Campaña para hacer auditoría de la deuda griega

Los banqueros europeos exigen que Grecia pague una deuda con ellos contraída. Claro que los cálculos son hechos por ellos mismos, fundamentalmente los bancos alemanes, quienes definen los ‘paquetes de ayuda’ a dar a cambio de mecanismos de pago que implican la reducción de las pensiones, despidos masivos de trabajadores, abolir la legislación sobre negociación colectiva y la rebaja de los salarios. Se estima que dichas medidas llevarían a una tasa de desempleo de un 30 por ciento. Los griegos en las calles rechazan tales ajustes y exigen revisar los bonos de deudas y que Alemania pague lo saqueado a través del robo y de préstamos obligatorios cuando los nazis invadieron su territorio. ¿No se oye señora Merkel?

El nuevo memorando y tratado internacional que acompaña al «recorte« de la deuda pública griega sume a la población en un empobrecimiento aún mayor. Imprimirá una caída espectacular tanto del nivel de vida como de las condiciones laborales e, implícitamente, nos hará esclavos de nuestros acreedores. Lo que seguirá a la reducción de pensiones y salarios, la abolición de la legislación sobre negociación colectiva (contraria al artículo 22 de nuestra Constitución) y los 150.000 despidos en el sector público representará hambruna generalizada y salarios de 300 o 400 euros mensuales.

El desempleo ya abunda, pero alcanzará una tasa del 30 por ciento. La nueva reducción del gasto social, sobre todo en sanidad, reducirá la esperanza de vida e incrementará la tasa de mortalidad hasta hacerla semejante a la de África. La nueva oleada de privatizaciones cederá a terceros la salud de la población griega y negará al Estado futuros flujos de ingresos. Entendemos que los nuevos bonos que serán respaldados por la legislación inglesa y el duque de Luxemburgo (artículo 13 del reciente acuerdo) no solo constituyen un insulto profundo y la degradación de un Estado soberano, sino que también constituyen una forma de cautiverio, puesto que contribuirá a que la renegociación de la deuda sea mucho más ardua. También protege a nuestros acreedores del impacto causado por la salida de Grecia de la Eurozona.

Por todas estas razones, la Campaña por una auditoría de la deuda griega une su voz a la del pueblo y exige que el nuevo tratado y memorando no se aprueben, puesto que abren la puerta a la finalización de la implicación del sector privado (PSI, Private Sector Involvement). Exigimos el cese inmediato e incondicional de los pagos a nuestros acreedores, así como la creación de registros de deuda con el fin de poder utilizar la auditoría de la deuda para cimentar nuestra demanda de no devolución.

El cese inmediato de la devolución y el consiguiente aplazamiento del canje de bonos impedirá muchos males. En primer lugar, la quiebra de los fondos de pensiones, que tras el acuerdo sobre PSI verá cómo 12.000 millones de euros quedan barridos de sus activos. En segundo lugar, la escandalosa devolución del primer rescate de la troika por valor de 110.000 millones de euros, que jamás fue aprobado en el parlamento, pero que hoy día será devuelta de la forma habitual y no verá recortado de su valor ni un solo euro. En tercer lugar, tal vez se escuche finalmente nuestra ya antigua demanda de que Alemania devuelva los préstamos que se le hicieron mientras Grecia padecía el catastrófico régimen nazi.

El cese de la devolución a nuestros acreedores es la exigencia constitucional del Estado griego en vista de que nos encontramos en estado de emergencia, en el que la devolución simultánea a los acreedores es incompatible con la gestión de los servicios del Estado (como la salud, la educación o la seguridad social).

Aducir el estado de emergencia como motivo para la cancelación de las obligaciones internacionales, concretamente mediante el anuncio del cese de la devolución, es una medida reconocida por la Comisión de Legislación Internacional de Naciones Unidas y por el Tribunal Internacional de La Haya. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido hace poco este mismo principio refiriéndose a la deuda de Rusia, al respecto de la cual ha decretado que el interés público prevalece sobre las demandas económicas de los acreedores.

Las medidas instauradas por el gobierno y por la troika no solo son desastrosas e inhumanas, sino también ilegales e inconstitucionales, razón por la cual algún día se exigirán responsabilidades a los implicados. Los acuerdos de esta naturaleza, como este nuevo tratado internacional que tan profundamente modifica las condiciones de vida de la población griega, solo se pueden legitimar mediante un referéndum. Mientras no hayan sido avalados en referéndum, y mientras condenen a la población griega a la esclavitud, la población griega los considerará nulos y huecos, así como a todos los memorandos y medidas que la acompañan.

El gobierno de Papadimos declara un Armagedón social instaurando decisiones tomadas en una cumbre de la Eurozona y paquetes de medidas desastrosas del FMI. No disuadirán de cometer actos de rebeldía, sino que los propiciarán. Incluso los alemanes reconocen ahora que, antes o después, volverán a proponer nuevos paquetes de medidas de austeridad y nuevos tratados, así como a agravar el empobrecimiento, pues creen que no hay alternativa.

El gobierno y la troika están cargando sobre las espaldas de los más débiles una redistribución estratégica y violenta de la renta; el Estado de bienestar (sanidad, educación, seguridad social y servicios públicos) se derrumbará por entero y Grecia se convertirá en una colonia cuyos gobernadores serán los gauleiters alemanes (1). Junto con otros grupos sociales, la Campaña por la auditoría de la deuda griega ha previsto que se trata de un conflicto de clase descarnado que sumirá a la sociedad en la miseria, con lo que se demolerán derechos cuya implantación costó décadas de esfuerzo.

Nosotros, en las antípodas de esta estrategia, proponemos el cese inmediato de la devolución, la auditoría de la deuda, el apoyo inmediato con ingresos y el incremento de ingresos para salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, la nacionalización del sistema bancario y una contribución generosa a las redes de seguridad social y el Estado de bienestar. Esta es la única solución para la población y representa exactamente lo contrario de lo que proponen la troika y el gobierno. Se traducirá en redistribución de rentas, riqueza para los grupos sociales con menores ingresos, disminución de las desigualdades y democratización de la vida política y social.

Todo esto es posible y podría incluso reactivar el crecimiento económico. Pero, para que sea efectivo, la sociedad debe salir a la calle y expulsar del gobierno a los banqueros. Incluso ahora que se ha aprobado en el parlamento esta monstruosa creación de Papadimos, el FMI y la Unión Europea, nada está dicho todavía. La lucha del pueblo derogará sus leyes.

* Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

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