Se trata de un uniformado de la Armada que está siendo hostigados luego de reconocer su homosexualidad, así como de un funcionario del Ejército que fue notificado que sería dado de baja tras reclamar por malos tratos homofóbicos. Un tercer caso afecta a un funcionario civil que presta funciones de la Armada y que denuncia acosos en persona y por redes sociales.
“La Subsecretaría para las FFAA está analizando e investigando los antecedentes que le hicimos llegar por todos estos casos. Esperamos tener alguna respuesta o solución para las víctimas en las próximas semanas”, indicó el Movilh.
El organismo añadió que “en paralelo junto a la Subsecretaría para las FFAA abordamos la posibilidad de implementar estrategias que permitan dar una atención multi-sectorial a las y los uniformados que nos denuncian discriminación por orientación sexual o identidad de género. Nuestra intención es contar con algún protocolo”.
El Movilh acusó que “en todas las denuncias que nos hacen llegar los uniformados se aprecia en modus operandis: son sancionados cuando reclaman por homofobia. Cuando solicitan hablar con un superior por tal abuso, les niegan esa posibilidad. En respuesta, tratan de contactar al superior por sus propios medios, pero entonces son acusados y sancionados por segunda vez, esta vez por saltarse el “conducto regular”. Esto va en escalada, pues la acumulación de sanciones, busca darlos de baja».
A la par, puntualizó el Movilh, “los testigos de los abusos guardan silencio por temor a sanciones. Se trata de un perverso círculo de impunidad que amerita una intervención más activa del poder civil, en particular del Gobierno, así como la creación de un protocolo para atender las denuncias por homofobia y transfobia al interior de las FFAA”.
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