Con 57 votos a favor, 23 en contra y 24 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las observaciones del Presidente de la República al proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, fijándolo en 182 mil pesos.
La iniciativa legal había sido aprobada en primer trámite por la Cámara de Diputados el 21 de junio pasado, con la elevación del ingreso mínimo mensual desde $ 172.000 a $ 181.500, propuesta que fue modificada por el Senado suprimiendo la cifra de reajuste.
La Cámara no aprobó las enmiendas del Senado, lo que derivó en la creación de una Comisión Mixta de senadores y diputados que en definitiva no logró acuerdo para resolver las diferencias entre las dos ramas del Congreso Nacional. Ante tal situación, el Presidente de la República decidió reponer el reajuste por la vía de un veto al proyecto, proponiendo un salario mínimo de $ 182.000, a partir del 1 de julio
El reajuste representa un aumento nominal de un 5,8 por ciento y -según señala el Ejecutivo en su mensaje- busca mejorar el poder adquisitivo de acuerdo a las posibilidades del país y reflejar los aumentos de la productividad que ha presentado el mercado laboral, sin afectar el empleo.
En el debate en la Sala de las observaciones presidenciales al proyecto, el diputado José Miguel Ortiz (DC) anunció el voto de rechazo de su bancada, desestimando que un mayor aumento del salario mínimo, como el que propone la CUT, pueda provocar desempleo y justificó la necesidad de llegar a los 190 mil pesos para hacer frente a las alzas de precios de los alimentos y combustibles, así como traducir los buenos índices económicos.
Pepe Auth (PPD) anticipó el voto de abstención de los parlamentarios de su partido, planteando que el Gobierno no mostró disposición a dialogar ni recoger las proposiciones opositoras, negándose a proponer un reajuste que se asimile a la tasa de crecimiento económico que exhibe el país y que contribuya a una mayor equidad.
El diputado Pedro Velásquez (IND) lamentó que el reajuste del ingreso mínimo se vote en una Cámara dividida y pidió al Gobierno que el próximo año no se llegue a un escenario como el actual, con un trámite tan conflictivo y dilatado, y se procure un acuerdo amplio con los parlamentarios.
Osvaldo Andrade (PS) afirmó que el eventual impacto en el empleo que pudiera tener un reajuste del salario mínimo puede ser enfrentado con los actuales subsidios a la contratación de mano de obra, y subrayó que un ajuste mayor no afecta a las pymes, como esgrime el oficialismo, sino que a empresas grandes, como las de retail, que pagan remuneraciones con base en el ingreso mínimo y el resto variable.
El diputado Joaquín Godoy (RN) defendió la proposición del Gobierno señalando que se trata de un reajuste responsable que mejora el ingreso mínimo sin comprometer el empleo y acusó a los parlamentarios de oposición de asumir una actitud obstruccionista al rechazar la propuesta en todos los trámites.
El diputado Guillermo Teillier (PC) anunció el voto en contra argumentando que unos dos millones de trabajadores chilenos se ven afectados por el ingreso mínimo y el reajuste planteado por el Ejecutivo no se condice con los buenos índices de crecimiento económico y no permite recuperar el poder adquisitivo de los asalariados afectados por las alzas en los alimentos que golpean con fuerza a los sectores más modestos.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió en la Sala los cuestionamientos opositores señalando que el Gobierno ha mostrado absoluta disposición a dialogar pero advirtió que «la posibilidad de lograr acuerdos depende de la razonabilidad de las propuestas alternativas».
El Secretario de Estado recalcó que el ingreso mínimo no es un instrumento para reducir la desigualdad y reiteró que existe abundante evidencia empíritca que acredita el impacto negativo que las alzas excesivas del salario mínimo tienen en el empleo de los jóvenes y los trabajadores menos calificados.
El veto presidencial eleva, a contar del 1° de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 182.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. De igual forma, reajusta de $ 128.402 a $ 135.867 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad. Finalmente, eleva el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.401.
A contar de la misma fecha, el veto fija las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares en los siguientes valores:
– De $ 7.170 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.515;
– De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.515 y no exceda los $ 307.863;
– De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas.
Por último, fija en $ 7.170 el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
El veto presidencial pasó a segundo trámite al Senado.
Tomada de Camara de Diputados
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