Según datos entregados por Conapyme, existen en Chile más de 720 mil empresas de menor tamaño distribuidas en todos los sectores productivos. Se trata, de acuerdo a la información entregada por el mismo organismo, del sector que genera cinco millones de empleos en el país, lo que representa el 81% de la fuerza laboral. Con esos datos y, por ende, con la importancia que implica para el desarrollo económico nacional, ¿cómo explicamos la falta de recursos en el sector, siendo que el Estado y las grandes empresas son sus principales clientes?
Es evidente que las pequeñas y medianas empresas, debido al sistema y forma de pago, tipo de negociación, cláusulas en contratos y convenios, añadidos al funcionamiento operacional, no sólo dificultan y minimizan sus utilidades, sino que contribuyen al endeudamiento creciente de ellas mismas. Ejemplo contundente de este fenómeno es el auge del factoring. ¿Es posible que el Estado cancele a corto plazo después de que se han terminado los proyectos y que, además, el proceso de aprobación de esos dineros sea más breve y transparente?
El proceso inicialmente es claro y preciso: mediante licitaciones de organismos públicos, así como de contratos directos con las corporaciones de mayor tamaño, los proyectos se adjudican sin dificultad. El problema aparece cuando el proceso de aprobación y pagos de esos proyectos se dificulta por el exceso de burocracia y presencia de regulación obsoleta. El Gobierno y las grandes empresas representan para las pymes un significativo número de iniciativas que aseguran continuidad, expansión y crecimiento, porque son los mejores clientes para una pyme.
En algunos países de Europa, a diferencia, la tramitación de pagos y reglas de aprobación de proyectos están bien especificadas; son sencillas y rápidas, con pagos incluso entre 10 y 15 días, incluyendo aprobación de hitos. Eso, mejora la comunicación y efectividad de trabajo entre proveedor y cliente.
En definitiva, el actual formato de pago a proveedores en Chile, en general, es defectuoso y requiere de una reestructuración íntegral, más aún si queremos ser competitivos a nivel internacional. Es clave, por lo mismo, desarrollar una solución que transparente y regularice mejor el sistema de pagos; que se establezcan plazos adecuados y claros, así como también modernizar procesos de aprobación de hitos al momento de una licitación e, incluso, que se permita la trazabilidad de estas operaciones. De esa forma, pequeñas y medianas empresas podrán realizar su trabajo con la seguridad de que será pagado a tiempo. Es la única forma de continuar normalmente con la operatividad del negocio y competir con mayor equidad, favoreciendo la libre competencia y evitando la concentración del poder económico.
Pareciera, con todo, que Juan Araya, presidente de Conapyme, tiene razón cuando dice que las “pymes están en la boca de todos, pero en las manos de nadie”.
Por Alex Cabrera
Gerente general de Appear Chile
Fuente: Diario Pyme
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