Cámara investigará pérdidas de las AFP

La Sala de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad crear una comisión que investigará la “pérdida patrimonial en las pensiones de millones de chilenos”, que se encuentran afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones.  Noviembre del 2008, las AFPs habían tenido pérdidas por 25 mil millones de dólares, o sea, más de una cuarta parte del total de los fondos de pensiones de todos los chilenos.

El Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, CENDA, en agosto del 2007 había pedido a la presidenta y al Parlamento iniciar esta investigación. Recién este martes la petición fue aceptada por la Cámara de Diputados, que aprobó crear una comisión investigadora sobre las pérdidas de las AFPs.

La comisión investigará las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones (ex AFP), en relación con las medidas adoptadas para enfrentar la actual crisis económica internacional y las medidas para prevenir una mayor pérdida patrimonial en las pensiones de millones de chilenos.

En los últimos doce meses los multifondos A, B, C y D arrojaron números negativos, lo que ha implicado importantes pérdidas en las cuentas de capitalización de las personas afiliadas a este régimen provisional.

En noviembre del 2008 la Superintendencia de Pensiones reconoció que las pérdidas de las AFPs había perdido más 25 mil millones de dólares, los que representan más de una cuarta parte del total. Los fondos B y A, donde se encuentra más de la mitad de los afiliados, han perdido más de un tercio y poco menos de la mitad de su valor, respectivamente.

La respuesta de las autoridades y de los medios de comunicación fue llamar a la población a mantener sus fondos en los gupos A y B, los más riesgosos, argumentando que las inversiones recuperarán su valor cuando pase la crisis. Es más, el presidente de la asociación de AFP, Guillermo Arthur, llegó a decir que los fondos se recuperarían este año.

La recomendación de una autoridad preocupada y conciente de la situación financiera mundial hubiese sido migrar a los fondos de tipo E hasta que pase la crisis, los que hasta el momento no han perdido prácticamente nada. Pero sólo hay 68.000 cuentas en dicho fondo, un 0,76% el total, engrosado durante el año pasado por personas de altos ingresos que corrieron en estampida hacia la seguridad de dichos fondos.

Un 60% de las personas mayores de 55 años tiene sus ahorros en el fondo D, que ha perdido un 12% desde el inicio de la crisis. Otras 73.810 personas mayores de 55 años  mantienen cuentas en los fondos A y B, por lo que han perdido entre un tercio y la mitad de los mismos. Otras 246.958 personas de la misma edad que mantienen cuentas en el fondo C que han perdido más de un quinto de su valor.

JUBILACIONES A LA MITAD

CENDA calcula en 320.768 las personas que han perdido entre más de un quinto y poco menos de la mitad de sus fondos. “Se trata de un número casi igual al total de jubilados por vejez de las AFP en la actualidad y más de la mitad de los beneficiarios de la nueva pensión solidaria”- rematan los investigadores de dicho centro de estudio.

En cambio, al ciudadano común y corriente se le dijo que se mantuviera en los fondos más riesgosos a través de entrevistas a diversos economistas en los matinales de televisión. El propio ministro de Hacienda, Andrés Velasco, declaró que los fondos “están a buen recaudo”.

Fiel partidario del sistema de pensiones privados y a pérdidas, el ministro de Hacienda,  Andrés Velasco, señaló que no existen antecedentes nuevos para indagar en el tema “en enero participé de una sesión especial de la Cámara por este tema y allí se entregaron todos los antecedentes”.

El diputado PPD Eugenio Tuma, Presidente de la comisión de Hacienda destacó la importancia de la decisión, “los trabajadores no pueden jugar todos los meses a la ruleta con sus pensiones, la investigación descubrirá las responsabilidades políticas en el tema y si faltan herramientas de fiscalización, se crearán”.

El acuerdo que ordenó crear el grupo investigador señala que “la obligatoriedad del sistema de cotizaciones en las AFP supone una evidente responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones de revalorizar estos recursos que son los que finalmente constituirán las jubilaciones”.

También el acuerdo apunta a investigar “las medidas adoptadas para el acceso a la información por parte de los usuarios y el eventual uso de información privilegiada por parte de los directivos de las administradoras, teniendo en cuenta el eventual grave compromiso patrimonial de los fondos de pensiones que afecta a millones de afiliados”.

La Comisión realizará su labor en un plazo de 60 días.

COLETAZOS DE QUIEBRA DE AIG EN ESTADOS UNIDOS

El escándalo de los bonos pagados por la aseguradora AIG a sus ejecutivos en Estados Unidos, que colmó la paciencia de los ciudadanos y legisladores estadounidenses, tendrá sus efectos en el sistema de AFPs chilenos.

AIG pagó la semana pasada 165 millones de dólares en bonos a operadores de su filial Financial Products, 73 de los cuales recibieron más de 1 millón de dólares y algunos hasta 6,4 millones.

Claro que esta paga fue luego de que la aseguradora recibiera ayuda fiscal por más de 170.000 millones de dólares. Tal aprovechamiento quitó todo piso político para seguir ayudando desde el fisco a este tipo de compañías sin exigir la toma efectiva de su control por el Estado.

A juicio del economista del CENDA, Manuel Riesco, “las nacionalizaciones completas son ahora inevitables. Ello ayudará a sanear el ambiente. Entre otras, serán nacionalizadas todas las aseguradoras, industria que en su conjunto se encuentra en la misma situación de AIG”.

Riesco también vislumbra que esto constituye un “golpe de gracia para el sistema chileno de AFP, que depende de esta industria para los seguros de invalidez y sobrevivencia, pero especialmente para el 90% de sus pensiones que son pensiones vitalicias”.

“¿Que sentido tiene mantener un sistema en el cual los fondos de los afiliados que quieran jubilarse vayan a parar a manos de empresas quebradas o nacionalizadas por gobiernos extranjeros? Es más bien un escándalo que las autoridades no hayan parado este drenaje hace meses”- señala Riesco.

Para ello propone que el Estado chileno ofrezca una renta vitalicia a los afiliados a cambio de sus fondos, los que le van a venir bien para reactivar la economía.

por Ricardo Salazar

El Ciudadano

VER CARTA DEL CENDA DETALLANDO LAS PÉRDIDAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AQUÍ