El pasado jueves 16 de mayo, Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros desplegó un mega operativo para desalojar a las cerca de 120 familias de la toma 17 de Mayo, situada a un costado de la Avenida Costanera Sur en Cerro Navia.
Este procedimiento perpetrado por un por un contingente de 400 uniformados, se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por la propietaria del predio «La engordita», y ordenara en octubre pasado el desalojo-en un plazo máximo de seis meses- de los ocupantes que hace 5 años construyeron sus hogares en este predio que se encontraba abandonado y lleno de escombros.
Los ocupantes acusaron que este operativo no procedía, pues el Municipio de Cerro Navia no entregó las soluciones habitacionales transitorias estipuladas por el máximo tribunal.
Indicaron que el mismo fallo de la Suprema solicita a las autoridades municipales y ministeriales disponer de albergues provisionales para los pobladores.
En medio del desalojo, uno de los ocupantes recordó que «este terreno lleva va más de 17 años botado, era un basural un terreno hostil donde había violaciones» y señaló que los dueños del terreno solicitaron a la Corte Suprema la expulsión de las familias.
Asimismo, acusó a los propietarios del predio, la familia Guzmán Nieto, de haberlo vendido con sobreprecio para construir allí una extensión del Parque Industrial ENEA.
«María Hortensia Guzmán Nieto, la propietaria siempre quiso que le entregáramos el terreno, en paralelo a esto durante la pandemia gestionó todo este caso de uso de suelos para sobre valorizar el terreno que antes tenía una tasación de $600 millones y luego de todo este negocio que hicieron con el alcalde Mauro Tamayo y el Municipio, ahora está valuado en más $7.000 millones que lo vendió al MOP para instalar un parque industrial que es la continuación de ENEA, del cual ella también es dueña», indicó en declaraciones ofrecidas a «Contigo en la Mañana».
Durante el desalojo varias de las familias acusaron que no les permitieron sacar sus pertenencias y que hubo abuso policial.
A través de videos compartidos en redes sociales, señalaron que los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas, sin tomar en consideración que habían niños en las viviendas de la toma.
A raíz del desalojo, el diputado por el distrito 9, Andrés Giordano, se pronunció para rechazar esta acción , cuestionando que se hallan aplicado los protocolos para este tipo de procedimiento, así como el fallo de la Corte Suprema de que se dispusieran albergues provisionales para los pobladores.
Incumplimiento al fallo de la Corte Suprema
«Hoy, 17 de Mayo hemos oficiado por desalojo. ¿Se aplicaron correctamente los protocolos? ¿Qué opinión tiene la Defensoría de la Niñez y el INDH del procedimiento? ¿Se respetó el fallo, incluyendo una solución transitoria que permitiera albergue a las personas desalojadas?», indicó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
«El desalojo, un día antes del aniversario de la toma 17 de Mayo, nos muestra un problema estructural: la justicia en Chile -nuestro ordenamiento jurídico- privilegia violentamente el derecho a la propiedad privada sobre algo tan fundamental como el derecho a la vivienda», señaló el parlamentario.
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