El gobierno húngaro de Viktor Orban ha empleado más de 100 millones de euros en vallas, concertinas y controles fronterizos para impedir la entrada de personas refugiadas y migrantes en su territorio.
El presupuesto de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad en 2015 fue de 27,5 millones de euros. Con ese monto se debe atender a los solicitantes de asilo y gestionar las solicitudes. Sin embargo, Hungría ha recibido la llegada de más de 160.000 personas hasta el mes de agosto, cuatro veces más que durante todo 2014.
El gasto en medidas de rechazo triplica a los medios disponibles para atender a los migrantes y refugiados. Las draconianas medidas adoptadas por Hungría para controlar sus fronteras han violado reiteradamente el derecho internacional.
Reguero de denuncias por violencia y privación
Los testimonios de los refugiados revelan el uso reiterado de fuerza excesiva por parte de las autoridades húngaras. Uno de los relatos es el de Hiba, una solicitante de asilo iraquí de 32 años de edad, que sufrió una fractura en el muslo cuando un policía húngaro la empujó contra una pared en una estación de tren de Budapest.
“Llevo meses viviendo en la incertidumbre y la tensión”, declaró la mujer a los activistas una vez que pudo llegar a Alemania. “Ahora estamos a la espera de la decisión sobre nuestra solicitud de asilo, pero la gente [otros solicitantes de asilo] nos dice que es posible que la rechacen y nos devuelvan primero a Hungría y luego de vuelta a Irak. Sin embargo, no hay manera de regresar a Tikrit, no es seguro”.
“Quiero empezar una nueva vida en paz […] Nos tratan como a animales, peor que a animales”, ha manifestado Dina, siria de 46 años que fue puesta bajo custodia policial y estuvo 16 horas sin comida ni agua. “Esto nos impide quedarnos aquí. Sentimos que no somos bienvenidos”.
EB
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