La reciente designación en el directorio de Codelco del ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno; y de Tamara Agnic, quien estuvo a cargo de privatizar la Casa de Moneda y permitió la fusión de AFP Cuprum que costó más de $80 mil millones al fisco por no pago de impuestos, ha despertado críticas al mecanismo de nominación dirimido por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Si bien la cobertura de dicho proceso de selección de altos cargos de empresas estatales y de varias instituciones del Estado es ser una instancia eminentemente técnica, es decir, capaz de seleccionar al mejor postulante para el cargo, sin mediar consideraciones políticas, con Moreno y Agnic pasa que ninguno tiene idea de minería.
Tamara Agnic es ingeniero comercial con máster en Administración de Empresas, estuvo a cargo de implementar la privatización de la Casa de Moneda siendo asesora de la subsecretaría de Hacienda del ministerio dirigido por Andrés Velasco, en el primer gobierno de Michelle Bachelet; luego la vemos como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y en 2015, como superintendenta de Pensiones, determinó que en la compra de AFP Cuprum por Principal Financial Group no se pagaban impuestos, pese a un edicto en contra de la Contraloría. Los controladores de Iowa tuvieron un beneficio tributario de 80 mil millones de pesos. Lo escandaloso del perdonazo la hizo renunciar al cargo, pero reaparece en 2018 como directora de Chile Transparente, pasando con los años a ser vicepresidenta. Para el 2022 la vemos en el directorio del Banco Estado. En resumen, el paso de Agnic por altos cargos públicos nos dejó con los billetes imprimiéndose fuera del país y 80 mil millones de pesos ahorrados a unos inversionistas gringos. Todo muy transparente.
Alfredo Moreno Charme es ingeniero civil industrial y Master Business Administration. Tras volver a Chile en 1986, lo suyo ha sido sentarse en directorios. Así cobró dietas en Provida, Falabella, Sodimac, Mall Plaza, Derco, Penta, Cruzados SADP, Ladeco, Radio Minería, Editorial Ercilla, Fundación Teletón y hasta de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos. También ha sido presidente de Icare (2005-2006) y entusiasta en apoyar las candidaturas presidenciales de Hernán Büchi, Arturo Alessandri y Joaquín Lavín, ligándose así a la UDI. Con Sebastián Piñera llegó al gabinete, primero como Canciller, cuando desplegó la política de las cuerdas separadas entre los tratados y los negocios en la relación con Perú, en circunstancias que el país había interpuesto una demanda ante la Haya reclamando modificar los límites marítimos. Había importantes negocios que cuidar, no en vano justo antes de ser titular de Exterior era director de Falabella Perú. En el segundo gobierno de Piñera fue ministro de Desarrollo Social y Familia (2018-2019) y de Obras Públicas (2019-2022). Es decir, Moreno puede tener una gran agenda de contactos entre empresas del retail, las AFP y el grupo Délano, pero si lo medimos en términos de eficiencia, la pérdida del litigio en la Haya o el nulo avance de la Comisión por la Paz y el Entendimiento dan cuenta de que llegar a buen puerto no es lo suyo. Y de minería sabe bien poco. En sus 40 años en que se ha paseado entre directorios de empresas, no aparece ninguna minera, así como tampoco alguna publicación especializada.
Ambos fueron seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Si bien ambos tienen experiencia en puestos de directorio de empresas, en minería no tienen experiencia ni publicaciones en la materia. Ambos recibirán una dieta que bordea los 6 millones de pesos mensuales.
Algo raro pasa ahí.
Una ausencia de experiencia que no vieron en el Consejo a cargo de la selección, como tampoco fue capaz de percibir el presidente Gabriel Boric, quien simplemente los ratificó en el cargo.
Si bien el presidente escoge a partir de la nómina propuesta por ADP, es decir, no tiene las facultades para dirimir personalmente, si tiene la facultad de vetar los nombramientos, lo que obliga a la ADP a entregar una nueva propuesta. Así lo explicó el abogado Mauricio Daza, quien ha seguido la pista del polémico acuerdo de Codelco con SQM, quien destacó en redes que aunque “el presidente elige de una nómina integrada por varias personas elaborada por el Consejo de Alta Dirección Publica (ADP) (que no designa el cargo). El presidente puede también no elegir a nadie, debiendo repetirse el concurso”.
La conformación del directorio de Codelco tiene nueve miembros titulares que duran cuatro años en sus cargos, los que si bien son nombrados por el presidente, en el proceso de designación el Consejo de Alta Dirección Publica escoge 4 cargos, otros tres son nominados por el mismo mandatario y hay dos representantes de los trabajadores.
