Varias novedades se han registrado en el transcurso de los últimos días en los diferentes procesos que se encuentran abiertos en contra de Julio Ponce Lerou (SQM) y otros altos ejecutivos en el Caso Cascadas.
Esto luego que la Superintendencia de Valores y Seguros, en la arista administrativa del caso, decidiera levantar la información que posee respecto de la investigación, para que los accionistas y probables inversionistas de SQM y las cascadas, posean la información necesaria antes de involucrarse en el negocio. Algo que para cualquiera es necesariamente obvio.
Esta decisión del Superintendente, Fernando Coloma, se toma recién, luego de los aumentos de capital de dos de las compañías pertenecientes a las cascadas: Norte Grande y Oro Blanco.
Fernando Coloma, ha señalado que “esta información podría tener incidencia en la decisión de inversión que deban adoptar los accionistas que suscriban los respectivos aumentos de capital y se requiere que los accionistas y el mercado cuenten con información suficiente para su decisión de inversión”. Comentario que bien podría estar en los manuales más elementales de introducción a la economía, en secundaria.
Esta decisión se conoce, además, en medio de fuertes rumores de que se imputen nuevos cargos a los involucrados: Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán. En concreto se evalúa investigar el posible uso de información privilegiada.
Para el abogado representante de los accionistas minoritarios, Mauricio Daza, la Superintendencia de Valores y Seguros debe ir paso a paso en esta investigación para que se logren determinar responsabilidades.
En este sentido, indicó que “debe ir de forma ordenada, de menos a más con la finalidad de obtener sanciones concretas y ejemplares en este caso y que no ocurra situaciones análogas en casos anteriores en los cuales básicamente esto ha quedado en nada”.
A esto se suma la posibilidad que se formalice una investigación en contra de otros posibles involucrados en las operaciones cascadas de SQM, como los operadores financieros, en este caso, los responsables de la “Corredora de Bolsa Larraín Vial”, que sirvió como puente para efectuar las transacciones cuestionadas.
De hecho Leonidas Vial (Corredora Larraín Vial) ya tuvo que entregar la información de sus sociedades al fiscal que investiga la arista penal del caso, José Morales, en condición de imputado.
Esto podría retrasar aún más la investigación que lleva a cabo la SVS, lo que algunos cercanos a Fernando Coloma atribuyen a la intención del Superintendente de retrasar cualquier resolución en el caso hasta la próxima administración.
De acuerdo al abogado Mauricio Daza, esta sería una decisión “lamentable” dada la urgencia de conocer responsabilidades en este caso. Aseguró que ya existen antecedentes suficientes para determinar el rol que jugó Leonidas Vial en las operaciones: “Esto no fue realizado por Julio Ponce Lerou solo, aquí requirió de la ayuda de un conjunto de personas y entidades las cuales le dieran cobertura a estas operaciones irregulares y entre ellas obviamente nos encontramos a un conjunto de Corredoras de Bolsa que participaron activamente en estas operaciones, sabiendo o no pudiendo menos que saber de qué estábamos frente a acciones irregulares, y aquí aparece con claridad Leonidas Vial y obviamente la “Corredora Larraín Vial”, por lo tanto, ya existen antecedentes para poder formular cargos no sólo en lo administrativo, sino también en lo penal”.
El abogado Mauricio Daza calificó de “acción desesperada” la querella que anteriormente presentó Julio Ponce Lerou en contra del Superintendente Fernando Coloma por irregularidades en la investigación que lleva la Superintendencia.
Respecto de esta arista, el Contralor se pronunció este lunes y aseguró que está evaluando solicitar los antecedentes de la indagación de la SVS para verificar su legalidad.
Para Mauricio Daza cualquier pronunciamiento que tenga Contraloría no debería afectar la investigación penal que se lleva en este caso, por lo mismo le restó importancia a este hecho.
Cabe señalar que el día 6 de septiembre, la SVS formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.
Los abogados de Ponce Lerou, presidente de SQM, pidieron suspender el proceso hasta que la entidad no entregara una serie de antecedentes sobre presuntas operaciones del Presidente Sebastián Piñera, en 2008 y 2009, con acciones de Oro Blanco y Norte Grande, a través de las sociedades Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia.
Sin embargo la SVS desechó la petición así como la solicitud de inhabilitación del superintendente Fernando Coloma, presentada por la defensa de Julio Ponce.
El daño para los trabajadores y sus fondos de pensiones
De acuerdo al abogado querellante en el caso Cascadas, Mauricio Daza, las pérdidas para las AFP, donde se encuentran gran parte de los fondos previsionales de los trabajadores del país, cifran en 800 millones de dólares.
Daza califica como “impresentable” el actuar que la Superintendencia de Pensiones ha tenido en el marco del caso Cascadas. “Han tratado de bajarle el perfil bajo la increíble afirmación de que aquí solamente habrían 800 millones de dólares de los cotizantes involucrados. Eso es una cifra enorme para aquellos que forman parte de ese dinero”, dice el abogado. “El caso La Polar provocó un tremendo daño a las personas afectadas directamente, sin embargo, comparado con el caso Cascada es una situación menor. Acá estamos hablando de sociedades vinculadas a SQM, que forma parte del IPSA; estamos hablando de la corredora más importante del país, que es Larraín Vial, y estamos hablando del dueño de Larraín Vial, que es Leonidas Vial (principal accionista de Blanco y Negro y director de la Bolsa de Comercio de Santiago). Es una situación en la cual podría existir la tentación de decir vamos a aplicar sanciones, pero vamos a acotar este conflicto.
Por, David Rubinstein
El Ciudadano
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