Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en Chile bajó un punto porcentual durante el trimestre junio-agosto, quedando en 7,4% de tasa de desocupación. “Estamos contentos”, expres ó la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, quien interpretó la cifra como un incremento de los asalariados en los últimos doce meses. Pero, según señala Hernán Frigolett, economista de Nueva Economía, la baja no representa un gran avance, pues se trata de una recuperación de los trabajos perdidos con el terremoto y tsunami de febrero del año pasado.
Matthei, durante una visita al supermercado Ekono del barrio República, que fue saqueado la tarde de ayer, luego de la marcha estudiantil y los posteriores disturbios, recalcó que el mayor crecimiento laboral se dio en la industria manufacturera y en la agricultura, esta última con un disparado incremento desde el mes de junio. El documento también muestra que el sector de la Construcción mantuvo una empleabilidad constante durante el último.
Esta área atrajo a la mayoría de los cesantes luego del terremoto, que no sólo destruyó fuentes de trabajo, sino que permitió que los sectores productivos se desvincularan de sus empleados basándose en la aplicación de la causal del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, que autoriza el despido sin indemnización en las empresas que enfrentan un caso fortuito o de fuerza mayor.
Si bien el índice de medición de empleo contabiliza a todos los ocupados, sean sus empleos, formales o informales, a tiempo completo o parcial, este no da cuenta de la calidad y dignidad de las condiciones de trabajo de las personas, es decir, no refleja la precariedad en la que trabajan.
Un factor no considerado como indicador de bienestar laboral es la subcontratación, práctica por la cual las empresas se desligan de sus deberes como empleadores para ahorrar costos, tales como pagar imposiciones, tener infraestructura segura, pagar horas extras u otorgar espacios de organización sindical. Estas funciones son delegadas por el empleador principal a una empresa externa, obviado el hecho de que los trabajadores prestan sus servicios a la primera y no a la segunda, que sólo hace de administradora de la remuneración.
Los trabajos a honorarios y desde el domicilio, típicos de los profesionales cuyos campos están saturados por la oferta, también son otra forma de precarización, pues el trabajador tiene una remuneración asociada al volumen de producción y no tiene límite de horario. Esto sin mencionar que es él quien debe asumir el costo de la infraestructura y las herramientas para la actividad, mientras que el empleador se los ahorra.
En 2010, Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de ONG’s (Accion) responsabilizaba a la subcontratación de la precariedad del trabajo y de los altos índices de pobreza del país: “A los pobres e indigentes no hay que buscarlos debajo de los puentes y hospederías, allí se encuentra una ínfima minoría. La mayoría de los pobres e indigentes son trabajadores…que tienen trabajo precario, inseguro y mal remunerado, o están cesantes por períodos prolongados”, Afirmó Pascual en un artículo de la edición chilena del periódico Le Monde Diplomatique publicado en octubre del año pasado.
Ya lo enunciaba la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2006, del Ministerio de Planificación (Mideplan) del Gobierno pasado, que arrojó que el 34% de la población chilena estaba en riesgo de pobreza por el factor empleo y salario. Lo corroboró la Casen de 2009, que sentenció que el 70% de los pobres tiene empleo, y la mitad de los indigentes también lo tiene, pero la remuneración que reciben no les alcanza para superar la línea de la pobreza, afirmaba el sondeo.
Un año antes, la Sexta Encuesta Laboral (Encla), elaborada por la Dirección del Trabajo, sentenciaba que del total de ocupados nacional, sólo un 72% tenía un contrato indefinido con su empleador. La citada encuesta además señala que las empresas que lideran la práctica de la subcontratación son del sector de la electricidad, el agua y el gas con un 90,6% de contratos externos, seguidas por firmas de la minería y la construcción.
Esta escueta baja en el desempleo, celebrada por la Ministra de la cartera, se suma a la iniciativa del Gobierno de entregar un bono de 53 mil pesos mensuales, a partir de abril próximo, a las 170 mil familias más pobres del país, en el marco del proyecto del Ingreso Ético Familiar. Esta medida, más el festejo del Ejecutivo, reflejan una actitud del Gobierno de anteponer el asistencialismo estatal al real mejoramiento de las condiciones laborales de las personas y de eximir a la Empresa de sus obligaciones con quienes contribuyen a su enriquecimiento: Los trabajadores.
Con la iniciativa impulsada también por la Iglesia católica, que equivale a 400 millones de dólares en el presupuesto 2012, las familias podrán sobrepasar el salario mínimo de 182 mil pesos. Pero lo cierto, según Frigolett, es que el empleo sigue a la baja y refleja la desaceleración del crecimiento de la economía, que más que al escenario de crisis europea, se debe al cierre del ciclo de normalización de grandes plantas industriales luego del terremoto.
Por Paula Figari Rojas
El Ciudadano
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