Caso Cascadas: no le sigamos sacando el poto a la jeringa

Se puede discutir si el monto de la sanción estuvo o no en correspondencia con las ganancias que obtuvieron en las operaciones especulativas efectuadas, que claramente no lo estuvo.  Pero lo principal fue sacar a luz un mecanismo de control de una empresa productiva cuyo origen está en paraísos fiscales y que luego fue acumulando recursos de terceros a usar en su beneficio, Estas son las estructuras a desmontar, tema que permanece pendiente.  Más grave aún, por tratarse de una empresa que explota valiosos recursos naturales pertenecientes al país.  Quedan sin resolver otros grandes asuntos como la responsabilidad de los directorios de las Cascadas en el período investigado y los daños causados a accionistas minoritarios, entre ellos los imponentes de los fondos de pensiones.  La táctica a seguir por Julio Ponce y los otros actores comprometidos será con seguridad buscar que los procesos se alarguen indefinidamente.  En el trasfondo de los hechos está además la lucha por el control de SQM, uno de cuyos protagonistas ha sido Sebastián Piñera.

Caso Cascadas exige enfrentar el tema de fondo

Al cumplirse un año de la imputación que les afectó, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó a cuatro personeros participantes en las sociedades Cascadas. Igualmente lo hizo con LarraínVial S.A. Corredora de Bolsa, con uno de los mayores socios de LarraínVial S.A., Leonidas Vial Echeverría, su gerente general Manuel Bulnes Muzard,  y su gerente de distribución institucional Felipe Errázuriz Amenábar, además de  Alberto Le Blanc Matthaei, controlador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones Las Palmas Ltda., formalizados en enero de 2014[1].

Las multas en su conjunto sumaron 4.010.000 UF (aproximadamente US$164 millones), casi duplicando las cobradas en el caso “chispas” y siendo 27,8 veces superior al de La Polar. La sanción más elevada, ascendente a US$69,54 millones se le impuso al contralor de las sociedades Cascadas de SQM, Julio Ponce Lerou. El superintendente de la SVS, Carlos Pavez, manifestó que “del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, se pudo constatar (…) la existencia de un esquema coordinado de operación. (…) el creador de este esquema de operaciones bursátiles realizada entre 2009 y 2011 con las sociedades Cascada, que fueron en directo beneficio de él, y en mayor o menor medida también de  otras personas relacionadas con él en este esquema”, fue Julio Ponce Lerou (30/09/14).

A su vez, este “esquema coordinado”, recalcó la SVS, actuó “contra el interés de las sociedades Cascadas”. La estimación de la SVS es que el sobrecosto cancelado por las Cascadas ascendió entre 2009 y 2011 a US$300 millones, que fueron ganancias de quienes montaron la operación. Por su parte, las multas aplicadas a quienes las realizaron alcanzaron a US$113 millones. La diferencia no es pequeña, ello afectó a accionistas minoritarios y, por tanto, a los imponentes del sistema de administradoras de fondo de pensiones. “(…)  las multas en nuestro país –expresó Orlando De la Vega, experto en gobiernos corporativos de la Universidad Católica de Valparaíso– son demasiado bajas, por lo tanto eso opera como incentivo a las infracciones.  Visto –recalcó– que las multas son bajas, resulta barato incumplir” (10/09/14).

Las AFP tienen obligación de exigir reparar a los imponentes por los daños causados. La primera acción legal interpuesta por una administradora fue la demanda civil iniciada por la AFP Capital en contra de los primeros formalizados. Pocos días después de conocida la resolución, Provida –controlada por el consorcio financiero norteamericano MetLife–, la mayor del mercado, informó del inicio de acciones legales en contra de todas las personas naturales y jurídicas sancionadas por la SVA. En 2013, en otra forma de actuar, Provida, Planvital, Habitat y Cuprum dejaron de efectuar transacciones a través de LarraínVial hasta que la SVS no resolviera el caso. Producida la resolución, queda planteado cuales nuevos pasos adoptarán, para cumplir con el propósito expresado en una declaración apenas conocida la sentencia de ser “activos defensores de los intereses de sus afiliados” (03/09/14). Según Habitat, de la Cámara Chilena de la Construcción, los daños causados en algunas transacciones alcanzaron a US$102 millones.

