En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Arabia Saudita se opuso a una resolución que condena el uso de la tortura por la policía y reafirma los derechos humanos de las personas LGBT ( Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros).
La resolución, aprobada durante la 31ª reunión del Consejo, que se cerró el 24 de marzo, condenó el uso de la tortura «y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», e insta a las naciones a prevenir el uso de tortura por la policía o durante la detención preventiva.
Si bien el informe se centra principalmente en la policía y el uso gubernamental de la tortura, al que hace referencia brevemente el último informe de Juan Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue emitido durante la sesión.
De acuerdo con un comunicado de prensa de las Naciones Unidas, Arabia Saudita protestó porque el informe de Méndez «incluye 65 referencias a la orientación sexual y fue un intento de utilizar la erradicación de la tortura para promover otras cuestiones, que carecían de cualquier terreno en el derecho internacional».
En Arabia Saudita, el comportamiento homosexual se castiga con la pena de muerte. Tres hombres homosexuales fueron ejecutados por decapitación allí en el 2002. En julio de 2014, Arabia Saudita condenó a otro hombre gay a tres años de prisión y 450 latigazos por reunirse con otros hombres en Twitter.
La participación de Arabia Saudita en el Consejo de Derechos Humanos ha provocado controversia en el pasado, especialmente en septiembre del año pasado, cuando se le pidió a la nación dirigir el «Grupo Consultivo», que ayuda a que el Consejo designe los expertos en derechos humanos que sirven en una variedad de roles en el mantenimiento de la paz en todo el mundo.
Informes publicados por WikiLeaks el año pasado, revelaron que los saudíes hicieron un acuerdo secreto con el Reino Unido para asegurar su lugar en el consejo, entidad que ha afirmado que los derechos humanos son universales, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, en su resolución más reciente efectuada el 2014. Una resolución en la que Arabia Saudita ha votado en contra.
El gobierno saudí sigue con su campaña para acabar con el uso de los medios sociales LGBT. De acuerdo con un informe dado a conocer el 31 de marzo, mediante Vocativ, el reino árabe está considerando la ejecución de personas por «salir del armario» vía online.
La propuesta extrema llega en medio de una oleada reportes de delitos relacionados con la homosexualidad, que están siendo procesados en la ciudad de Jeddah, atribuidos por las autoridades a un uso cada vez mayor de los medios de comunicación social entre los miembros de la comunidad LGBT del reino.
La objeción de Arabia Saudita a cualquier reconocimiento de los derechos humanos LGBT en última instancia, puede ser una distracción de la afición general del reino a la tortura en todas sus formas. El sitio web de Amnistía Internacional declara que «Arabia Saudita tiene uno de los peores historiales de derechos humanos en el mundo». Además del uso frecuente de la tortura, la ONG también cita «ejecución pública, la discriminación, la intolerancia a la libertad de expresión y posibles crímenes de guerra en Yemen», entre muchos otros delitos.
A pesar de estas violaciones bien documentadas, Arabia Saudita sigue siendo un aliado cercano de Estados Unidos. Los EE.UU. siguen armabdo a los militares saudí, a pesar de repetidos crímenes de guerra en Yemen.
Pocos sitios, de los principales medios de comunicación, parecen tomar nota de la reciente agresión a la utilización de las redes sociales por la comunidad LGBT. De hecho, el trato especial que se le da al gobierno saudí ejemplifica la ambigüedad de los Estados Unidos.
Esta ‘amistad especial’ del país norteamericano con Arabia Saudita ha permitido a los funcionarios de Estados Unidos escoger y elegir cuándo mostrar indignación y cuándo denunciar violaciones de los derechos humanos. La manipulación de la ley internacional forma parte esencial de sus agendas políticas, en vez de defender objetivamente las reglas impuestas por la ley.
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