Bachelet: reformas para consolidar el mercado

Hacia finales de febrero la OCDE publicó un informe de advertencia sobre el curso de la economía chilena, anclada por la dependencia en la extracción y exportación de materias primas y la persistente desigualdad. Sobre la base de estas dos observaciones se apoya todo el andamiaje económico chileno, con expresiones como carencia de innovación, baja productividad, concentración de la riqueza en sectores extractivos y rentistas, por un lado, y una masa de trabajadores de baja calificación y altos niveles de informalidad.

El informe de marras se levanta como un certero análisis para cerrar el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el quinto de la Concertación-Nueva Mayoría, que deja la administración del país tras el fracaso para reformar lo sembrado por ellos mismos durante casi 25 años.

Pese a las reformas del gobierno saliente, como la limitada gratuidad en la educación superior, la desmunicipalización de la educación primaria y secundaria o las reformas tributaria y laboral, la economía de mercado y la mercantilización de los servicios queda intacta. Para ello, dos muestras de claridad palmaria en los últimos meses y días: la entrega del litio a manos privadas, con SQM de Julio Ponce Lerou incluida, y la firma horas antes de dejar el cargo del TPP, última vuelta de tuerca a los tratados de libre comercio firmados y estimulados como paradigma mercantil por los anteriores gobiernos de la Concertación.

Bachelet no pudo detener ni dar solución a las demandas ciudadanas de millones de trabajadores por el fin de las AFP. Tal como la primera administración de Sebastián Piñera no se hizo cargo de las demandas de los estudiantes por el fin del lucro en la educación, su gobierno no atendió a los ciudadanos para terminar con un sistema que de forma vergonzosa ha beneficiado al gran sector privado con millonarias ganancias en dólares a costa de los ahorros de los trabajadores. Si la OCDE habla de desigualdad, en Chile los trabajadores, tras años de precariedad laboral, ingresan hacia el final de sus vidas a formar parte de la gran masa de pobres e indigentes. En enero pasado,  los jubilados recibieron en promedio  un poco más de 148 mil pesos mensuales, pero la mitad de ellos no llegó a percibir 46 mil pesos mensuales, poco más de 1.500 pesos al día.

En las última décadas Chile ha naturalizado su escandalosa desigualdad. Un informe del PNUD publicado el año pasado reveló que 16.200 hogares chilenos (0,3 por ciento el total) tienen activos por más de un millón de dólares y poseen instrumentos financieros por más de 140 mil millones de dólares. La generación de riqueza en Chile que ha multiplicado su PIB durante las últimas décadas, ha conducido a niveles de concentración otrora no imaginables. Hoy no es sólo el diez o cinco por ciento más rico el sector que concentra la riqueza, sino el uno por ciento. Este ínfimo grupo de multimillonarios capta el 33 por ciento del ingreso que produce la economía nacional, en tanto el 0,1 por ciento se apropia del casi el veinte por ciento.

LA DESIGUALDAD NATURALIZADA

Chile, en tiempos de Bachelet, ha logrado un PIB per cápita superior a 23 mil dólares. Un guarismo que encierra todas las distorsiones imaginables. Un informe de la OCDE del 2017  sobre distribución del ingreso para sus países miembros ubicó a este país en el peor lugar según el coeficiente Gini. Con un 0,45 (uno es inequidad total), comparte el ominoso peor lugar junto a México.

Al otro lado de los multimillonarios están todos los chilenos, con una realidad que dista sideralmente de los países de la OCDE. Un estudio de la Fundación Sol de marzo pasado concluye que en promedio los chilenos perciben 461.951 pesos líquidos al mes por concepto de ingresos asociados a la ocupación principal. Sin embargo, al inspeccionar la mediana, esto es, el umbral máximo alcanzado por la mitad de los trabajadores, el ingreso mensual baja a sólo 300 mil pesos. Dicho de otro modo, la mitad de los trabajadores en Chile percibe menos de 300 mil pesos líquidos, no mucho más del salario mínimo.

El mito neoliberal de la reducción de la pobreza se queda en números y estadísticas sin grandes significados. Un informe de la misma Fundación derriba aquellas creencias. La encuesta CASEN del 2015 registró que sólo un 11,7 por ciento de la población chilena (un poco más de dos millones de personas) vive bajo la línea de la pobreza, cifra no sólo históricamente baja para este país sino también la menor para una nación latinoamericana. Ante estas cifras, los estudiosos de esta Fundación han llegado a la conclusión que los datos de la encuesta CASEN tiene ciertos sesgos que la distorsionan a favor de la institucionalidad económica vigente. Con la nueva medición crítica, la pobreza ascendería a 26,9 por ciento. Vale decir, si sólo se miden los resultados que produce el mercado y el ingreso disponible que tienen las familias, prácticamente tres de cada diez chilenos y chilenas no cuenta con los ingresos autónomos para superar la línea de la pobreza respectiva. En números absolutos, siete millones de personas viven en Chile en situación de pobreza.