La única institución hasta ahora multada es LarraínVial, pero a la cual la SVS no suspendió ni canceló su inscripción en el registro de valores. En consecuencia continuó funcionando. Se trata de la mayor corredora del mercado nacional. En agosto, el mes anterior a dictarse la multa, tenía una participación de 18,4% en los montos transados. Fernando Larraín, cuyos intereses familiares poseen la mayoría absoluta de LarraínVial S.A. en cartas públicas, junto con rechazar los fundamentos de la sanción de 200.000 UF, minimizó el impacto en su funcionamiento, al expresar: “nuestra solvencia y capital nos permiten abordarla si es que es ratificada, sin afectar el normal operar de nuestro flujo de negocios” (03/09/14). La clasificadora de riesgo Feller-Rate calculó que la sanción por US$8 millones equivale al 6,9% de su patrimonio en junio pasado y sus utilidades de solo el primer semestre del año le permiten cancelar un 77% de ella. Resultó  muy sugestivo que en las comunicaciones de Fernando Larraín, si bien hizo una fuerte defensa de los gerentes de la corredora sancionados personalmente, no actuase igual con su socio Leonidas Vial, que posee un 38% de LarraínVial S.A, la matriz de la corredora.

La SVS en su documento dedica varias páginas a la participación de LarraínVial. Desde ya su marca se encuentra cuestionada. Francisco Agüero, integrante del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la Universidad de Chile, destacó que la sancionada “no es cualquier corredora”; tiene una posición relevante, hay un tema reputacional que se funda justamente en la confianza” (03/09/14). Ella se encuentra dañada. ¿Sus altos personero pueden seguir actuando como si nada hubiese sucedido, como lo pretenden las cartas dadas a conocer por Fernando Larraín? La SVS calificó sus operaciones de “ficticias, engañosas y fraudulentas”. La corredora bursátil fue fundada en 1934 por los hermanos Fernando y Leonidas Larraín Vial, administraba al momento de la sanción activos ascendentes a US$17.649 millones, estando presente en cuatro países: Chile, Estados Unidos, Perú y Colombia. En la primera semana de septiembre, luego de conocerse la multa, continuó encabezando la participación por montos transados entre las corredoras bursátiles, con un 14,86%. Uno de los problemas que le  puede afectar es la reacción de los bancos de inversión y administradores de fondos internacionales con las cuales se encuentra asociada, que se supone no deberían permanecer indiferentes frente a las acusaciones.

La sanción a Leonidas  Vial y a LarraínVial golpea a la elite financiera del país.  De allí la nula reacción del directorio de la Bolsa de Comercio.  “Mientras tengas este directorio –comentó un ejecutivo de un Banco de Inversión citado por La Segunda, el diario de los Edwards– es la misma historia.  Salió León y entró Fernando Larraín.  ¿Jaime Larraín va a votar en contra de León Víal?  Ni una posibilidad.  ¿Tú crees que el director del Banco de Chile va a votar en contra cuando Andrónico Luksic y León son amigos?  ¿Crees que el Banco Bice hará algo en contra de León Vial, cuando son amigos con Bernardo Matte?  Ninguna posibilidad.  Este mundo es demasiado chico.  Por eso es que hay que desmutualizar la bolsa, tener directores absolutamente independientes que no tengan nada que ver con las corredoras” (12/09/14).  Jaime Larraín Vial, director de la Bolsa, ha señalado que se debe esperar “que finalice la etapa judicial”, que sabe tienden a ser extraordinariamente largas, y de salir “condenado” cualquiera de los imputados del caso Cascadas,  voy a proponer un castigo” (13/09/14).  Por tanto, nada se hace hasta entonces.

