Barrick Gold es acusado de comprar a dirigentes diaguitas para apoyar Pascua Lama

El 28 de mayo pasado, a través de distintos medios se dio a conocer que la empresa canadiense Barrick Gold firmó un convenio de intercambio de información con 15 de las 18 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, donde se emplazaría el proyecto Pascua Lama, detenido vía judicial desde el 9 de abril de 2013.

En el convenio, aún desconocido por las comunidades que se oponen a esta decisión, se contemplaría una primera etapa de seis meses en que realizarían una auditoría ambiental de expertos nacionales y extranjeros que financiará la misma empresa transnacional.

Así fue planteado por la presidenta del Consejo Comunal Diaguita de Huasco Alto, Solange Bordones, y Lorenzo Soto, abogado de las comunidades.

Sobre este tema, el concejal y dirigente diaguita Oriel Campillay, en conversación con Radio Universidad de Chile, denunció que este es un arreglo entre los dirigentes, el abogado Soto, el mediador del conflicto y también abogado Alonso Barros y la empresa, para pasar por sobre lo que opina más del 80 por ciento de los cinco mil habitantes del Valle del Huasco.

Más aún, desmiente que sean 15 las comunidades que habrían acordado firmar este convenio, pues son solo nueve, y que dos ya estarían echando pie atrás en su decisión.

“Es un arreglo. El memorando que ellos firmaron lo hicieron a espaldas de las personas y todavía no lo conocemos. El domingo nos invitaron a una reunión de la comunal y la señora Solange (Bordones) dijo que lo iba a mostrar. Lamentablemente después pidió que se votara a mano alzada y se decidió que no se leyera”, reclamó Campillay.

Según el representante diaguita, habría compensaciones económicas entregadas directamente a los presidentes de las asociaciones que trabajan con el Consejo Comunal, a quienes se les habría comprometido el traspaso de 17 millones de pesos, alrededor de un millón y medio para cada uno, además del pago mensual para cada dirigente por ser parte de la mesa negociadora, viáticos y un minibús para sus traslados.

“He conversado con pocos, lamentablemente todos los dirigentes están con un sueldo. En la zona el trabajo es precario y ellos están ganando un millón de pesos por estar como presidentes”, agregó.

El concejal socialista por Alto del Carmen acusa al abogado Lorenzo Soto de amenazas y presiones para que se integre junto al resto de los dirigentes que se oponen a una mesa negociadora con la empresa.

Más aún, Campillay explicó que hay una reunión agendada para el 5 de julio, en la que participarán todas las comunidades para discutir este tema y sobre el convenio que fue firmado antes de que tomaran una decisión informada entre todos los involucrados.

Según el concejal, la empresa levantó la figura de Solange Bordones para reflotar el proyecto y dividir a las comunidades. Desde el municipio exigen transparencia en el proceso, mientras que desde la empresa le aseguraron que no involucrarían dineros en las conversaciones, cuestión que no fue así, según denuncia Campillay.

“Ella supuestamente es la cara visible de todos los habitantes. La empresa hizo un montaje que salió a todo el país y el extranjero de que ella es la líder, cuando no es así. Lo que lidera son las 40 personas que tiene pagadas y que andan para todos lados con ella”, aclaró.

“Los que no estamos con ellos somos mayoría”, aseguró el dirigente, quien espera que la empresa y los representantes que firmaron el convenio den a conocer su contenido para analizar los pasos a seguir. Por el momento, asegura que no tiene miedo por posibles nuevas amenazas.

“Que no tengan miedo, que estén tranquilo. Yo como concejal y como diaguita voy a seguir esta investigación hasta las últimas consecuencias. Las amenazas no me asustan, porque tengo argumentos demás para demostrar que las cosas no se han hecho bien. Son ellos los que tienen que dar explicaciones a la comunidad”, sentenció Campillay.

El concejal se encuentra en Santiago realizando gestiones para fortalecer la oposición. Por el momento ya estaría asegurada su participación en la primera semana de julio en las comisiones de Medioambiente y Minería de la Cámara de Diputados.