Más de 50 abogados y abogadas de Derechos Humanos suscriben declaración conjunta en favor del programa de Boric

Fotografía: Colectivo Delight Lab homenaje a Lotty Rosenfeld

Luego de la votación general del día 21 de noviembre de 2021 en la que se definieron las dos candidaturas que pasarían a segunda vuelta, organizaciones y más de 50 abogados y abogadas de derechos humanos decidieron comunicar abiertamente su gran preocupación frente a la candidatura de Jose Antonio Kast.

Las organizaciones y profesionales que firman la declaración expresan que la mera posibilidad de que se instale en el país un programa que propone prácticas completamente erradicadas, y que representan un grave retroceso en el respeto, protección y garantía de derechos fundamentales en una sociedad democrática, constituye un riesgo gravísimo, por lo que hacen un llamado a estar alertas frente a cualquier indicio de regresión.

De este modo, sostienen que “en Chile existen heridas abiertas producto de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico militar, aquellas sufridas por los pueblos indígenas y también las ocurridas recientemente el 18 de octubre de 2019, entre otras complejas situaciones.” Estas heridas, a su juicio, han dificultado la materialización del respeto y protección de derechos humanos, mientras continúa siendo un camino por el que lamentablemente se transita, pese a haber logrado obtener conquistas en materias de derechos humanos.

Por ello, sostienen que es necesario destacar que el programa del candidato J.A Kast, considera la persecución política de posturas disidentes y de la sociedad civil, a través de una “coordinación internacional anti-radicales de izquierda”, la “clausura del actual INDH”, el trabajo forzado de presos en prisiones de Chile, el cierre de instituciones de educación superior tales como FLACSO, la relativización de la importancia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, la renuncia de Chile del Consejo de derechos humanos de la ONU, la “renuncia de Convenio 169 de la OIT”, “la derogación de la ley que posibilita el aborto”, y la amenaza de indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad, seguido de un largo etcétera de propuestas fuera del marco de respeto a los derechos humanos.

Estas propuestas confirman el giro autoritario y neo-soberanista del candidato del partido republicano, el que afirman es propio de regímenes políticos que socavan las libertades y derechos humanos en todo el mundo. A juicio de quienes suscriben la declaración, ello imposibilita pensar en un Chile que abrace la oportunidad de vivir en una sociedad abierta, tolerante y democrática para nuestras futuras generaciones.

Al respecto, la abogada Paula Vial, como parte de las y los profesionales que suscriben la declaración señaló que “Tenemos una oportunidad única para reencontrarnos con el respeto, la dignidad, la igualdad y la preeminencia de los DDHH en nuestro país. El candidato Gabriel Boric nos asegura, a través de su programa y de su estatura pública, que podemos creer en un Chile distinto que construyamos juntos”.

En esta misma línea, otro de los abogados firmantes, el abogado Francisco Bustos señaló que “los demócratas debemos trabajar por la victoria del candidato de Apruebo Dignidad por su pleno compromiso con el respeto a los derechos humanos, en oposición al candidato heredero del proyecto político de la dictadura y su actitud negacionista, que busca indultar a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Así, las organizaciones y los más de 50 abogados y abogadas de derechos humanos que firman la declaración sostienen que no pueden permanecer indiferentes al momento que se vive, por lo que manifiestan abiertamente su completo rechazo al programa de José Antonio Kast y apoyan abiertamente el programa del candidato presidencial Gabriel Boric.

el programa del candidato J.A Kast, considera la persecución política a través de una “coordinación internacional anti-radicales de izquierda”, la “clausura del actual INDH”, el trabajo forzado de presos en Chile, el cierre de instituciones de educación superior, la renuncia de Chile del Consejo de DD.HH de la ONU, la “renuncia de Convenio 169 de la OIT”, “la derogación de la ley que posibilita el aborto”, y el indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad, seguido de un largo etcétera.