La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que modifica la tributación de las empresas mineras. Ahora sólo queda que el Ejecutivo despache el proyecto para su promulgación.
A pesar de la inicial negativa de varios parlamentarios opositores a la aprobación de esta ley, finalmente el proyecto fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara de Diputados, luego de que el martes pasado el Senado le diera el visto bueno.
El proyecto, establece un aumento general del 5 al 14 por ciento en la tributación de las empresas dependiendo del porcentaje de márgenes operacionales. Además, se establece una extensión de seis años en el período de invariabilidad tributaria a aquellas empresas que se acojan voluntariamente a la nueva tributación. Adicionalmente, se establece un período de transición entre el año 2010 y 2012 que varía entre el 4 y el 9%.
Así también, se crea una comisión para analizar modificaciones en el Decreto Ley 600, impuesto en la dictadura de Pinochet. Esta comisión estará integrada por nueve miembros especialistas en el tema los cuales deben emitir un informe en el plazo de 90 días.
La aprobación del proyecto generó varias reacciones adversas, de quienes consideran que esta ley atenta contra los intereses de Chile. Tal es el caso del diputado PPD, Rodrigo González, quien señaló que este proyecto en lugar de establecer derechos compensatorios por la merma de un recurso natural no renovable, es una regalía a favor de las grandes compañías mineras transnacionales y de ninguna forma beneficia al Estado.
Asimismo, el parlamentario cree que con esta ley se esfuma la posibilidad de allegar recursos superiores a los actuales y todo a cambio de beneficios a corto plazo y con el pretexto de la reconstrucción. González además afirmó que es demasiado importante recuperar el imperio completo de la soberanía chilena sobre los recursos que se necesitan para resolver los grandes problemas pendientes: “una gran reforma de la educación, las necesidades de las personas y otras necesidades urgentes que aún el país no es capaz de cubrir”.
En la misma línea, el diputado PPD, Enrique Accorsi, señaló que esta medida es un traje a la medida para que las mineras privadas puedan mantener sus altos niveles de ingreso de aquí a los próximos 10 años “siendo los chilenos y chilenas los grandes perdedores”. El parlamentario aseguró que entre el 2003 al 2009 las empresas obtuvieron más de US$100 mil millones de dólares en ganancias y amortizaron todas sus inversiones “por lo tanto, pagar mil millones en tres años es claramente insuficiente”.
Del mismo modo, el senador PS, Carlos Montes, afirma que aunque es cierto que este proyecto permitirá recaudar más recursos, a su juicio resultan aún insuficientes y sin proporción con los enormes excedentes y utilidades que están ganando las mineras. “Yo respeto a los que creen que esta es una buena alternativa o menos mala que la inicial, pero en conciencia creo que esta es una mala opción”, indicó.
No obstante, por el lado oficialista se encuentran satisfechos tras la aprobación de esta ley. Es el caso del diputado UDI Ernesto Silva, quien asegura que esta iniciativa legal permitirá completar las fuentes de recursos para la reconstrucción del país y es positivo porque responde a un acuerdo político positivo entre Gobierno y Oposición.
Asimismo, el diputado independiente, Miodrag Marinovic, celebró que esta ley eleve la tributación minera y que ello haya sido posible gracias al diálogo y la búsqueda del acuerdo político que propiciaron los parlamentarios independientes. “Este royalty es radicalmente distinto al que inicialmente propuso el Gobierno y eso es fruto del aporte de todos los sectores”.
Por el lado de la Concertación también hubo manifestaciones de alegría, como lo evidenció el diputado PPD, Pepe Auth, quien aseguró que gracias al acuerdo suscrito por parlamentarios de la Concertación con el Gobierno, se recaudarán poco más de mil millones de dólares, entregando seis años de invariabilidad a los antiguos proyectos. Además, el diputado señaló que “Votar en contra de este proyecto era votar en contra de nuestros propios logros, de haber forzado al Gobierno a incrementar al doble el impuesto específico a la minería, a comprometer con claridad recursos para la reconversión económica y el desarrollo de las regiones y a abrir por fin la discusión sobre el DL 600”.
Por Katherine Torres T.
El Ciudadano