El movimiento iniciado hace ya largas tres semanas por pescadores artesanales de Aysén, se transformó rápidamente en una causa regional, para adquirir en estos momentos una proyección nacional. El gobierno Piñera, a través de su proceder, lo agravó y como dijo el dirigente del Movimiento Social de la XI región, Iván Fuentes, condujo en los hechos a echarle “bencina al fuego” en vez de encontrar vías para su solución. Existía la interrogante de si este año las movilizaciones ciudadanas serían tan grandes como las del año pasado. Aysén da una pauta importante que será así. La ciudadanía quiere ser protagonista activa en la resolución de sus problemas. Esa es una expresión democrática básica que se requiere que La Moneda comprenda. La actitud del gobierno muestra su preocupación por el surgimiento de otras movilizaciones regionales. Desde luego varios de los problemas de Aysén no son exclusivos de esta región. Las similitudes que se pueden establecer con “la rebelión del gas” en Magallanes son muchas. En la XII Región el gobierno que actuó con prepotencia durante varios días finalmente debió ceder. Ya existen otros importantes movimientos regionales en desarrollo, como acontece en Calama, exigiendo que un porcentaje de los ingresos generados por el cobre en la zona queden en ella. En vez de tomar la causa de las zonas postergadas del país –que es otra dimensión de las múltiples desigualdades existentes- el Gobierno abiertamente en Aysén con su actitud las transformó en una confrontación.
2011 fue un año de grandes movilizaciones sociales. Su primera expresión fue en el mes de enero con “la rebelión del gas” de la población de Magallanes. Después de una larga y generalizada paralización regional el gobierno debió ceder en su determinación de aumentar las tarifas a partir del primero de febrero. Constituyó una gran victoria de la movilización regional, que contó con un elevado apoyo nacional. En 2012, la primera gran jornada fue la virtual paralización a partir de mediados de febrero de la Región de Aysén liderada por el Movimiento Social, conformado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas de pescadores artesanales, vecinales, la Anef, Cut de Coyhaique, Asociaciones de Camioneros y Patagonia sin Represas. “Este movimiento -manifestó la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez- tiene una connotación regional, donde nuestro objetivo es que las autoridades competentes se manifiesten y presten solución a graves problemas que nos aquejan como región. (…) tenemos que luchar –añadió-, como lo hizo Magallanes para conseguir respuestas a nuestras demandas” (15/02/12). Se aprende de las experiencias exitosas y ellas demuestran que se debe participar activamente en buscar soluciones de las demandas realizadas.
La Moneda, al igual como le aconteció en Magallanes, subestimó la fuerza y el significado de la movilización. Su unidad de análisis de conflictos, creado luego de las grandes jornadas estudiantiles de 2011, advirtió en enero sobre dificultades en Aysén, pero las circunscribió únicamente al malestar de los pescadores artesanales por la Ley de Pesca y concretamente en Melinka, donde efectivamente se produjeron manifestaciones el 13 de febrero. La atención oficial se concentró exclusivamente en este aspecto, llegando incluso a un acuerdo el día 16 con los pescadores de Las Guaitecas. Nunca percibió la magnitud del malestar en la zona ni cuales eran los problemas centrales que lo causaban, entre ellos el alto costo de la vida y particularmente de los combustibles.
Luego procedió a enviar al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a “informarse” de las peticiones. “Él –criticó el senador de RN por la XI Región, Antonio Horvarth- no traía ningún tipo de respuesta a los problemas históricos. En cambio, llegó con dos aviones de las Fuerzas Especiales, lo que a la gente de la región irritó” (26/02/12). La represión en muchos momentos fue muy intensa, dejando varios heridos. “Ha habido –señaló el diputado Hugo Gutiérrez que viajó a la región con otros parlamentarios de la Comisión de DD.HH. de la Cámara- una aplicación excesiva de la fuerza y, basado en mis antecedentes, apoyaría una interpelación al ministro del Interior” (01/03/12).
