El balance de los reajustes salariales de 2011, al conocerse los niveles de inflación en el año y sus incrementos por quintiles, permiten concluir que, en general, fueron reducidos o incluso, en no pocos casos –como aconteció por ejemplo con vastos sectores de los funcionarios públicos- negativos. Las causas de ello son variadas y es útil, particularmente, para el movimiento sindical sacarlas a luz. Desde luego influye lo regresivo del Código Laboral, que reduce sensiblemente la capacidad negociadora de los trabajadores. Pero ello no constituyó un hecho nuevo. Sus demandas entran en conflicto con la concepción central de la política fiscal gubernamental que preconiza crecimientos del gasto público inferiores al incremento del producto, criterio que busca reducir la presencia del Estado en la economía. Bajos reajustes en el sector público o en el salario mínimo repercuten en el sector privado, ya que frecuentemente se toman como referencia. El análisis requiere proyectarse al nivel organizativo, de asociatividad y movilización de los trabajadores. 2011 fue un ejemplo de grandes movilizaciones sociales, tendencia que solo se proyectó parcialmente al movimiento sindical. La inflación subió al finalizar el año pasado cuando la economía vivía un proceso de reducción en las tasas de crecimiento, la contracción en los salarios reales o su bajo incremento incidió en alguna medida ello.
En 2011, el IPC experimentó un crecimiento de 4,4%, porcentaje superior al techo del rango meta establecido por el Banco Central que se mueve entre un 2% y un 4%, y se colocó por encima en 0,5 puntos porcentuales de la estimación efectuada por el Banco Central en su informe de política monetaria dado a conocer durante el mes de diciembre. “Cerrar con el peor registro desde 2007 y equivocar la puntería en tal magnitud después de publicar el IPoM – comentó Estrategia- (…) amerita una explicación” (09/01/12). No constituyó, desde luego, un debut afortunado de Rodrigo Vergara como presidente del instituto emisor.
El IPoM de diciembre sostuvo que “en promedio no se observa un deterioro de la situación financiera de los hogares” . En verdad, si se observa la evolución en el año de la inflación en los distintos segmentos de la población considerando sus niveles de ingreso y se cruza con la evolución de las remuneraciones se llega a una conclusión diferente. El IPC del primer quintil, es decir del 20% de los hogares de menores ingresos, se elevó 5,8%, repercutiendo poderosamente en sus niveles de vida. En el año las tarifas de transporte subieron un 5,2%, las de servicios básicos, muchos de ellos regulados, un 6,2% y las de los alimentos un 8,6%, que hace subir fuertemente la canasta de los productos básicos.
Hay factores externos que inciden en el alza, pero si se observa el listado de los precios con más incrementos en el curso de 2011 tres de ellos son alimentos producidos en el país (manzanas, peras y papas) y dos son tarifas de servicios públicos (electricidad y agua), cuya evolución durante un largo período demuestra que su regulación se estableció con cargo a los consumidores y concediendo estímulos a las empresas que los explotan, que tienen tasas de rentabilidad prácticamente garantizadas.
La encuesta de diciembre del Centro de Estudios Públicos constató el descontento generado en la población por la inflación. Casi la mitad de la muestra evaluó el manejo del problema efectuado por las autoridades de malo o muy malo y apenas un 11% lo calificó de bueno o muy bueno. “Yo creo – manifestó el economista Erick Heindl- que hay una correlación muy fuerte entre la aprobación que tiene el gobierno y la inflación que se genera en los sectores más pobres” (09/01/12). El alza de los precios es uno de los factores grandes del descontento existente en la población.
Un ejemplo muy gráfico lo proporciona el aumento experimentado en las tarifas del Transantiago, que fue en el año de $60, y el rebrote al mismo tiempo del nivel de evasión, que le acompaña prácticamente desde su polémico nacimiento. En 2011 el promedio de pasajes impagos creció a un 21%, su mayor porcentaje desde que se estableció el sistema en 2007. Entre 2007 y 2009 su porcentaje fluctuó entre 13,4% y 15% subiendo constantemente. Pero, en los dos últimos años, en la administración Piñera, la tasa aumentó fuertemente en seis puntos porcentuales, registrando el promedio mensual más alto en octubre de 2011 cuando llegó a 23,6%. El año cerró en 22%.
