Chile continúa entre los países de peor distribución de los ingresos

La mala distribución de los ingresos continúa siendo el más agudo problema económico-social del país. La Encuesta Casen 2009 mostró que ella se deterioró el año pasado, llegando a su peor situación durante las dos décadas de Gobiernos de la Concertación. Por su parte, el programa de gobierno de Sebastián Piñera lo ubica como un objetivo de “largo plazo” cuando los hechos indican que debería dársele absoluta prioridad. Para mejorar realmente la distribución de los ingresos se requiere tocar a grandes intereses que se apropian de un elevado porcentaje de ella. La OCDE, que incorporó recientemente a Chile entre sus integrantes, en un informe sobre la realidad laboral y social del país recalcó que la regresividad distributiva en el país es mucho peor a las de México y Turquía, otros dos países “emergentes” incorporados como sus miembros. América Latina sigue destacando como la región del mundo de distribución más regresiva y dentro de ella Chile figura entre los países en donde ella es más deteriorada.

A las negativas cifras de pobreza entregadas a mediados de julio por la Encuesta Casen 2009 –con crecimiento en relación a 2006 y niveles reales de aproximadamente 30% de la población si se actualiza la composición de la canasta de consumo de los hogares[1]-, se agregó antes de finalizar el mes las cifras de distribución del ingreso, las cuales ratifican que Chile permanece entre los países con índices más regresivos a nivel mundial.

Los datos de ingresos autónomos por habitante correspondientes a noviembre del año pasado revelaron que el décimo decil percibió 46,2 veces más que el primer decil, la mayor brecha en dos décadas, o sea durante todos los gobiernos de la Concertación. Si la diferencia se mide por personas, la desigualdad se acrecienta. Los ingresos del primer decil se distribuyen en promedio entre 4,4 personas, mientras que los del décimo decil se reparten entre 2,6 miembros. En este cálculo la diferencia pasa a ser de 79 veces.  El promedio per cápita del decil de mayores ingresos fue de $2.951.815, mientras que en el primero llegó sólo a $63.691.

Entre 2006 y 2009, la participación del primer quintil se redujo en 0,5 puntos porcentuales, de un 4,1% del ingreso total a 3,6%, lo que refleja ante todo el fuerte impacto de la crisis en los sectores de la población de menores recursos, mientras que la del décimo decil se incrementó de 38,6% a 40,2%, demostrando así que tuvo una mayor capacidad para absorber los efectos contractivos vividos en la economía chilena el año pasado o su progresión en 2007 y 2008 fue aún mayor.

Los subsidios monetarios entregados por el Estado, especialmente al primer decil, reducen la magnitud de la brecha, demostrando que tuvieron un impacto positivo pero fueron insuficientes para revertir la tendencia. Desajustes distributivos de tanta profundidad no pueden resolverse únicamente a través de medidas asistenciales. Los ingresos monetarios, que suman los ingresos autónomos –o sea la retribución percibida por los factores productivos más las pensiones y jubilaciones– con las transferencias efectuadas por el Estado acentuaron su desigualdad. La brecha entre los dos deciles extremos fue de 26,1 veces mientras en 2006 alcanzó a 23,8 veces.

Los datos sobre educación proporcionados por la Casen entregan antecedentes adicionales del deterioro distributivo. Apenas un 19% de los jóvenes pertenecientes a los hogares de ingresos más bajos accede a la educación superior, en cambio entre los estudiantes provenientes de los sectores de mayores ingresos un 93,3% continúa sus estudios después de egresar de la enseñanza media. Más aún, la encuesta constata que un 40% de los jóvenes de hogares de menos ingresos termina la enseñanza media, contra un 97%  de los sectores de mayores recursos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó con cifras al año 2005 la distribución del ingreso en 52 países. Entre las quince economías de mayor inequidad figuran diez latinoamericanas, confirmando así que es la región en el mundo de peor distribución. Chile figuró en este listado negativo a nivel regional en el quinto lugar, detrás de Brasil, Ecuador, Haití y Bolivia. Si se consideran las cifras entregadas por la Encuesta Casen 2009 se llega a la conclusión de que el país sigue destacando por su  regresiva distribución, situación en la cual permanece desde los años de dictadura. El cuadro negativo no fue modificado en los veinte años de gobierno de la Concertación.

