Varios medios de comunicación informan sobre la situación de Mohammed Bawazir, el yemení que acaba de rechazar esta semana ser enviado a un tercer país, después de permanecer preso en la cárcel de Guantánamo sin un proceso judicial regular por 14 años.
Dos otros detenidos, el egipcio Tariq el-Sawah y otro yemení, Abdul Aziz al-Swidi, fueron transferidos a Bosnia y Montenegro, respectivamente, informa The Guardian.
Con esto el número total de detenidos en la base militar de Estados Unidos llega a 91 personas, señala The Hill. Existen otros 34 detenidos aprobados para dejar la cárcel.
El detenido que se negó a ser liberado, Mohammed Bawazir, tiene 35 años, preso desde 2002. Ha ejercido varias huelgas de hambre, llegando a pesar 40 kilos. Fue también uno de los pocos casos que logró presentar su caso ante las cortes de Estados Unidos, denunciando que había sido torturado. Esta semana se negó a ser relocalizado aduciendo que no tiene ningún familiar en el país que se había determinado como destino, nación que no ha sido identificada.
Su abogado, John Chandler, informa el NY Times, dijo que su cliente estaba deprimido, y que el largo tiempo encerrado en Guantánamo lo ha trastornado de una forma en que no puede concebir la vida en el exterior. “¿Puede imaginar estar ahí por 14 años e ir a un avión donde podrás finalmente irte, y que diga ‘no, llévame de vuelta a mi celda’. Este es uno de los días más tristes de mi vida”, explicó el profesional.
El abogado informó que habló varias veces con su cliente para convencerlo de dejar Guantánamo, sin éxito. Mohammed Bawazir pide ser derivado a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Indonesia, donde tiene parientes, lo que no ha sido concedido.
En contexto…
El caso de Bawazir es un ejemplo del daño humano que se ha ejercido en la cárcel de Guantánamo, instalaciones que han sido denunciadas reiteradamente por organizaciones internacionales por prácticas de tortura, violaciones al debido proceso, restricciones a las visitas y otras practicas reñidas con el derecho internacional humanitario. A un año de dejar el poder, el gobierno del presidente Obama enfrenta un costo político importante al no haber cumplido su promesa de cerrar la cárcel “en un año”, poco después de llegar a la presidencia en 2008.