El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) publicó su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, en el cual destacó que el 2020 estuvo marcado por el estallido social iniciado en octubre de 2019, por la pandemia del coronavirus y los temas que se abordarán en el proceso constituyente.
El objetivo del documento, además de dar esbozos de la situación a nivel nacional en el último año, es mostrar algunas conexiones entre la revuelta popular, las demandas por mayor justicia social, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, todo ello en un contexto de desafíos en tiempos de pandemia y del proceso para crear una nueva carta magna.
“Nuestra preocupación es que el ejercicio de los derechos humanos se materialice de mejor manera en una democracia, y por ello es fundamental que la sociedad, y en especial todo el aparato del Estado, asegure las condiciones para su robustecimiento”, señaló el informe, agregando que “ello difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones”.
Un ejemplo en esta materia, según los académicos, es la respuesta estatal al estallido social. El reporte afirmó que durante este período, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfrentó fuertes limitaciones institucionales y financieras frente al aumento de la carga de trabajo, además de tensiones internas que complicaron su labor.
Con respecto a las violaciones de los DD.HH., el informe señala que “es obligación del Estado proveer acceso a la justicia −penal, administrativa y civil− y, ex oficio, investigar, procesar y sancionar a los y las responsables, además, de asegurar la reparación integral de las violaciones”
En el documento también se abordó el rol de las Fuerzas Armadas y las policías, señalando que ambas inclumplieron “gravemente principios básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos, mostrando la dificultad del Estado para garantizar el derecho de reunión y controlar el orden público”.
El Informe de la UDP también repasa la agenda de demandas de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido. Así, constata la desproporcionada violencia que sufren los Pueblos Originarios frente a la persistencia del gobierno en enfrentar el problema como uno de seguridad. También muestra la creciente desprotección de los trabajadores, particularmente frente a los efectos económicos de la pandemia, en un modelo de relaciones laborales que ha generado desigualdad.
Otras deudas persisten en el acceso a la Educación y Salud. En tanto, las vulneraciones que sufren niñas, niños y adolescentes se agravaron en la pandemia. De hecho, el reporte subraya que “la pandemia deja al descubierto los problemas estructurales de la des igualdad y la injusticia social que fueron foco importante de las manifestaciones”.
Adicionalmente, los académicos recordaron que los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales que Chile ha ratificado, por lo que existe un «compromiso internacional que una nueva Constitución no puede ignorar”.
Por tal motivo, plantearon que el proceso constituyente da una oportunidad al país para finalmente «otorgarles a los derechos humanos −particularmente, a derechos sociales hasta ahora no reconocidos, como el derecho humano al agua y saneamiento o a la vivienda, pero también derechos solo parcialmente reconocidos como el derecho a la educación, a la seguridad social o a la salud− la importancia que se merecen”.
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