Cuando ya habían transcurrido varios días desde el inicio de la protesta un consejo de gabinete, encabezado personalmente por Piñera al regreso de sus vacaciones, decidió enviar a negociar a dos ministros sectoriales, los de Salud y Transportes, pensando erradamente que con algunas medidas parciales podía revertir la movilización. Lo hizo, al igual que como en la generalidad de los conflictos sociales sin comprometer nuevos recursos, aplicando su política de mantener lo más acotado posible el crecimiento del gasto público, a pesar de ser un gobierno que cuenta con miles de millones de dólares en fondos soberanos colocados en el exterior. En el caso del sector salud, como lo constató el ministro Jaime Mañalich, “son recursos que estaban asignados, pero que necesitamos acelerar su entrega a la región en el marco del Plan Aysén” (21/02/12). Por su parte, los fondos a emplearse en el sector transporte –en una región con serios problemas de conectividad- son los provenientes de la denominada “ley espejo” del monto destinado a cubrir el déficit anual del Transantiago a usarse en regiones. Como era previsible el Movimiento Social lo rechazó como solución al conflicto ya que no se enfrentaban los problemas globales.
En vez de constituir un inicio de diálogo la visita de ambos ministros tuvo el efecto de sumar a nuevos sectores activamente a las protestas, como aconteció con el siempre influyente gremio de los camioneros. El momento donde su presidente, Nelson Ramírez, decidió “involucrarse más en las manifestaciones –describió La Tercera- comenzó en la reunión efectuada (…) con los ministros de Salud y Transportes, Jaime Mañalich y Pedro Pablo Errázuriz. Fue en la intervención de este último donde hizo ver su molestia –agregó el reportaje- debido a que el secretario de Estado no traía una propuesta clara. Ahí se decidió radicalizar aún más los bloqueos” (28/02/12).
Cuatro días después, mientras la región seguía prácticamente detenida, La Moneda acordó, por una parte, centrar las negociaciones en el alto precio de los combustibles –una de las demandas concretas centrales-, dejando en una posición secundaria el resto del petitorio, entre ellas un salario mínimo regional, recursos para la educación en la región o la realización de plebiscitos o consultas ciudadanas frente a grandes temas planteados, como la instalación de represas y tendidos eléctricos, y de otra llevar la interlocución a través de la intendente regional, Pilar Cuevas, desoyendo así también la exigencia de una contraparte gubernamental de mayor capacidad decisoria.
Pilar Cuevas nunca fue –ni podía ser- una contraparte real. La Moneda resolvió, entonces, enviar a su ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, después de haber analizado el petitorio del Movimiento Social. Su presencia no facilitó como se esperaba las negociaciones sino que las dificultó. En su reunión con los dirigentes del Movimiento Social, luego de declarar que llegaba “empoderado” y que como “magallánico” entendía bien los problemas de las zonas extremas del país procedió a colocar sobre la mesa la respuesta gubernamental a las exigencias realizadas, pero antes de darla a conocer puso como condición levantar el bloqueo de las rutas de acceso a la región. ¿Necesitaba hacerse este viaje y presentarlo como que podía abrir caminos a una solución para entregarse previamente una exigencia que varias veces ya había sido rechazada mientras no hubiese respuestas concretas? Tras hacer esta exigencia Álvarez se retiró del lugar donde se efectuaba la reunión.
Paralelamente, en Santiago el ministro Andrés Chadwick, miembro del equipo político gubernamental, insistió que era previo a cualquier negociación reestablecer el orden público. Agregando que “el gobierno tiene que mirar el desarrollo del país en todas las regiones y en forma integral” (01/03/12). Sus expresiones se producían cuando los dirigentes del Movimiento Social habían expresado su disposición a flexibilizar el bloqueo, como ya lo habían hecho en forma previa al innecesario viaje de Álvarez en conversaciones con el subsecretario Claudio Alvarado.
Durante la reunión con Rodrigo Álvarez, el gobierno modificó sus condiciones. Plantearon “determinadas exigencias –señaló Antonio Horvarth- que los dirigentes les han cumplido, después han aumentado nuevas exigencias que los dirigentes también han cumplido y, finalmente han dicho que desbloqueo total o no hay conversaciones. Llegan –concluyó- sin real empoderamiento que es lo que uno echa de menos en un ministro, que un ministro debe tener capacidad de maniobra” (04/03/12).
“Nosotros hemos llamado a la calma –expresó Iván Fuentes portavoz del Movimiento Social- y la gente obedeció. Nosotros echamos un balde de agua al fuego y el gobierno salió con un bidón con bencina a desparramar el fuego”. Añadiendo que se procedería a reanudar el bloqueo total de las rutas. La flexibilización finalizó “con las palabras del ministro, el ministro terminó con eso. (…) el ministro Chadwick no solo desautorizó el trabajo de buena voluntad que estamos haciendo nosotros, sino que además con sus declaraciones lo hizo con el ministro y el subsecretario de gobierno que vinieron, porque primero los mandaron con poderes y hoy (jueves) les quitaron el poder (…). Eso sí –concluyó- es un error político aquí y en la quebrada del ají” (02/03/12).
