Las fusiones de Cuprum con Argentum y de Provida con Acquisition escriben un nuevo capítulo en los inicios de 2017. Esta mañana, el diputado DC Fuad Chahín se reunió con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para conocer antecedentes sobre la querella presentada por diputados de la falange en contra de la ex superintendente de Pensiones al momento de las fusiones, Tamara Agnic, por prevaricación administrativa culposa.
«Creemos que hay antecedentes más que suficientes, como para que el Ministerio Público tome la decisión de formalizar a Tamara Agnic y a eventualmente a otros funcionarios de la Superintendencia de Pensiones», señaló el parlamentario.
La ofensiva de Chahín data de junio de 2015, cuando presentó, junto al diputado Iván Flores, una propuesta para constituir una comisión investigadora por la fusión de AFP Cuprum con Argentum. La iniciativa contó con el respaldo de la Cámara Baja. La instancia buscaba esclarecer el papel desempeñado por la Superintendencia de Pensiones (SP), la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el proceso que derivó en la cuestionada fusión de las compañías pertenecientes a la estadounidense Principal Financial Group.
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En su reclamo, los parlamentarios alegaron que en noviembre de 2014, Principal Chile Ltda. decidió crear una nueva AFP, una «empresa de papel», denominada «Argentum S.A», operación aprobada por la Superintendencia de Pensiones el 19 de diciembre. El día 26 de ese mes, Cuprum y la naciente Argentum solicitaron al órgano fiscalizador una autorización para fusionarse por absorción, solicitud aceptada el 2 de enero de 2015.
«Buscamos averiguar cuál fue el rol que cumplió la Superintendencia de Pensiones, específicamente para poder aprobar en un tiempo récord la creación de una AFP de papel, que no tiene como propósito ni la administración de pensiones, ni ninguna de las actividades propias de una AFP, sino que fue creada con el único objeto de viabilizar una fusión entre el grupo Principal y la AFP Cuprum para poder aprovechar beneficios tributarios, como el goodwill, que le permiten a la AFP prorrogar o eludir el pago más de 80 mil millones de pesos en impuestos», afirmaba Chahín en ese entonces.
Un año después, en noviembre de 2015, declararon admisible la querella presentada por Chahín contra Agnic, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Este es el trámite judicial que fundamentó la reunión del diputado con el fiscal Abbott y la petición de formalización contra los funcionarios de la SP implicados.
A juicio del parlamentario integrante de las comisiones de Hacienda y de Economía, «no es posible que la conducta de funcionarios públicos, que abdican de su rol, de regular y fiscalizar a las empresas, pongan su institución al servicio de los intereses comerciales de las mismas».
HISTORIA DE UNA VOLTERETA
Entre la querella contra Agnic y la reunión de esta jornada, ha pasado harta agua bajo el puente. En diciembre de 2015, la Contraloría General de la República impugnó la fusión de Cuprum con Argentum, en respuesta a un requerimiento presentado por Chahín y el diputado Patricio Vallespín.
Acusando falta de respaldo por parte del gobierno, la entonces superintendente de pensiones, Tamara Agnic, presentó su renuncia a fines de enero del año pasado. En su reemplazo, la presidenta Bachelet designó a Osvaldo Macías, quien se mantiene en el cargo.
Siguiendo las determinaciones de la Contraloría, el 30 de junio de 2016, la SP anunció que comenzaría el proceso de invalidación de la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, aun cuando fue el mismo organismo el que autorizó la operación el año anterior. El entusiasmo no alcanzaría para mucho, porque el pasado 14 diciembre, la SP –en una senda vuelta de carnero–, emitió dos resoluciones que dan por finalizados los procesos de invalidación de las fusiones de las administradoras de fondos de pensiones Cuprum con Argentum, y Provida con Acquisition, respectivamente, comenzados el 21 de julio de 2016.
En el comunicado entregado por la SP, se indica que «La resolución se basa en que si las irregularidades detectadas por la CGR no hubiesen existido, los efectos legales, regulatorios, tributarios y fiscales habrían sido similares a los que se produjeron en la realidad. Adicionalmente, se tuvo en consideración la confianza legítima, dado que los actos administrativos que se pretendía invalidar se sustentan en una actuación de la Superintendencia de Pensiones, que en su momento instruyó a las administradoras el procedimiento a seguir».
REACCIÓN DEL MUNDO SOCIAL
La opacidad del procedimiento de fusión y el daño en materia tributaria que habrían ocasionado las fusiones, motivó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP a iniciar una campaña en octubre pasado, llamando a abandonar masivamente las AFP Cuprum y Provida.
Según recogió Diario UChile, Luis Mesina, vocero de la organización, sostuvo que «tanto Provida como Cuprum, que crearon estas dos AFP brujas, evadieron impuestos por más de 420 millones de dólares y eso es lo grave por parte de la autoridad que valide operaciones truculentas que han timado al pueblo chileno. Lo más grave es que en el caso de Cuprum, una de las asesoras fue la propia superintendenta Tamara Agnic, que asesoró al grupo Penta dueños de Cuprum, por lo tanto aquí hay un grado de inmoralidad tremendo».
Según detallaron los dirigentes Carolina Espinoza y Esteban Maturana a El Ciudadano, durante 2017 continuarán con esta campaña. De acuerdo a la última ficha estadística de la SP, en octubre Cuprum obtuvo un saldo negativo de 973 afiliados, en relación al traspaso neto de cuentas, mientras que Provida obtuvo un neto negativo de 14.645 cuentas.