Latinoamérica tiene cuatro de los países con mayor incidencia de matrimonios infantiles

“Matrimonio infantil”, “uniones tempranas”, “uniones impropias”, “matrimonios tempranos” o “casamientos precoces”; diferentes términos para un mismo horror. Se refieren a la unión o cohabitación, con o sin ceremonia civil o religiosa, entre un adultos y niños o niñas menores de 18 años, y es un problema de carácter global.

Aunque las discusiones en torno a este tema se concentran en África subsahariana y el Asia meridional, en América Latina se encuentran cuatro de los países más afectados y sin registros de que la incidencia de los matrimonios infantiles esté disminuyendo, ni de acciones por parte de gobiernos o instituciones que al menos manifiesten la intención de hacerlo; quizás por ello no ha sido reconocido como un problema fundamental de la sociedad en la región.

Según datos generales de UNICEF en 2016 y otros estudios más recientes, en América Latina el 23 % de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años, y el 5% antes de los 15. Las mayores tasas de matrimonios precoces están en Brasil (36%), República Dominicana (41%), Nicaragua (41%) y Honduras (34%). Incluso se estima que Brasil es el cuarto país en todo el mundo con más matrimonios con infantes. Sin embargo, hay países sobre todo en el Caribe que no manejan datos de estas uniones, por lo que puede que el problema en la región sea más grave.

No podemos obviar la desigualdad socioeconómica que abunda en los países de Latinoamérica, y es justamente la pobreza el aspecto que prevalece y da pie, en la mayoría de los casos, a este flagelo que vulnera los derechos fundamentales de los niños y niñas de zonas especialmente rurales y marginadas. La mayoría de estos niños y jóvenes no culminan estudios primarios por la urgencia de trabajar para llevar alimentos a sus casas, limitándoles las oportunidades de una mejor vida, y muchas veces viendo el matrimonio como una vía de escape de la ruina.

También debemos resaltar que en las culturas ancestrales los matrimonios o uniones son acordados y ejecutados desde antes de que los individuos entiendan las razones o alcancen la pubertad; por eso observamos que países como Honduras, Guatemala, El Salvador aparecen en las cifras globales de matrimonios con niños.

Por esa razón es necesario reconocer las verdaderas causas para poder crear estrategias, programas y políticas realmente efectivas.

De las consecuencias nefastas de los matrimonios infantiles, además de las psicológica, físicas y emocionales, resaltan los embarazos precoces, problemas de salud materno-infantiles y en neonatos, ya que el riesgo de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es cuatro veces más alto entre adolescentes menores de 16 años; además se enfrentan a violencia de género y a comportamientos controladores y abusivos por parte de los esposos de mayor edad. Las niñas casadas corren más riesgo de contraer VIH e infecciones y enfermedades de transmisión sexual.

Legalidad

Resulta irónico que en América Latina y el Caribe se manifieste tan fuertemente la problemática del matrimonio infantil, cuando la mayoría de los países de este continente han ratificado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual establece el consentimiento pleno de ambos esposos para contraer matrimonio, por lo que es ilegal casarse antes de los 18 años.

Sin embargo, muchos tienen excepciones que permiten a niños contraer matrimonio con el consentimiento de los padres o una autoridad judicial a los 16 años o antes. Otros retos incluyen la existencia de lagunas legales y la falta de cumplimiento de la ley.

Según informe de The Global Partnership to end child marriage (La Alianza Global para acabar con el matrimonio infantil que reúne a 900 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo) en 2017, Costa Rica aprobó una nueva ley que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años; y en 2015 Ecuador aumentó la edad legal mínima de 12 para niñas y 14 para niños, a 18 para ambos, sin excepción.

Por su parte, en México, donde la edad legal mínima variaba por estado, una nueva ley nacional unificó la edad legal en 18 años, tanto para niñas como para niños. En Panamá se modificó la ley para establecer la edad mínima legal en 18 años. Guatemala también eliminó una de las excepciones que permitía a niñas y niños contraer matrimonio a los 14 y 16 años respectivamente con el consentimiento de los padres, pero las niñas pueden aún casarse a los 16 si cuentan con el permiso de un juez, reseña el estudio.

Muchos son los desafíos sociales, comunicacionales, culturales, legales y políticos que se deben sortear para empezar a ver una luz al final del túnel respecto al matrimonio infantil en América Latina y el Caribe; y el primero de estos será reconocer la problemática y darle prioridad en la creación de programas y leyes eficientes que garanticen el desarrollo de una vida normal de los niños y niñas, que se suponen serán la generación de relevo.