Bank of America pone fin al expediente de las hipotecas tóxicas con una sanción de 16.650 millones de dólares. Es la mayor reprimenda impuesta por el Departamento de Justicia de EE UU a una entidad financiera. El segundo banco por activos de Wall Street es de lejos la entidad más castigada por los abusos que llevaron a la última crisis financiera, la peor desde la Gran Depresión. Los detalles se anunciaron media hora antes de abrir Wall Street.
El pacto lleva meses negociándose y en varias ocasiones estuvo a punto de descarrilar por las diferencias en la cuantía. Bank of America no quería pagar más de 14.000 millones de dólares mientras que el departamento que dirige Eric Holder le reclamaba cerca de 20.000 millones de dólares. Al fina se queda a medio camino de lo que esperaban las partes. No se presentan cargos contra los ejecutivos.
La sanción supera los 13.000 millones de dólares que se impuso a JPMorgan Chase, el mayor banco del país, y los 7.000 millones de dólares que recientemente tuvo que abonar Citigroup por la venta de bonos vinculados a hipotecas de baja calidad. De la suma final, 9.650 millones de dólares se ejecutarán en forma de un pago en efectivo y el resto se dirigirá a los consumidores afectados por el derrumbe hipotecario. Así resuelve casos abiertos en California, Delaware, Illinois, Kentucky, Maryland y Nueva York, junto con las agencias financieras federales.
Eric Holder considera que se trata de «una suma apropiada» por la amplitud del caso. Considera la reprimenda como un «paso importante» para poteger a los inversores, el sistema financiero y el conjunto de la economía frente a futuros abusos. También señaló que la entidad «admite» que durante los años previos a la crisis vendieron préstamos de baja calidad a los inversores, a los que ocultaron el riesgo de los productos estructurados que estaban en el mercado, y por eso ahora asumen su responsabilidad por esta conducta «irregular».
Tres años de beneficios
La multa equivale a los beneficios acumulados por Bank of America entre los ejercicios 2011 y 2013. También supera en 2.000 millones las ganacias registradas en los seis primeros meses de 2014. Es de lejos el grupo financiero más castigado por los reguladores en EE UU. La cifra global pactada por los grandes bancos de Wall Street hasta la fecha se aproxima a los 130.000 millones de dólares, según cálculos de la firma de analistas SNL Financial.
El banco de Brian Moynihan cargó con más de la mitad de la factura legal. El castigo supera en su caso a los 70.000 millones de dólares. Incluye 8.500 millones de dólares pactados con inversores institucionales por el empaquetado de hipotecas y 11.800 millones de dólares por las prácticas abusivas en los embargos. A comienzos de año pactó 9.300 millones de dólares para compensar a Fannie Mae y Freddie Mac.
Holder fue muy criticado por la lentitud con la que persiguió los abusos en Wall Street, pero especialmente que ningún gran ejecutivo esté entre rejas. Las multas, explican desde su departamento, están diseñadas para hacer daño a los bancos y buscan a la vez aliviar la situación de los afectados por el fiasco hipotecario. Para Moynihan, el pacto pone fin a la indigestión de Countrywide, una de las peores operaciones corporativas de la historia.
Herencia de la crisis hipotecaria
ank of America adquirió la hipotecaria en julio de 2008, cuando Kenneth Lewis estaba al frente. Después, la misma semana en que se dejó caer Lehman Brothers, se hizo con el control de Merril Lynch para que no siguiera la misma suerte. Estas dos compras forzaron después que el Departamento del Tesoro le inyectara 45.000 millones para poder mantenerse a flote. Bryan Moynihan llevan cuatro años y medio limpiando el polvo acumulado bajo las alfombras.
Para los inversores, el pacto significa que sus resultados trimestrales estarán limpios. «Este acuerdo nos permitirá continuar centrándonos en el futuro», se limitó a valorar en un comunicado. No termina la historia para Angelo Mozilo, el fundador de Countrywide. Se enfrenta a un caso civil en Los Ángeles. El Departamento de Justicia abandonó hace tres años la vía penal y Mozilo pactó con el regulador bursátil un desembolso de 67,5 millones para zanjar su investigación.
Sandro Pozzi/ ElPaís