El pasado jueves, el Gobierno Regional de Valparaíso recibió a nueve organizaciones territoriales, agrupadas en torno a la Mesa Regional de Diversidades y Disidencias para reunirse con representantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. El encuentro se produjo además en el marco del mes de la diversidad, que en Valparaíso dio inicio el pasado 4 de septiembre con la actividad de conmemoración del incendio de la Discoteque Divine.
Durante los últimos meses se han registrado varios casos de crímenes de odio, como es el caso del homicidio de Nacha Palma, mujer trans en condición de calle, que habría sido apuñalada y posteriormente quemada en Valparaíso. Según el último informe Anual de DDHH del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), la Región de Valparaíso volvió a concentrar la mayor cantidad de denuncias y casos por discriminación, acumulando el 36,4% del total nacional (Informe Anual DDHH MOVILH).
Asimismo, en 2021 se conocieron 1.114 denuncias o casos de discriminación, que se dividen en 3 asesinatos, 78 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles lejanos o desconocidos por las víctimas, 12 atropellos policiales, 106 casos de homo/ transfobia laboral y 12 educacional, 391 episodios de marginación o intentos de exclusión institucional, 12 campañas contra las personas LGBTIQA+, 55 hechos de negación de derechos en espacios públicos o privados, 135 abusos comunitarios (familia, amigos/as, vecinos/as), 1 segregación en el ámbito de la cultura, espectáculo o medios de comunicación y 309 discursos o declaraciones de odio.
El perfil de las entidades responsables (de discriminación) es el mismo del año precedente: organizaciones religiosas, partidos o colectividades políticas de ultra-derecha o muy influenciadas por religiones, así como Carabineros, Gendarmería y la Armada que han persistido en vulnerar derechos humanos, al igual que algunos tribunales. A pesar de que según el mismo estudio se registra una disminución de un 25% en las denuncias por atropellos y/o detenciones policiales, los casos son particularmente violentos, incluyendo ofensas verbales, torturas y abusos de poder, sin que en ninguna ocasión la institución diera a conocer resultados de alguna investigación o sanción a los responsables. Del total de abusos, siete afectaron a personas gay, cuatro a lesbianas y una mujer trans, sucediendo cinco de ellos en las comunas de Viña del Mar (1) y Valparaíso (4).
Tania Valenzuela, Consejera Regional y encargada de presidir la mesa, señaló que “este hito tuvo como principal foco el poder generar el primer espacio de encuentro y trabajo entre las instituciones a cargo de la seguridad pública con representantes de la sociedad civil, lo que permitió evidenciar la urgente necesidad de realizar capacitaciones para generar competencias, donde las, los y les usuarios de la comunidad LGTBIQ+ puedan tener acceso garantizado a un trato justo y acorde a sus necesidades particulares». La autoridad señaló también la importancia de instalar un debate a nivel nacional sobre esta materia, con el propósito de establecer intervenciones transversales y descentralizadas en todas las estructuras del Estado, para que los avances «no dependan de buenas voluntades aisladas, sino más bien reflejen una modernización y cambio necesario en la forma de relacionarnos con nuestra sociedad diversa”.
Mauricio Cárdenas, representante de la Red Diversa de Emprendedores, valoró positivamente la instancia, señalando que “me pareció muy buena e interesante. La comunidad LGTBIQ+ tiene cierta reticencia para acercarse a las instituciones del Estado, y que estas se acerquen a las organizaciones sociales es lo principal, sobre todo mostrando la apertura a las capacitaciones y a poder conocer las necesidades e intereses de la comunidad. Creo que eso habla muy bien y genera bastantes expectativas de lo que se pueda trabajar. Confío en que las instituciones puedan abrirse a eliminar sesgos de discriminación o actitudes prejuiciosas en pos del beneficio a las personas, para que en este caso se pueda denunciar y que finalmente la falta de servicio o justicia se pueda eliminar para que tengamos acceso a una justicia para todes”.
Por su parte, Luis Barraza, representante de Acción Gay Valparaíso, señaló la importancia de realizar un trabajo colaborativa entre las instituciones y las organizaciones para poder llevar una estadística real sobre los casos de violencia y abusos contra la comunidad LGTBIQ+. “Nosotros como acción gay llevamos 23 años en Valparaíso, hemos participado en muchas mesas con autoridades y la verdad es que esta es una de las mesas en las que nos encontramos más contentos de estar, con Tania, porque se han demostrado avances (…) Sé que las representantes están con toda la disposición, pero creo que necesitamos también una información recíproca, tanto de carabineros como de PDI con las organizaciones que estamos en la mesa. Están hablando de estadísticas de denuncias y violencias que no concuerdan con nuestros datos, creo que no tienen la misma realidad que nosotros, y ahí falta más comunicación con nosotros como organizaciones sociales de la comunidad”.
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