Avanza la política privatizadora

Los pasos para reducir la presencia empresarial del Estado se manifiestan en diferentes sectores. Los trabajadores de Codelco paralizaron por 24 horas rechazando las señales de seguir privatizando filiales de la empresa estatal, como ya se hizo con EC-L (Edelnor), culminando el proceso en tal sentido iniciado durante los gobiernos de la Concertación.  Otro tanto se hizo en las empresas sanitarias Essbio y Esval, siguiendo la venta efectuada poco antes de la casi totalidad de los títulos de Aguas Andinas en poder de Corfo.  El sector sanitario se encuentra mayoritariamente en manos de capitales extranjeros.  El vicepresidente de Corfo sostiene que la entrega constituiría por los recursos recibidos “un muy buen negocio para los chilenos”.  ¿Es un “gran negocio” si se poseen activos en el exterior por miles de millones de dólares por los que se reciben intereses muy bajos y se vendan activos de alta y segura rentabilidad?  En estos días, de otra parte, asumió un nuevo gerente general de Enap cuya tarea prioritaria es incorporar capitales privados a la empresa estatal.  La defensa de las empresas del Estado, contra la ofensiva privatizadora, es una gran tarea nacional, que debe ir acompañada por la demanda que cuenten con una política de desarrollo, disponiendo de los recursos necesarios.

Sebastián Piñera en su intervención durante la ceremonia del cambio ministerial afirmó que Codelco no será privatizada, buscando así responder a la denuncia en tal sentido planteada en su paralización del 11 de julio por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).  Es una verdad a medias, siguiendo una forma de actuar utilizada en los años de dictadura cuando Codelco no se privatizó, pero sí se abrió camino la entrega de grandes yacimientos cupríferos a la minería privada, fundamentalmente capitales extranjeros.  En la coyuntura actual tampoco se ha planteado la venta de la principal empresa estatal, pero sí se han entregado filiales y se establecen asociaciones con empresas privadas para explotar yacimientos que le pertenecen.  Un ejemplo relevante es la venta de la participación que tenía todavía Codelco en la generadora eléctrica EC-L (ex Edelnor), que abastecerá a Minera Gaby y a unidades de su División Norte, demostrándose así –en contra de lo afirmado para materializar su entrega- que no constituía un “activo prescindible”.  Hay varios ejemplos más [1].

La denuncia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) dio como ejemplo  de señales privatizadoras la formación de una sociedad por acciones, Minera Gaby S.A. ¿Qué objeto podía tener este paso si no era para traspasar a esa sociedad el yacimiento Gabriela Mistral?  Si “no se va a privatizar Gaby –señaló Raimundo Espinoza, presidente de la FTC- (…)  que la transformen en una división, en una señal clara al país de que no hay ningún intento privatizador” (27/07/11).  La denuncia paralizó al trámite del decreto que transforma a Gaby en una sociedad por acciones.  “El presidente –declaró el ministro de Minería, Hernán de Solminihac– no firmará el decreto que se está viendo” (28/07/11).

“Que Codelco sea una empresa líder, pionera y moderna –ha dicho Piñera- es un compromiso que tenemos todos”.  ¿Se cumple ese “compromiso” reduciendo la participación de los trabajadores, o restándole recursos de sus excedentes para el necesario plan de inversiones o manteniendo la aberración que deba destinar el 10% de sus ventas a la adquisición de armamentos?  Los planes de inversión en Codelco para los próximos cinco años suman US$18.000 millones, con el objetivo de alcanzar una producción de 2,2 millones de toneladas el año 2021.  La producción actual es de 1,7 millón de toneladas.  Los proyectos son el nuevo nivel  mina en El Teniente, la ampliación de la División Andina, la transformación de Chuquicamata en una mina subterránea, la puesta en explotación de la mina Alejandro Hales, en las cercanías de Calama, la Fase II de Radomiro Tomic y expandir la producción de El Salvador.  Sin embargo, al permitir destinar a inversiones porcentajes bajos de los excedentes de Codelco conduce a elevar su endeudamiento y cuando éste llegue a un punto elevado será utilizado como otro argumento para recurrir a capitales privados.

