La UE y Turquía quieren frenar la llegada de refugiados con un plan que vulnera los DDHH

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y el Gobierno turco alcanzaron este martes un acuerdo preliminar para frenar la llegada de refugiados a Europa que contempla el retorno de las personas que llegan a Grecia sin papeles.

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Según expertos y ONG, este plan es una flagrante violación del derecho internacional, de la Convención de Ginebra (un tratado establecido tras las Segunda Guerra Mundial) y de los tratados europeos.

El principio de no-devolución es uno de los pilares del derecho de asilo. El Derecho Internacional prohíbe a los estados expulsar o devolver a una persona hacia un lugar donde su vida o libertades estén amenazadas, donde pueda sufrir la tortura o un trato inhumano o degradante.

Las organizaciones expresan dudas sobre la legalidad de devolver los refugiados desde Europa a un país, Turquía, que ya acoge por lo menos 2,5 millones de sirios, y denuncian que contradice los valores fundacionales de la alianza.

Junto con eso, el acuerdo incluye también el reasentamiento de un refugiado sirio de Turquía en la UE por cada sirio readmitido por Turquía desde Grecia. Una especie de regateo al uno por uno que los gobiernos europeos de nuevo ponen en práctica con la esperanza de frenar el flujo migratorio que desbordó a la Unión.

A cambio, la UE se compromete a acelerar para junio de 2016 los planes que permitan a los turcos viajar al continente sin visado; y a acelerar el pago de 3.000 millones de euros, más una cifra adicional, para ayudar a Turquía a combatir la crisis.

Polémica en los estados

Suecia indicó que las nuevas condiciones deben ser sometidas a discusión por su Parlamento local para ser aprobadas. Por su parte, Hungría mostró su rechazo al acuerdo; además de República Checa, Eslovaquia, Polonia; lo que impidió un concenso definitivo.

Por su parte, la canciller alemana, Ángela Merkel, aseguró que el proyecto de acuerdo fue plenamento redactado por Turquía; pese a que fuentes diplomáticas manifestaron que el contenido responde a los intereses de Alemania, Turquía y Holanda.