Creciente escalada de violencia contra líderes sociales colombianos

Colombia vive un proceso creciente de violencia contra líderes sociales y activistas de derechos humanos que se ha convertido en la piedra en el zapata de la política de paz del Gobierno neogranadino.

La organización Somos Defensores publicó un informe el mes pasado en el que aseguraron que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia se cobró 106 vidas en 2017.

El estudio detalla que el año pasado «en promedio cada dos días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia».

Durante el año pasado, 170 defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados en medio de una impunidad generalizada, reseñó el portal el heraldo.co, aunque el presidente Juan Manuel Santos mencionó el pasado 14 de marzo que han 160 líderes sociales en dos años.

Reciente víctima
Las más reciente víctima fue la líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas, asesinada por desconocidos en el municipio de Mapiripán (centro), el fin de semana, según ha denunciado la fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y el Centro de Colombia (DHOC).

Cruz Rojas encabezaba el movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán, que forma parte del departamento del Meta, según recoge un comunicado de la DHOC distribuido por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Según explicaron en su comunicado, Cruz Rojas fue asesinada frente a su esposo e hijo en una finca propiedad del matrimonio el pasado viernes «por personas armadas que llegaron encapuchadas a la casa de la finca donde habita la familia».

Alertas tempranas
La zona en que está localizado Mapiripán fue durante años escenario del conflicto armado y fortín de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que perpetraron en ese municipio una masacre en la que fallecieron decenas de personas.

Para hacer frente a este flagelo, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un decreto de «Alertas tempranas» para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de «rutas de protección individual y colectiva».

El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Colombia «tomar medidas urgentes» para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido al alto número de asesinatos registrados en los últimos meses.

Cifra creciente
La cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de 45% el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana.

La víctimas se han encontrado principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia, según el informe de Somos Defensores.

La situación es tan preocupante que el propio Secretario General dela ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto.

Guterres pasó el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno «presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos».

Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.