En conjunto con organizaciones de derechos humanos de todo el país, la senadora independiente, Fabiola Campillai, se dirigió este lunes hasta el Palacio de La Moneda para entregar al Gobierno un proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas del estallido social.
En la instancia, la senadora informó al Ejecutivo sobre los alcances de esta iniciativa, que será ingresada al Senado mañana martes 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Al cumplirse 5 años del estallido social proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante este periodo, «quienes sufrieron afectaciones en su integridad física por procedimientos policiales o militares».
Al respecto, la senadora Campillai, quien perdió la visión debido el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un carabinero en octubre de 2019, afirmó que el proyecto “busca entregar una respuesta que el Estado no dio en su momento, haciendo que las víctimas tuvieran que dar el primer paso para su propia reparación”.
La iniciativa abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022 y considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal.
Además, incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas manifestaciones, consignó Diario U de Chile.
Cabe recordar que el proyecto fue desarrollado durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora en el marco del quinto aniversario del estallido social. En su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones de derechos humanos.
El texto establece un marco para la reparación integral de las “víctimas de violencia institucional”, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, reafirmando “el compromiso del Estado con la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Ley contempla pensión a víctimas del estallido social
El proyecto contempla la conformación de una “Comisión de Verdad y Reparación”, integrada por siete miembros con reconocida trayectoria en derechos humanos. Tres serán designados por el Presidente de la República en ejercicio, mientra que lso otros cuatro serán nombrados por las organizaciones de víctimas de derechos humanos surgidas del estallido social.
Esta instancia tendrá a su cargo la tarea de definir un procedimiento de calificación de las víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las víctimas reconocidas por esta Comisión tendrán derecho a una pensión económica, cuyo monto y forma de pago serán determinados por esta instancia, que además podrá establecer otros beneficios económicos para las personas calificadas como víctimas.
«Hoy entreganos un proyecto, el cual se tiene que hacer realidad, tiene que haber una Comisión de Verdad y Reparación, porque si no hay no verdad no va a haber justicia y no va a haber reparación», enfatizó la senadora Campillai.