Incluso la OCDE, a la cual el país se incorporó recientemente, al hacer un examen a fines de 2009 del mercado laboral y de las políticas sociales chilenas llamó la atención que el nivel de desigualdad, usando como referencia el coeficiente Gini –que no mide adecuadamente la profundidad del problema-, es muy superior a la de México y Turquía, sus dos otros países miembros con mayores niveles de inequidad. En 2005, el 10% de ingresos promedio mayores de la OCDE era nueve veces superior al decil de menores ingresos. En México y Turquía se cifró, respectivamente, en 25 y 17 veces.  La reciente Encuesta Casen de Chile, con datos de 2009, la cuantificó en 46,2 veces.

El deterioro distributivo afecta a la demanda interna, dado que las personas de menores ingresos destinan prácticamente el total de lo percibido a consumo, mientras los sectores favorecidos en ella una parte de sus entradas lo transforman en ahorro. En consecuencia, una redistribución progresiva de los ingresos conduce a generar una demanda interna más solvente, que continúa siendo una necesidad.

Enfrentar el deterioro distributivo exige políticas en muchos terrenos. Ingresar a la educación superior, por ejemplo, alcanza niveles prohibitivos para un porcentaje muy vasto de los hogares. Según cifras del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile entre 1997 y 2009 el costo real de las carreras universitarias aumentó en un 60% promedio, subiendo de $936.543 a más de dos millones de pesos anuales. Para el 40% de los hogares constituyen cifras imposibles de alcanzar mientras que para el 40% siguiente representa una sangría muy fuerte tener un hijo en estudios superiores.

Otro tema es cómo avanzar en la relación entre el positivo aumento producido en el acceso a la educación superior, la retención en ella y el número de egresados.  “Hemos mejorado en acceso –señaló el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte-, pero la mitad de los alumnos deserta.  Si no medimos –añadió- el éxito en la educación superior por la cantidad de graduados en vez de cuántos ingresan, vamos a estar alimentando una ilusión (05/08/10).  Ello pasa por adoptar medidas orientadas a nivelar y retener a los jóvenes procedentes de los sectores de menores ingresos, decidiendo políticas y destinando recursos a ello.

La conclusión parece obvia, dada la continuidad en lo fundamental del modelo económico[2], que contrasta fuertemente con las cifras de distribución de los ingresos a comienzos de los años setenta, durante el Gobierno de la Unidad Popular. El deterioro distributivo provocado por esta política –iniciada en los años de dictadura- no se modifica sólo con medidas asistenciales, por justas que sean. Se requiere adoptar decisiones que afecten a las reducidas capas de la población de altos ingresos lo cual es impensado que se produzca en el gobierno de Sebastián Piñera, donde se ven reflejados los intereses del gran empresariado. El Gobierno no se plantea objetivos próximos para mejorar la distribución. Lo coloca en su programa “como objetivo de largo plazo”, cuando los hechos muestran que es un gran tema económico y social urgente de abordar.

No tener mejoría en este terreno ya se constató al finalizar el primer gobierno de la Concertación. “Pese a que la condición del 20% de los pobres mejoró sustancialmente en esos años – escribió Alejandro Foxley, ministro de Hacienda en el gobierno Aylwin -, no hubo en cambio una transformación sustancial en la distribución del ingreso del país, que continúa bastante concentrada”[3]. Lamentablemente el balance al finalizar los Gobiernos de la Concertación que se refleja en la Casen 2009, sigue siendo similar.

El problema distributivo en la economía chilena es aún más grave que el indicado en la Encuesta Casen, ya que en sectores fundamentales de la estructura productiva del país, empezando por la minería cuprífera privada, un porcentaje elevado de la abultada retribución obtenida se la llevan al extranjero y, por tanto, no se refleja en las cifras entregadas.

El director del udista Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, sostuvo al conocerse los datos de la Casen 2009 sobre distribución: “Disminuir la pobreza reduce automáticamente la desigualdad, reducir la desigualdad no necesariamente disminuye la pobreza” (28/07/2010). Una disminución de la pobreza –que en Chile sigue siendo muy alta- no modifica “automáticamente” el deterioro distributivo si grandes intereses económicos continúan obteniendo elevadas tasas de rentabilidad como acontece, por ejemplo, con las mineras cupríferas o los grandes bancos. En el primer semestre las utilidades de la banca aumentaron 57% en relación a los mismos meses de 2009. En cambio, gravar parte de estos elevados beneficios puede ser utilizado para aplicar políticas dirigidas a disminuir la pobreza y a mejorar la distribución de los ingresos.

Por Hugo Fazio

REFERENCIAS

[1] Véase, Carta Económica 18/07/2010.

[2] Véase, Veinte años de política económica de la Concertación. Lom, Sociología Universidad de Chile, 2010.

[3] Alejandro Foxley, “Los objetivos económicos y sociales de la transición a la democracia”. Cieplan – Unicef 1995.

El Ciudadano