Poco después, en entrevista de prensa el ministro de Hacienda, Felipe Larraín fue más lejos “la mayor parte de los dirigentes –expresó- está genuinamente representando los intereses de sus sectores, pero también hay que reconocer que grupos violentistas organizados se aprovechan de esta situación (…). Este gobierno –concluyó- no le va a entregar los beneficios a la gente que haga manifestaciones violentas. Ese no es nuestro criterio” (04/03/12) ¿En el Movimiento Social cabe preguntarse según Larraín hay sectores violentistas? ¿La presión social a través de acciones más fuertes no es una consecuencia de la exasperante lentitud y actitudes contradictorias con que el Ejecutivo enfrentó la situación?
¿Cómo explicarse la conducta del gobierno de Piñera que con sus actitudes agravó el conflicto? ¿Qué temas de fondo expresan su actitud? El movimiento de Aysén –al igual como los desarrollados en 2011- tiene un gran respaldo nacional. La conducta indica que buscó dar una lección a tener en cuenta, que condujo a incrementar las protestas. Su preocupación es que se repita la experiencia del año precedente en que las movilizaciones ciudadanas, particularmente la demandando una reforma educacional se transformó en un tema político central y se fueron multiplicando.
“En Palacio hay conciencia –señaló La Tercera- de que existen focos de posibles conflictos sociales en otras zonas del país. Ayer (miércoles 29), de hecho visitaron La Moneda una serie de intendentes que, en reuniones sostenidas en Interior, evaluaron escenarios para prevenir conflictos a nivel regional. Fuentes oficialistas aseguran –agregó el periódico- que es una suerte de ‘explosión regionalista’ y que se vislumbran focos en Calama, Arica, Coronel, Isla de Pascua, Chiloé y Dichato” (01/03/12).
En verdad, en Calama se encuentra en desarrollo desde el año pasado una amplia movilización ciudadana –en que participan autoridades de la región, trabajadores, transportistas, estudiantes, empresarios, dueñas de casa y representantes de iglesias- exigiendo que un porcentaje de las utilidades del cobre generadas en la comuna se utilicen en ella. Con esta demanda se efectuaron paros de 24 horas los días 29 de junio y 29 de agosto, acompañados de grandes manifestaciones callejeras. En asamblea efectuada el primero de marzo dieron plazo hasta fines de mes para que se diese respuesta a su exigencia, como se comprometió Rodrigo Hinzpeter en una reunión efectuada en diciembre. El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, en declaraciones radiales manifestó que de no avanzarse en la descentralización de las regiones se producirían unos “cien incendios” (02/03/12).
“Desde Palacio están conscientes –señaló a su vez el Diario Financiero- que el modo en que el Ejecutivo enfrente la situación de Aysén marcará un precedente para el resto del país, ad portas de que Talcahuano y Calama se unan al movimiento regionalista que se desató en la zona austral” (02/03/12). De allí las exigencias efectuadas por Chadwick y Álvarez de desbloqueo total y de endurecimiento de las condiciones para negociar.
¿Cuál es el origen del descontento? ¿Por qué es posible establecer similitudes con las protestas en Magallanes? De una parte existen problemas de corto plazo, algunos de los cuales exigen soluciones urgentes, y otro –como manifestó el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña- “que se considere en la agenda pública un asunto de interés general al que hasta ahora se ha mantenido casi invisible: si acaso la equidad tiene una dimensión territorial y si el lugar que se habita puede ser considerado, bajo ciertas circunstancias, una desventaja que merece ser compensada. ¿No mejoraría el debate democrático si, gracias a la movilización de Aysén –se preguntó Carlos Peña-, un asunto como ese se incorpora definitivamente al diálogo público? (26/02/12). La respuesta surge sola.
