Las autoridades canadienses se verán obligadas a proporcionar determinados servicios a los mestizos e indígenas sin estatuto, así como negociar con ellos temas relacionados con sus derechos, tal y como hacen con los indígenas con estatuto.
La jueza Rosalie Abella, ponente del dictamen, expresó que «tanto los Gobiernos federales como provinciales han negado tener responsabilidad legislativa sobre los indígenas sin estatuto. Esto ha provocado que estas comunidades estén en un vacío jurisdiccional«.
La sentencia dictada de forma definitiva, establece que «mestizos e indígenas sin estatuto tienen el derecho a ser consultados y negociar en buena fe con el Gobierno federal sobre una base colectiva a través de los representantes de su elección, respetando todos sus derechos, intereses y necesidades como pueblos aborígenes».
Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el líder del Consejo Nacional Métis (mestizos), Clement Chartier, declaró a los medios de comunicación en Ottawa que la sentencia «es una victoria significativa».
«Como pueblo, como nación, ahora tenemos todos los elementos necesarios para avanzar y tener una relación significativa con el Gobierno de Canadá», dijo Chartier.
En Canadá, los indígenas reconocidos con estatutos son incluidos en un Registro que les permite establecerse en reservas, practicar la caza y recolección en su territorio, estar excluidos del pago de algunos impuestos y gozar de determinados beneficios.
Los indígenas han marchado en el país durante años para reformar la educación, rechazar la violencia contra las mujeres, ser reconocidos por la Constitución y gozar de los mismos derechos que el resto de la población.
En las estadísticas oficiales del país, al menos 637.000 indígenas han sido reconocidos, así como unos 69.000 inuit pertenecientes al Ártico canadiense. Sin embargo, mientras que algunos son incluidos, otros son excluidos.
Fuente: TeleSUR