El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, rechazó este miércoles la iniciativa de la Asamblea Legislativa de aprobar la privatización de la administración del agua en el país centroamericano.
“Tenemos una amenaza muy seria, la privatización del agua. Como gobierno no vamos a permitir que se privatice el agua, vamos a luchar”, aseguró el dignatario durante un programa televisivo.
El Mandatario criticó que en la discusión de la ley, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Parlamento, se introduzca una enmienda que permita que el sector privado forme parte del ente rector del agua.
“Nosotros estamos de acuerdo en que hay que administrar de mejor forma el agua, porque es un bien para todos, pero el ente rector, el que va a administrar el recurso no tiene que estar dominado por el sector privado”, subrayó.
A la posición de Sánchez Cerén se han sumado sectores de la sociedad civil como la Iglesia católica, estudiantes y defensores del ambiente, quienes abogan por una ley que esté basada en el derecho que tienen los ciudadanos al preciado recurso natural.
«El ente rector tiene que estar dominado por el sector estatal en unión amplia con toda la sociedad civil, esa es la propuesta que nosotros hacemos para que esta ley verdaderamente respete el derecho a que las personas no mueran de sed”, dijo.
Unidos por el agua
Representantes del sector empresarial desmienten las aseveraciones del Gobierno y dicen que los diputados pretenden establecer una Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la cual formarían parte representantes de la empresa privada.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) , acusó al presidente Sánchéz Cerén de recurrir «al viejo y gastado recurso de lanzar falsas acusaciones en contra de los empresarios.»
En el documento, publicado por la central empresarial señala que «es completamente falso que la ANEP quiera privatizar el agua. Muy por el contrario, queremos es que se mejore el acceso y la calidad del servicio de distribución de agua».
Sin embargo, el proyecto de ley presentado por la oposición en la Asamblea contempla crear una institución que tenga autoridad total para gestionar el recurso hídrico, desde otorgar permisos hasta definir las tasas por su uso.
El negocio del agua
Carlos Flores, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), denominó a un grupo de empresas vinculadas al sector de construcción, caña de azúcar e industria de embotellado como: la oligarquía del agua.
«Son las empresas que más se han beneficiado del modelo actual, desregularizado y sin un sistema adecuado de compensaciones. Todas estas empresas se organizan en distintas gremiales que convergen en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la máxima asociación empresarial y que desde hace décadas es la voz oficial del gran capital salvadoreño», explicó.
Agregó que «su brazo político es la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido de derecha que surgió en los ’80 como un movimiento “anticomunista” y que gobernó el país durante 20 años, impulsando diversas medidas neoliberales, como la dolarización de la economía y la privatización del sistema de pensiones».
Asimismo, denunció que Arena ha sido «el principal opositor a la aprobación de una Ley que garantice la gestión pública y comunitaria del agua, así como la incorporación del derecho humano al agua en la Constitución de la República».
La falta de regulación del agua y una Ley que defina qué se hace en relación a los usos, ha sido una de las grandes deficiencias señaladas por especialistas para abordar la problemática del agua en el país y garantizar su acceso como derecho humano.
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