“Hay una falla de años –enfatizó Antonio Horvarth- (…) que es el proceso de regionalización (…) que no existe. Un gobierno regional tendría que responder ante los movimientos ciudadanos y ser capaz de prever y sintonizar con ellos a tiempo” (26/02/12). “Tenemos la XI y la XII regiones –enfatizó a su turno el senador Carlos Bianchi, estableciendo puntos comunes entre las dos regiones del extremo sur- donde el costo de la vida es a lo menos un 35% más caro que el resto del país y eso no está reflejado en estrategias geopolíticas con incentivos para radicarse y trabajar en estas zonas. Ya analizamos –añadió, haciendo referencia al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al parlamento- las políticas de excepción de Magallanes y Aysén y no hay ningún incentivo para el trabajador. ¿Y el gobierno que hizo? Prorrogar estos instrumentos a sabiendas que nunca han dado resultado” (17/02/12).
La escasa preocupación por los problemas de Aysén contrastan –al igual como se puso en evidencia en al “rebelión de Magallanes”- con las políticas de desarrollo y poblamiento que se viven a pocos kilómetros de distancia en territorio argentino. Un ejemplo que grafica este abandono es que durante una década no se produjo ningún avance en la Carretera Austral. “En ese contexto –constató El Mercurio-, lo que se inició como un conflicto de pescadores artesanales encontró ambiente propicio para extenderse entre la comunidad aisenina arrastrando a sus organizaciones sociales, al municipio, concejales y a la generalidad de los parlamentario de la zona. (…) sería imposible movilizar a la población aisenina –concluyó en su Semana Política- de no existir un sustrato real de problemas y una propagada sensación de postergación” (19/02/12).
La adhesión transversal al movimiento fue muy alta. Un factor que lo explica –además de todas las expresiones y repercusiones del aislamiento y carencia de políticas para superarlo- es el alto costo que tiene satisfacer las necesidades fundamentales. “La canasta básica –expresó el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Aysén, Eladio Muñoz- no se refleja en Aysén, no es lo mismo ganar un sueldo mínimo en Santiago que acá, donde todo es mucho más caro. Acá el combustible es uno de los más altos del país, lo mismo los servicios básicos. Si bien es cierto –añadió- que hay un crecimiento en la región, no llega al común de la gente. Hay un desequilibrio –concluyó- entre lo macro y el trabajador normal” (17/02/12).
El movimiento tiene un amplio reconocimiento en sectores empresariales también de su justeza. “(…) comprendo –manifestó Victor Hugo Puchi, controlador de la empresa salmonera AquaChile, uno de los sectores que explica el alto crecimiento de Aysén en 2011- el origen del descontento. El alza (…) del costo del petróleo y el aumento del precio de los alimentos ha hecho más difícil vivir en zonas aisladas y extremas. Lejos –agregó- la principal limitación de Aysén es su lejanía y aislamiento. El costo de transporte de productos y de personas pega muy fuerte en la competitividad de las actividades de la región, ganadería, turismo, pesca y salmonicultura. Las causas de fondo son de larga data. Aysén y probablemente otras regiones, no han tenido la atención política que la gente espera. Como país deberíamos cuestionarnos el alto centralismo político” (26/02/12)
Según la encuesta Casen de 2009, Aysén es la segunda zona del país de peor distribución en los ingresos, después de la Araucanía. La brecha entre el quintil de menos y el de mayores ingresos fue de 22 veces. En ese momento el ingreso promedio por hogar del primer quintil era de $92.606. ¿Cómo se puede sobrevivir con esa suma? En ninguna zona del país es posible, pero es aún más insostenible cuando el costo de vida es muy superior al promedio.
Aysén es la región del país de más alta participación laboral, de acuerdo a las estadísticas del INE (55,9%). Igualmente, su tasa de desempleo en el trimestre móvil noviembre 2011-enero 2012, siempre según el INE, fue de 3,5%, la segunda región con menor desempleo después de Los Lagos (2,8%). De estos datos podría extraerse una conclusión positiva. Pero, ese empleo tiene niveles salariales inferiores al promedio nacional y con índices de informalidad muy alta, de lo que se deduce el alto nivel de explotación existente. Además, un porcentaje de los empleos se origina en Argentina. Esta es la realidad que no quiere reconocer Felipe Larraín, quien aprovechó el dato de ocupación de noviembre-enero para afirmar que en la región existiría “prácticamente el pleno empleo” (29/02/12). El subsecretario del Trabajo, Benito Baranda, refiriéndose al salario mínimo nacional bruto $182.000 manifestó que “ética e idealmente, deberíamos estar hablando de salarios en torno a los $250.000” (01/03/12). Con cuanta mayor razón deben subir las remuneraciones más bajas en aquellas zonas del país, como Aysén con costo de la vida más altos.
Por Hugo Fazio
El Ciudadano