”No somos delincuentes, somos trabajadores”: Comunidad denuncia abandono tras destrucción de 120 viviendas en campamento desalojado en San Felipe

En un operativo conjunto con la Delegación Provincial, efectivos de Carabineros de Chile destruyeron el jueves alrededor de 120 viviendas durante el desalojo del campamento Yevide de San Felipe, en la región de Valparaíso.

La acción se llevó cabo en cumplimiento de una orden judicial a favor de la constructora San Bartolomé, por lo que resultaron afectadas 600 personas que habitaban en el campamento situado encuentra a un costado de la carretera de San Felipe

Hasta el lugar llegó una gran cantidad de personal policial, encabezados por el personal de Carabineros de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). Los uniformados confirmaron que, tras el retiro de las pertenencias y que los habitante abandonaran el lugar procederían a la demolición de las viviendas.

Mientras se desarrollaba el operativo, personal de la inmobiliaria San Bartolomé iniciaron las labores de cierre del terreno.

Por su parte, los pobladores denunciaron que alrededor de 300 personas quedaron en la calle después de la destrucción de sus viviendas.

”No somos delincuentes, somos trabajadores”

El conversación con El Ciudadano, el presidente de la Junta de Vecinos del campamento Yevide, Dunhee Auguste, explicó que la constructora que tenía abandonados estos terrenos y que es su propietaria. presentó una denuncia que fue acogida por la Justicia, por lo que se emitió una orden de desalojo.

«Carabineros comenzó a desalojar a la gente desde al medio día e ingresaron campamento con retroexcavadoras. Lamentablemente, las familias quedaron en la calle», relató.

Al ser consultado por los orígenes del campamento, Auguste recordó que la «historia de esta situación es larga».

«Entre 2019 y 2020, según cuentan los vecinos, un grupo de chilenos ingresó a este terreno y comenzó a venderlo a inmigrantes haitianos. En esa época, muchos haitianos no hablaban bien español ni conocían la ley chilena, lo que los dejó en una posición vulnerable. Las autoridades de San Felipe estuvieron al tanto de esta situación. No puedo afirmar que ellos obligaron a la gente a quedarse, pero sí estaban al tanto de lo que ocurría y permitieron nuestra instalación», señaló.

Desmintiendo las versiones que han circulado por diferentes medios de comunicación Dunhee Auguste destacó que la mayoría de los habitantes del campamento desalojado «son inmigrantes que han venido a Chile a trabajar».

«No son delincuentes ni personas violentas; son trabajadores que buscan una vida mejor. De hecho, el 95% trabaja en la agricultura, y el resto en construcción u otros rubros», enfatizó el dirigente social.

”La gente no tiene a dónde ir”

En diálogo con El Ciudadano, el poblador indicó que las 120 viviendas que fueron destruidas por los efectivos policiales eran habitadas por familias numerosas, «algunas con cinco familias viviendo juntas, otras con tres, otras con dos, y algunas con solo una familia».

«El problema es que la gente no tiene a dónde ir. Muchos ya han comenzado a desarmar sus casas sin saber dónde dormir. La desesperación es enorme», denunció.

Tras el desalojo y la demolición de las viviendas, el Municipio de San Felipe habilitó dos albergues transitorios con capacidad para 40 personas cada uno, aunque los afectados aseguran que las condiciones no son adecuadas, por lo que han sido pocas las personas que se han trasladado hacia los recintos.

«La Municipalidad ha ofrecido un albergue, pero solo tiene capacidad para 80 personas. Además, este albergue no es una solución viable porque no permite que las familias permanezcan juntas ya que solo madres e hijos pueden ingresar, imponen horarios de ingreso y salida, no se puede salir una vez entrado y las personas no pueden salir a trabajar. Es decir, nos proponen irnos a un albergue para personas en situación de drogadicción. Por esta razón, la gente ha decidido quedarse en el campamento, incluso durmiendo en la calle, antes que irse al albergue», explicó el presidente de la Junta de Vecinos del campamento Yevide.

Ante el desalojo en San Felipe, las familias afectadas denuncian abandono y exigen una solución concreta para su futuro habitacional.

«Solicitamos que la municipalidad nos ayude a conseguir otro terreno donde podamos reconstruir nuestras casas de manera legal. Si conseguimos un terreno, nosotros mismos trabajaremos para pagarlo y construir según las normativas. Lo único que pedimos es una oportunidad para seguir adelante», afirmó Dunhee Auguste.

*Este artículo incluye una entrevista realizada en terreno por el periodista Santiago Castillo para El Ciudadano.