Los derechos humanos en Ecuador bajo la evaluación de las Naciones Unidas

El gobierno de Ecuador manifestó hoy en Naciones Unidas su compromiso con los derechos humanos, aunque activistas y organizaciones sociales denunciaron casos de violaciones.

Una delegación del ejecutivo del país suramericano presentó su informe en el Examen Periódico Universal (EPU) que cada cuatro años y medio realiza ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza.

La erradicación de la violencia de género, la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos de movilidad humana y el diálogo entre sectores para lograr la paz social, fueron algunos de los temas que expusieron los representantes ecuatorianos, indicó la cancillería en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, destacó que Ecuador ratificó los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecúa sus normas y su actuación a esos principios.

Por medio de videoconferencia, intervino el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien subrayó cómo el ejecutivo promueve y garantiza libertades y derechos fundamentales como parte de su política pública, más allá de la pandemia de Covid-19 y las protestas de 2019 y 2022.

Sin embargo, algunos de los participantes en esas movilizaciones denuncian persecución política y procesos judiciales en su contra por su papel en las manifestaciones, mientras otros afectados aseguran no haber recibido reparación integral, indicó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Si bien varias naciones reconocieron avances de Ecuador, también mostraron su preocupación por la escalada de violencia e inseguridad y dieron recomendaciones.

Emitir medidas para frenar la crisis carcelaria, garantizar el acceso al aborto en casos de violación, luchar con recursos contra la violencia de género, proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, fueron algunas de las sugerencias de las naciones miembros del Consejo.

Además, instaron al gobierno ecuatoriano a garantizar el derecho a la protesta y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas.

Fuente Prensa Latina

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