Dada a conocer la resolución de la SVS, sigue abierta la arista penal que lleva la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, que abarca un período más largo, al haberse interpuesto la querella con 2011 lo que le permite investigar desde cinco años antes. Los cargos efectuados por la superintendencia condenan operaciones efectuadas únicamente entre septiembre de 2010 y 2011. El abogado querellante de los accionistas minoritarios, Mauricio Daza, sostiene que “el esquema fraudulento comenzó a operar a lo menos desde el año 2008, siendo los dos primeros años en que operó aquellos donde muy probablemente se obtuvo el grueso de las ganancias ilícitas” (07/09/14).

Una primera reacción al interior de las Cascadas ante la gravedad de las sanciones fue la del director de Norte Grande, Rodrigo Zegers, quien envió una comunicación a Julio Ponce  demandándole su renuncia inmediata como director y presidente de la sociedad por el “evidente conflicto de interés entre los intereses particulares del contralor de la compañía y personas cercanas a él, por una parte, y los intereses de Norte Grande y sus filiales” (05/09/14). Por las mismas razones exigió la renuncia de Aldo Motta a la gerencia general y de Contesse Fica a su cargo de director. De otra parte, solicitó “una entidad independiente que haga una evaluación exhaustiva del daño patrimonial que habría sufrido la compañía por efecto de las acciones sancionadas por la SVS (…) y evaluar, en el más breve plazo, la presentación de una querella criminal y una demanda civil de indemnización de perjuicios contra quienes resulten responsables”.

A la petición de renuncia se sumó la de Juan Antonio Guzmán, director de SQM, elegido como “independiente” en 2013 pero con el apoyo de Ponce superando a Fernando Cañas, presentado por las AFP. Es muy difícil que estas peticiones tengan respaldo en los directorios de las Cascadas, ya que el exyerno de Pinochet cuenta con muchos votos en ellos. Su hermano Luis Eugenio figura en todos los directorios, su hija Francisca en tres y su hijo Julio en dos. La composición del directorio de SQM es distinta. Allí, además de Juan Antonio Guzmán, están los representantes del otro 32% de la empresa, la canadiense Potash Corp. Of Saskatchewan (PCS), que en el pasado, al igual que Sebastián Piñera, intentaron desplazar a Ponce de su control. Ellos son: Wayne Brownlee, Alejandro Montero y el abogado José María Eyzaguirre. Este último dirigió un conflicto legal entre 2001 y 2007 en que se cuestionó el control por Julio Ponce, hasta que éste, en conjunto con Kowa, aseguró su mayoría y la dirección que ejerce desde hace 27 años, a través de una rebuscada estructura de propiedad desde Inversiones SQYA.

Otro integrante del directorio es un exministro de   Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, adonde fue invitado a incorporarse hace dos décadas personalmente por Julio Ponce.  Según la versión de El Mostrador, que calcula es “el director de   empresas mejor pagado, (…)  ganó el año pasado $691 millones por nueve sillones”, “en las discusiones que se producen en el directorio –añadió–  Büchi aporta con argumentos afines a la posición de Ponce y vota en la misma línea de él” (11/09/14).  Por tanto, es un personaje en condiciones de aportar a los manejos efectuados en las Cascadas. Estrategia editorialmente fue más allá.  “(…)  lo que corresponde –demandó– es que renuncien a sus cargos todos los multados y los directores de las Cascadas, pues lo sucedido daña la fe pública y la confianza de los inversionistas, especialmente porque también habían invertido recursos de todos los chilenos a través de los fondos de pensiones” (08/09/14).

La defensa de Ponce se orienta a cuestionar el veredicto  en los tribunales de justicia, que la experiencia muestra es un proceso largo. Su ataque ya no se dirige a Fernando Coloma, sino que al nuevo superintendente, Carlos Pavez, sosteniendo que fue quien “empezó está investigación e ideó la teoría del esquema.  (…) el ideólogo de todas estas operaciones, Carlos Pavez -explicitó–, es el ideólogo de la teoría del esquema” (07/09/14).

