El candidato de la extrema derecha chilena, José A. Kast compartió con corresponsales extranjeros la defensa a la dictadura militar de Augusto Pinochet, asegurando que no se puede comparar con lo que sucede en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En el encuentro, Kast aseguró que “hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”.
En la misma línea, el candidato aseguró que la Constitución de 1980 “contenía toda la transición a la democracia” y que todas las instituciones del país, como el Poder Judicial, el Congreso y las Fuerzas Armadas, se mantienen vigentes.
Frente a estos hechos, la periodista chilena, Mónica Rincón, publicó en redes sociales: “Insólito. Pinochet 17 años en el poder, asesinados, detenidos desaparecidos, torturados, exiliados. Congreso cerrado y tribunales que no amparaban a los perseguidos. Y candidato Kast dice que Chile no fue como Nicaragua? (…) Las dictaduras se condenan sean de izquierda o de derecha”.
El apoyo de Kast a la dictadura militar ha sido constante e incondicional. El 11 de septiembre del 2018, publicaba en redes sociales: “El 11 de Septiembre de 1973, Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy, es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”.
El negacionismo
El negacionismo es un fenómeno social y político que partió principalmente desarrollándose en europa. Su origen está en la puesta en duda del genocidio nazi por parte de ciertos sectores políticos.
La Convención Constitucional en Chile, en su fase de reglamento, definió al negacionismo, de la siguiente manera: “se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”.
“Así también, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”, concluye.
Golpe den Chile: Crímenes de lesa humanidad
No existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, sin embargo, se estima en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.
El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
El año 2002, Codepu daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas: Cecilia Miguelina Bojanic Abad (23 años), María Cecilia Labrin Lazo (25 años), Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29 años), Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27 años), Michelle Peña Herreros (27 años), Diana Arón (24 años), Gloria Lagos Nilsson (28 años).
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), señaló 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes. El informe presenta 75 casos de niños detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños asesinados por militares durante la dictadura.
Se estima en más de 250.000 las personas detenidas durante los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.
Golpe de estado en Chile: El saqueo de un País
725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos como los señalados anteriormente.
Se estima también, que al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el año 1991 en medio de diversos sabotajes, el que fue complementado y reactualizado durante 2004/2005, que además incluyó el servicio de las deudas a grupos privados, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, Ponce Lerou, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa.
La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario.
Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide.
El dictador Augusto Pinochet por su parte, murió con una fortuna estimada en 26 millones de dólares, cuya mayoría provino, según investigaciones periodísticas, de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, buena parte de su fortuna habría estado vinculada por los favores concedidos a los grupos económicos que han saqueado al País.
En los últimos años se han destapado diversas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos como: Casos Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras, actos de delincuencia que precarizaron los derechos sociales de la población y que ha involucrado a diversos partidos políticos que por décadas han sido parte del sistema político del duopolio.
Golpe de estado en Chile: Constitución política ilegítima y anti democrática
La Constitución Política que aún rige, fue impuesta de manera coercitiva por la dictadura, excluyendo o limitando derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal, incluyendo el sostén del modelo neoliberal y la fijación de un régimen político bajo un sistema binominal que se mantuvo por largos años en democracia.
Si bien la Constitución en su base de la institucionalidad hace referencia que el estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien común, esto en la práctica no sucede, porque diversos derechos humanos han sido privatizados para potenciar privilegios de ciertos grupos de elite los que se contraponen al bien común.
Asimismo, la carta magna hace referencia de la seguridad nacional, que su administración está descentralizada o desconcentrada, sin embargo, Chile enfrenta una serie de despojos a favor del interés corporativo privado y afuerino transnacional, su funcionalidad es radicalmente centralizada y la soberanía ha sido extendida a intereses económicos particulares.
La Constitución no reconoce la realidad sobre la diversidad de los Pueblos que habitan Chile. Es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un estado no es igual a la existencia de una sola Nación. Se niega y excluye la existencia de los Pueblos y Naciones originarias cuya existencia antecede en miles de años a la formación del estado.
La Constitución Política ha restringido una serie de derechos , no establece mecanismos que protejan el conjunto de estos, para que puedan ser reclamados y garantizados debidamente por y ante las instituciones estatales. Las actuales garantías constitucionales en su artículo 19, excluye una amplia cantidad de derechos humanos, hace referencia a un listado de derechos individuales fundamentales y sólo otorga a algunos de ellos posibilidades reales de ser reclamados, como el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley en algunos casos, según criterios de jerarquía.
En la Constitución Política el derecho a la propiedad se encuentra protegido de manera preferente y no se asegura que el estado resguarde derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos, sino que los ha endosado al uso y abuso de su administración de entes privados en temas tan elementales como salud, vivienda, educación y previsión, cuyo ejercicio de estos derechos no se encuentra debidamente garantizados para la población, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado tiene.
Asimismo, este régimen y modelo ha permitido entre otras cosas la privatización de los bienes naturales. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que si bien es considerado de uso de “todos los chilenos (as)”, se otorga su uso a empresas mineras, agroexportadoras, energía y transnacionales; lo que produce una escasez de este vital elemento y un alto costo del servicio para las personas.
La Constitución, incluyendo las reformas efectuadas en tiempos post dictadura, está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación.
En definitiva, la Constitución Política que actualmente ha regido en Chile, impuesta en dictadura, hecha para fomentar el saqueo y privatización del País de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos, de oligarquías, coartando una serie de derechos de los Pueblos y personas.
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