Desde luego, los procesos privatizadores no se reducen únicamente a la minería del cobre.  El primero de agosto asumió Ricardo Cruzat como nuevo gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), un ex ejecutivo del holding eléctrico CGE.  Al enumerar los objetivos a cumplir hizo referencia al llamado plan 20/20, destinado a viabilizar la empresa en el largo plazo, que contempla abrir a capitales privados una parte de su propiedad.  Para ir generando condiciones más favorables en esta dirección ya se procedió a una disminución de más de quinientos  trabajadores.  “Lo único que vemos –señaló el presidente (s) de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile, Clemente Gálvez– son cambios de personas, y no sabemos si seguirán con las mismas políticas o implementarán nuevas” (25/07/11).

Para justificar el ingreso de capitales privados a Enap se cita por los defensores de este camino la experiencia de Petrobras.  Sin embargo, no tienen presente la realidad de la poderosa empresa brasileña.  En primer lugar, es una sociedad en que el gobierno posee la mayoría de las acciones con derecho a voto y nomina a todos los ejecutivos principales.  Luego, la empresa está inmersa en un plan de desarrollo industrial de carácter nacional iniciado durante el gobierno de Lula da Silva que persigue, como constató The Wall Street Journal, “el desarrollo de nuevas industrias de ministro y servicios que el petróleo generaría.  Desde entonces, Petrobras ha surgido como el inversionista o cliente principal (…) de nuevas empresas como refinerías y astilleros que se están creando sobre terrenos despejados de caña de azúcar en el estado nororiental de Pernambuco, históricamente uno de los más pobres de Brasil” (27/07/11).

Inversionistas privados de Petrobras solo interesados en la rentabilidad de corto plazo están en contra de estos planes de desarrollo, que significan una inversión de US$18.000 millones.  En cambio, “para el gobierno brasileño –constató la publicación- se trata del tipo de desarrollo económico liderado por el Estado que puede rescatar a rincones del país más grande de América Latina de décadas de negligencia”.  Las grandes empresas estatales deben formar parte de planes nacionales de desarrollo, lo que no sucede en Chile.

Dado que incorporar  a Enap capitales privados debe efectuarse a través de una modificación legal, se piensa que ello se puede lograr cambiando su gobierno corporativo en un proceso similar al vivido en Codelco.  Una segunda alternativa, con la cual se evitaría el trámite legislativo, es que los capitales privados ingresen a algunas de sus filiales, como Enap Refinerías o Sipetrol o seguir estableciendo acuerdos para explotar de conjunto los recursos que le pertenecen.  La incorporación del capital privado fue propugnada abiertamente por el primer ministro de Energía en la administración Piñera, Ricardo Raineri, que se detuvo con la “rebelión del gas” de Magallanes.  En mayo, la IX Convención de Trabajadores del Petróleo rechazó el ingreso de capitales privados a Enap. “Nosotros –declaró Clemente Gálvez- no seremos cómplices de un proceso de ese tipo, y no estamos de acuerdo con que se venda (…) ¡nada! Pues así se parte”.

El cambio del ministro de Minería, reemplazando a Laurence Golborne, pretende protegerlo de participar directamente en decisiones políticas conflictivas, como son estas tendencias privatizadoras. “Golborne nos dijo –informó Gálvez- que si estuviera en sus manos privatizaría Enap en un 100% (…)”.

En estos meses debe resolverse, de otra parte, el conflicto que originó la “rebelión del gas” [2].  El acuerdo que posibilitó poner fin al conflicto estableció enviar al Congreso con trámite de suma urgencia un proyecto de ley que estableciese una tarificación permanente del gas en Magallanes.  Ya estamos en agosto y aún no se hace.  Con el agravante que el ministro de Energía nominado en el cambio ministerial y a los cuatro días de asumir se constató que tenía conflictos de interés, dado que sus empresas poseen contratos con Enap, Endesa y el consorcio eléctrico norteamericano Gener.  Lo sucedido demostró la falta de rigurosidad con que se efectuó el cambio ministerial y lo que es más grave la carencia de una política energética.  Fue removido tan velozmente como fue nominado, ya que supo de su designación minutos antes de jurar.  El conflicto principal se produjo al ser socio en Echeverría Izquierdo Asociados, empresa que en 2009 suscribió un contrato con una filial de Enap, la cual le adeuda $850 millones.  Se trató de presentar la decisión como una actitud ética de Echeverría, pero los reglamentos de Enap establecen expresamente que el presidente del directorio no puede tener relaciones comerciales de ninguna naturaleza con la empresa estatal.  Son conflictos de interés propios de un gobierno cuya composición conduce a que se manifiesten por todos lados. Piñera no solo necesita estudiar más atentamente a quienes designa, sino sobre todo debe definir una política para el sector.

