoche del fatídico miércoles 2 de marzo de 2016.

Tenía 44 años y era madre de cuatro hijos. Su vida estuvo marcada por la lucha en defensa de su pueblo –Cáceres era una lideresa de la comunidad indígena lenca– y, por tanto, del entorno natural que da vida a los poblados cercanos al río Gualcarque. A dos años de su muerte, El Ciudadano recuerda a una de tantas activistas asesinadas en América Latina, en una trama que involucra a los poderes económico, político y militar de Honduras.

“Somos seres surgidos de la tierra”

El 28 de junio de 2009, un golpe de Estado terminaba con el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Como suele suceder, la violencia política abre las puertas a las inversiones de grandes grupos económicos que, en países con presencia de comunidades indígenas, significa su desplazamiento y el despojo de los medios suficientes para realizar su vida.

Berta Cáceres fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) en 1993. Fue esta agrupación la que en 2010 dio a conocer que el Congreso Nacional había entregado docenas de concesiones de los ríos del país centroamericano.

Una de las empresas beneficiadas fue Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la que obtuvo una concesión por 20 años del río Gualcarque, torrente sagrado para el pueblo lenca. Era el inicio de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, al no existir una consulta previa, libre e informada sobre el impacto de la iniciativa en las comunidades locales, como ordena el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Honduras en el año 1995.

Dentro de las acciones que la activista encabezó, estuvo el bloqueo por más de un año del acceso a la construcción, a pesar de los repetidos desalojos efectuados por la Policía Nacional de Honduras. En julio de 2013 no fue la Policía, sino el Ejército el que abrió fuego contra los manifestantes, asesinando al dirigente Tomás García e hiriendo gravemente a su hijo, quien en ese momento tenía 17 años. 

Como si ese sangriento antecedente no fuera suficiente, Berta Cáceres había denunciado en numerosas ocasiones hostigamientos y amenazas. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido medidas cautelares para su protección.

También en el año 2013, Berta fue detenida y acusada de porte de arma sin licencia, imputación que ella desmintió asegurando que el arma había sido “plantada” por los militares que la detuvieron. Meses más tarde fue denunciada, junto a otros dirigentes del COPINH, por usurpación, coerción y daños continuados contra DESA. La justicia determinó prohibir su salida del país y firma semanal.

La lucha por la defensa de los ríos tendría otro capítulo previo a su asesinato: el Goldman Environmental Prize con el que fue reconocida en 2015, una suerte de premio Nobel para activistas medioambientales.

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”, dijo Berta Cáceres al momento de recibir la distinción.

El testigo

Aquella noche del 2 de marzo, Berta Cáceres no estaba sola en su casa. Otro activista ambiental, el mexicano Gustavo Castro, había decidido quedarse a dormir en el hogar emplazado en municipio de La Esperanza. Los asesinos que llegaron en un Volkswagen gris no sabían que su víctima se encontraba acompañada.

“No esperaban que yo iba a estar allí. Estaban vigilando a Berta pero esa noche me quedé en su casa de forma improvisada. Necesitaba trabajar y Berta me dijo que podía quedarme y conectarme. Y, ahora, seis meses después, cada vez estoy más convencido de que pretendían un asesinato limpio. En el que Berta iba a estar sola en su casa. En el que cualquier argumento que se diera sobre el asesinato podría ser creíble o muy difícil de rebatir”, relató Castro a eldiario.es, en septiembre de 2016.

En la entrevista con el medio español, el activista mexicano, quien resultó herido en una mano y una oreja, contó que las autoridades hondureñas le prohibieron abandonar el país por 30 días. “La intención era incriminarme, imputarme y tenerme ahí por si lo lograban. Después de eso mi abogada reclama varias inconsistencias legales, y la jueza decretó que impedía a mi abogada su ejercicio profesional. Cosa que también es ilegal”, afirmó.

Castro piensa que la idea de asesinar a Berta Cáceres proviene de la élite económica de Honduras en complicidad con el gobierno de ese país. De hecho, las autoridades políticas tuvieron que salir a explicar por qué la lideresa del pueblo lenca no contó con protección policial la noche de su asesinato. Según el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, fue porque “la residencial donde perdió la vida no había sido reportada como su domicilio”.

“Detrás de la muerte de Berta están las élites económicas de Honduras que son las más interesadas en mantener esos proyectos que amenazan las comunidades indígenas. A medida que se han visto los vínculos con el Ejército se ha opacado más la investigación”, explicó Gustavo Castro a El País, en marzo de 2017.

Una trama de esta naturaleza cobra mayor sentido a partir de las revelaciones de un ex soldado hondureño, quien dijo a The Guardian en junio de 2016 que el nombre de Berta Cáceres figuraba en una lista negra elaborada por una unidad del Ejército que fue entrenada por agentes de Estados Unidos. A través del seudónimo “Rodrigo Cruz”, el otrora militar aseguró que desertó al negarse a cumplir la orden. «Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han desaparecido. Estoy completamente seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el Ejército”, dijo al periódico británico.

Honduras y la probabilidad de morir

El panorama para el activismo ambiental en el país centroamericano es desmoralizador. Según un informe de Global Witness, “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

La terrible conclusión se sustenta en un sinnúmero de amenazas reportadas por las comunidades que se oponen a proyectos de fuerte impacto ambiental, pero fundamentalmente porque desde 2010 han muerto más de 120 personas.

Este desalentador escenario, también fue incorporado en el reciente informe de derechos humanos elaborado por Amnistía Internacional. “Varios pueblos indígenas seguían asegurando que se había vulnerado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas”, se lee en el documento de AI, el cual también da cuenta del lento avance en la investigación para esclarecer el detalle de lo sucedido el 2 de marzo de 2016.

Hasta el momento, ocho hombres han sido acusados de participar en el asesinato. Dos tienen relación con DESA y cuatro de los implicados han estado vinculados al Ejército hondureño. A pesar de las capturas, desde la familia de la lideresa del pueblo lenca mantienen dudas sobre el camino que han tomado las indagatorias.

“El juicio inicia con una gran carencia. Hay ocho personas detenidas pero, entre ellas, no están los autores intelectuales. ¿Dónde están?”, planteó Laura Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada, hace unos días en conversación con eldiario.es.

En la instancia, dijo que el Ministerio Público cuenta con un informe con nombres para concretar nuevas detenciones. «Nos preocupa lo mal que se ha procedido en la investigación y que ello afecte a la justicia. Tememos que se pierda el foco. Que alguna condena de las personas detenidas, de los autores materiales, sea leída a nivel internacional como que son suficientes. Como si eso fuese hacer justicia», sostuvo Laura.