Su abogado Raimundo Labarca reconoce que luego de la resolución de la SVS “otro frente de conflicto son los accionistas minoritarios”, afectados directamente por las maniobras especulativas. Tamara Agnic, superintendente de Pensiones, solicitó inmediatamente a las AFP que en diez días hábiles comunicasen el daño experimentado y las acciones legales y diligencias para reparar las pérdidas producidas. En particular, las AFP tienen que decidir sobre su participación en el fondo Beagle, del cual poseen cerca de un 80% del total. LarraínVial es el mayor accionista de la Administradora General de Fondos (AGF) que lo maneja. El segundo accionista es el Consorcio Financiero del grupo Hurtado Vicuña. La AFP más comprometida es Provida que en junio contaba con un 26,1% de participación, seguido por Capital con un 18,53%.

Simultáneamente con el conocimiento de la resolución de la SVS, se hizo público que el juez del 7º juzgado de  Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, desestimó la querella de Julio Ponce iniciada en noviembre en contra del anterior superintendente, Fernando Coloma, por prevaricación y abuso a particulares,  no teniendo “motivo plausible” para hacerlo.  El juez Urrutia sostuvo que le quedaba “una sensación de liviandad en el proceder del querellante, que inició esta acción antes de agotar  todos los recursos ante la Superintendencia para detener su proceso”.  “En el mercado americano –recalcó  a su vez Fernando Coloma luego de la resolución que lo favoreció– hay una cierta protección, una inmunidad mientras están abiertos los procesos, los distintos  casos (…)”.  Pero cuando el proceso está abierto “sin duda que altera el funcionamiento del sistema (…).  Esto fue una instrumentalización, que afecta al sistema y su funcionamiento (…)” (03/09/14).  Es lo que hicieron concretamente Julio Ponce y sus abogados.

La defensa de Ponce, junto con buscar ganar tiempo, intentó cuestionar fundamentos de las formulaciones.   Uno de ellos fue, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta el impacto de la crisis financiera global en las sociedades Cascadas. “En noviembre de 2009, cuando a juicio (…) de la defensa (…) se presentaban nuevas incertidumbres por una reaparición de la crisis financiera –señaló la resolución–, Standard & Poor’s, por el contrario, resalta la fortaleza de la situación financiera de las Sociedades Cascadas, indicando ‘los factores mitigantes son el control de Pampa sobre la política de dividendos de SQM, la robustez de SQM para generar dividendos, y el relativo buen acceso del grupo al mercado financiero”.  Por otra parte –agregó– “solo en los actas de las sesiones de directorio de las Sociedades Cascadas de fecha 29 de octubre de 2008, se hace mención a la crisis financiera (…)”.

El tema de fondo, aún no abordado, es prohibir o regular fuertemente el mecanismo empleado de Cascadas, conducente a que aprovechándose de recursos pertenecientes a terceros se controlen enormes recursos, como acontece en SQM, facilitando los juegos especulativos. Michelle Bachelet, comentando la resolución de la SVS, subrayó que lo sucedido “ahí es inaceptable” (06/09/14). A su turno, el ministro Arenas afirmó: “La institucionalidad pública funciona y es muy bueno que esté funcionando” (06/09/14). En verdad es “inaceptable”, pero el Estado no puede limitarse a darse por satisfecho con que se les sanciones dando señales, como expresó Arenas, “para todos los sectores de que la institucionalidad hay que respetarla”. Lo que se requiere es terminar con este tipo de sociedades que pueden  especular o incrementar sus utilidades aprovechándose de recursos captados en base a su estructura.  Hecho favorecido, como acontece con las Cascadas de Julio Ponce, porque el controlador tiene mayoría en los directorios.  El conflicto proviene, expresó Francine Nualart, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque los controladores pueden tomar decisiones en función de sus intereses, más aún si cuentan con directorios que responden a sus directivos (06/09/14).  Los accionistas minoritarios  pesan muy poco.

HUGO FAZIO

[1] Véase, El Mundo del 1%, 0,1% y 0,01%, pág. 193-220.