Durante julio, Corfo procedió a rematar acciones que poseía en las empresas sanitarias Essbio y Esval, 38,44% y 24,43% respectivamente, recaudando US$564 millones, que unido a lo percibido anteriormente por la venta de acciones de Aguas Andinas, le generaron en total ingresos por US$1.548 millones.  Así prácticamente se culmina el proceso de privatización de las mayores empresas sanitarias del país, que fuese iniciado durante los gobiernos de la Concertación.  El adquirente en las ventas efectuadas el mes pasado fue el fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá), Ontario Teacher’s Pension Plan (OTPP).  Así este fondo de pensiones y el consorcio franco-belga Suez, controlador de Aguas Andinas, tienen las posiciones dominantes en un sector que entrega servicios básicos a la población [3].

Para tratar de presentar como un paso positivo la culminación de los procesos de venta de activos estatales en el sector sanitario, el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, destacó que un porcentaje importante de los recursos recaudados se destinarán al Metro de Santiago y Valparaiso, a proyectos de servicios básicos para Isla de Pascua y a programas destinados a garantizar créditos a las Pymes.  Estos fondos, enfatizó Cheyre propiciarán la reinversión productiva en sectores y rubros afectados por el proceso revaluatorio de la moneda nacional, que tiene en dificultades a exportadores y productores para el mercado interno, que pierden competitividad frente al ingreso de productos extranjeros sustitutivos, sin que las medidas efectuadas para contrarrestarlo resulten suficientes o las más adecuadas.

Generar recursos a través de la venta de activos estatales, que poseen una rentabilidad asegurada como acontece con las empresas sanitarias, no tiene ninguna justificación para un Estado que mantiene miles de millones de dólares en la forma de ahorros soberanos en el exterior colocados en activos de bajas ganancias promedio y de elevada volatilidad.  Mirado solo como una operación financiera es igualmente una aberración ya que significa una pérdida neta para el Estado, recibe poco por sus activos en el exterior y se desprende de otros de una rentabilidad conocida, los cuales son adquiridos por grandes intereses económicos, que según Cheyre, estarían efectuando un “mal negocio”.  Los traspasos de activos de Aguas Andinas condujeron a que su directorio ingresarse el grupo Luksic y el holding Bethia, cuya accionista mayoritaria es Liliana Solari.  Los Luksic poseen también el control de Aguas Antofagasta.

En cambio Cheyre calificó los traspasos efectuados de “un muy buen negocio para los chilenos”.  Contradictoriamente afirmó, al mismo tiempo, que una de las razones para mantener un 5% de la propiedad “como inversión financiera es bueno para Corfo”.  La segunda razón que entregó fue que ese 5% “le da derecho a veto al Estado, en lo que es transferencia de derechos de aprovechamiento de aguas y las transferencias de concesiones sanitarias” (21/07/11).  Objetivos muy pobres para lo trascendente que es una política nacional en servicios fundamentales para el país.

El gobierno Piñera ve servicios básicos y actividades nacionales prioritarias como esferas de negocios.  No fue un lapsus cuando el propio presidente, al participar junto al nuevo ministro del sector, Felipe Bulnes, calificase la educación “como un bien de consumo”.  Todas estas actividades en su esquema constituyen esferas aptas para  lucrar.

En otro plano, los excedentes de caja de la Cuenta Única Fiscal, manejados hasta ahora por la Tesorería General de la República a través del BancoEstado, se colocan a disposición de la banca comercial, tras el objetivo de obtener una rentabilidad más alta, mediante licitaciones abiertas, lo cual fue inmediatamente valorado por los bancos comerciales.  En otras palabras, también se privatizan los fondos de la Cuenta Única Fiscal, que pasan a ser utilizados por los bancos comerciales no estatales en sus negocios.

Por Hugo Fazio