Una pobreza que tal no se vea bajo el velo del crédito y el endeudamiento. Chile, según estudios del FMI, es el país con la población más endeudada de Latinoamérica, drama que no está sólo magnificada por la fruición por el consumo de artículos sino por el sometimiento a un sistema con servicios mercantilizados. Acceder a la salud, a los medicamentos, a la educación está vinculado a la adquisición de créditos. Como efecto directo d esta dependencia al sistema financiero, el año pasado los niveles de morosidad aumentaron más de un veinte por ciento, en tanto quienes más sufren con el pago de los intereses son los trabajadores más vulnerables. Más de la mitad de las personas atrasadas en sus compromisos de pago durante el año pasado tienen ingresos entre 225 mil y 500 mil pesos, rango de ingresos que corresponde al promedio percibido por los chilenos.

COLUSIÓN Y CORRUPCIÓN

Durante los cuatro años del segundo gobierno de Michelle Bachelet, pese a las reformas en sectores muy determinados, el neoliberalismo campea a sus anchas excediendo todo tipo de atribuciones y reglamentos. En estos años se han destapado los mayores escándalos de corrupción, con la abierta compra de políticos de todas las tendencias, muchos de ellos de la propia coalición gobernante. Los casos de pagos ilegales de SQM y Corpesca han dejado en franca impudicia el financiamiento de la política para la pavimentación del terreno en favor de los intereses empresariales. Casos de colusión de productores y distribuidores, desde el papel tissue a nuevos casos en el mercado de la salud que dan en la impunidad más allá de los escándalos mediáticos. El mercantilismo, pese a las vestiduras rasgadas, queda intacto.

La economía de estos cuatro años estuvo marcada por la desaceleración, con tasas mínimas de crecimiento del PIB. Pese a ello, la mirada atenta a los indicadores bursátiles y del comportamientos de las finanzas corporativas recoge otra realidad. El gran sector privado mantuvo prácticamente intactos sus acostumbradas altas ganancias a costa de reducción salariales y de masivos despidos. Un modo de gestión que ha tenido graves efectos en los trabajadores. Aun cuando los grandes indicadores de desempleo se mantuvieron más o menos estables, una observación más cercana ha revelado un aumento de la informalidad laboral. En estos años han disminuido de forma dramática los empleos formales en tanto crecen las actividades por cuenta propia, muchos de ellos ventas inestables en la misma calle. Un paseo un día cualquiera por el centro de Santiago nos entrega una imagen de un país en plena crisis laboral.

En suma, qué tenemos. La incerteza, la duda, el realismo capitalista, como ironizó Mark Fisher,  aquel teórico cultural británico. El capitalismo a ultranza, como el que se ha instalado en Chile, no sólo se consolida sino que resurge reforzado tras reformas. El fracaso no ha sido para el inefable modelo, sino para un gobierno, que además de su incapacidad política y de gestión, se desdice y claudica. “Realismo sin renuncia” se llamó aquella figura retórica.

Estos cuatro años podrían pasar a la historia, quedar registrados como un punto de inflexión, una bisagra cronológica. Han sido los años del destape, de los velos corridos, de la transparencia. Tras los mantos levantados, la obscenidad y la impudicia como práctica habitual entre todas las elites. Los chilenos hemos visto que no queda institución de pie, observamos los mitos en el suelo y sus figuras empequeñecidas, los héroes del mercado convertidos en rufianes de garitos; los políticos, de tradicionales vendedores de pomada pasaron a ser funcionarios a tiempo completo de quienes decían defendernos; los curas, desacralizados y pedestres, han resultados ser falsos, incontinentes y abusivos; los militares, si bien muchos ya en la categoría de violadores de los derechos humanos, ahora se coronan con la distinción de ladrones y otros de indolentes. Y si algo aún quedaba limpio, aquel triunfo inédito en la Copa América terminó con los meses en medio de fraudes y dineros turbios. Si no en todos estos grupos, en la mayoría de ellos ha estado la sucia mano del lucro y el mercado. Ante ello, Bachelet ha sido una observadora como una ciudadana más.

PAUL WALDER