El rebrote inflacionario se dio especialmente en el último trimestre de 2011 cuando se producía un notorio proceso de desaceleración de la actividad económica, aumentando en consecuencia los factores productivos disponibles para responder a requerimientos de la demanda, lo cual en condiciones normales contrae los procesos de alza en los precios. Por tanto, fueron determinantes factores externos, entre los cuales destacan, por una parte, la devaluación del peso, causada de un lado por la caída experimentada en las cotizaciones de bienes prioritarios en las exportaciones del país, empezando por el cobre, que reduce la oferta de divisas y la tendencia a adquirir dólares en el cuadro de incertidumbre existente en la economía mundial, que incrementa su demanda, proceso que aumenta el precio en moneda nacional de las importaciones. De otra parte, incide el incremento registrado en la cotización del petróleo en los mercados internacionales.
En enero, el instituto emisor redujo la tasa de interés de política monetaria (TPM) a 5%, después de haberla mantenido inmodificada durante medio año en 5,25%, teniendo presente la desaceleración económica en el país y el impacto que en este proceso puede seguir teniendo el curso de la economía mundial. “Cambios futuros en la TPM –expresó el Banco Central en su comunicado- dependerán de las implicancias en las condiciones macroeconómicas internas y externas sobre las perspectivas inflacionarias”. Un tema a verse es el efecto real que tenga este cambio en la política monetaria sobre la desaceleración económica, sus efectos no son inmediatos y en muchas oportunidades resultan marginales e incluso nulos. Varios otros países ya habían iniciado el proceso de reducir sus tasas anteriormente. Es el caso de Brasil, Australia, Israel y Noruega. La desaceleración económica es un proceso global.
La evolución de los precios que afecta a la mayoría de los trabajadores conduce a que el incremento real de sus ingresos sea muy bajo y en numerosos sectores negativo. A octubre de 2011, el índice general nominal de remuneraciones por hora aumentó 5,9%. Si ese fuese el porcentaje al finalizar el año, ya que es también el promedio de los diez primeros meses, y tenemos en cuenta la evolución del IPC por quintiles, se concluye que su aumento real en 2012 fue inferior al 1%. A los trabajadores del sector público se les impuso, al acordarse un aumento a partir de diciembre de 5%, un mejoramiento nominal aún menor, que para muchos de ellos se transformó claramente en disminución real.
Es un tema preocupante si se considera que el sector público se encuentra entre los sectores de trabajadores de mayor organicidad y afiliación sindical. En ello influye la legislación laboral, pero no es suficiente como explicación. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tiene razón al destacar la existencia de un “Código del Trabajo en que el núcleo está por proteger al empleador y no al trabajador, ese es el sello del Código –enfatizó- y por eso se debe cambiar” (05/12/11). El balance de los movimientos reivindicativos durante 2011 muestra un descenso del número de trabajadores en huelga con relación a años anteriores. De acuerdo a las cifras de la Dirección del Trabajo su número se redujo en enero-octubre en un 32,9% con relación a iguales meses del año anterior, constituyendo su número más pequeño en los últimos cinco años. Por tanto, los niveles de resistencia a los reducidos aumentos salariales son una explicación de por qué fueron bajos.
De otra parte, los reajustes de remuneraciones de los trabajadores del sector público, los cuales se usan como referencia muchas veces en el sector privado, chocan abiertamente con la política fiscal que busca acotar al máximo el aumento del gasto público, como se desprende de sus divulgadas concepciones que debe crecer por debajo del incremento en el producto. En la ley de presupuesto 2012 no pudieron imponer este criterio porque se aprobó en un contexto de grandes movilizaciones sociales, particularmente del estudiantado. De ello, desde luego, se desprende una conclusión obvia que las conquista a obtener van a tener una dependencia directa con la capacidad de movilización que exista para lograrlas. Lamentablemente el reajuste del sector público se resolvió en un contexto de división de las organizaciones de los trabajadores del sector. El Ejecutivo permanentemente para defender su escuálido reajuste real subrayó que el porcentaje propuesto se hacía de acuerdo con varias organizaciones representativas de funcionarios públicos.
La reducción de los salarios reales o su crecimiento extraordinariamente pequeño es un factor que influyó en el proceso de desaceleración económica vivida en el país. “Esta política –como señaló el premio Nobel Joseph Stiglitz, refiriéndose a la situación de la eurozona- solo agrava el problema (…) ya que las personas no hacen compras”
Por Hugo Fazio
El Ciudadano
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