El argumento de que se trata de decisiones técnicas y una supuesta autonomía del proceso selectivo funcionan muy bien como cobertura a nivel formal. ¿quién va a estar en contra de quitar de los cuoteos de políticos tan importantes cargos? Pero en la práctica la ADP al retirar de manos del Ejecutivo los altos cargos de las empresas estatales y servicios públicos, en vez de fortalecer la consolidación de un cuerpo de cuadros técnicos con experiencia en la gestión estatal, con los casos de Moreno y Agnic evidencia que se ha dejado dicha función en manos de una tecnocracia escogida a dedo por las diferentes fuerzas políticas y con evidentes sesgos ideológicos.
Lo cierto es que el mecanismo de elección del directorio de Codelco fue diseñado precisamente para asegurar un cuerpo dirigente de la cuprífera estatal que si bien está recubierto de un perfil técnico, en la práctica para llegar al ente directivo se requiere más que una especialidad en el campo de la industria minera, en el selecto mundo de los directorios de empresas.
EL CUOTEO DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
La Ley de Alta Dirección Pública (ADP) fue promulgada en 2003 por el gobierno de Ricardo Lagos. En Codelco se comenzó a aplicar con la Ley 20.290, promulgada en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ambos cuerpos legales fueron negociados con la derecha, principalmente la UDI, tras destaparse el escándalo de MOP-Gate. Si en principio la ley en Codelco persiguió evitar las nominaciones por definiciones políticas, bajo el argumento de una selección absolutamente bajo criterios técnicos, la oportunidad fue aprovechada para retirar de las facultades del gobierno la nominación del directorio de Codelco, siendo determinada por una agencia que tiene la cobertura de ‘técnica’, pese a que sus miembros son negociados entre el gobierno y la oposición. De esta forma, se complica a una coalición política que llegue al gobierno darle un enfoque de empresa estatal a la cuprífera chilena, al tener un directorio cuya mitad de miembros es nominado por dicha entidad. Es decir, se creó una instancia de control de las direcciones de las empresas estatales por fuera de las decisiones democráticas.
Desde el momento de ser creada la ADP estuvo cuoteada. Su primer consejo estuvo presidido por la economista Catalina Bau Aedo, ex pareja de Enrique Correa; y participaron como directoras la economista Rossana Costa de Libertad y Desarrollo (LyD); y la abogada María Luisa Brahm del Instituto Libertad, ligada a Renovación Nacional.
En la actualidad el Consejo de ADP está dirigido por Pedro Guerra Loins, quien fue nombrado por el presidente Boric en marzo de este año, reemplazando a Felipe Melo, quien fue llamado a la Moneda a reemplazar el cargo de asesoría dejado por Miguel Crispi. Pedro Guerra es psicólogo, funcionario de carrera del mismo Servicio Civil, desempeñándose como subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas entre 2014 y 2023. Antes fue jefe de proyectos corporativos en Codelco, subgerente de Formación y Desarrollo Organizacional en Metro y jefe nacional del Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría Penal Pública. Además ha ejercido docencia en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La derecha en la actualidad está representada en el consejo de ADP desde 2016 por Bettina Horst Von Thadden, directoria de Políticas Públicas de LyD y Senior Fellow de la red conservadora Atlas Network; y por Eduardo Riquelme Portilla, militante de Renovación Nacional (RN), quien fue jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe de gabinete del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand; y durante Piñera 2.0 fue subsecretario de Pesca y Acuicultura, cuando se tramitó la llamada Ley corta de Pesca. También su nombra figura entre los abogados que defendieron a parlamentarios de RN en las causas por financiamiento irregular de la política, además de promover querellas del Ejecutivo durante el estallido social con su estudio de abogados, en julio de 2021; y defender a un funcionario de defensa ante la denuncia del ex-militar Rafael Harvey.
Otra integrante es Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC). Orellana fue encargada de administración y finanzas de Ignacio Walker Prieto (2010-2015) y secretaria ejecutiva del Centro Democracia y Comunidad (CDC), entidad ligada al mismo partido político. Un reportaje de Ciper da cuenta que CDC fue el buzón de un monto estimado en más de 360 millones de pesos donados por el Grupo Angelini a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013. Bajo la dirección de Orellana, el CDC recibió 84 millones de pesos entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, pagos que después pasaron a ser enviados a través de otra sociedad ligada a su hermano, Víctor Orellana Quezada. También Orellana, según Ciper, recibió en diciembre de 2015dineros del Grupo Said por $16,6 millones en 2013. El premio para Orellana fue presidir el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en el segundo gobierno de Bachelet, desde donde arribó al Consejo de ADP. También tiene profundos contactos con la vocera de Piñera 2.0, Cecilia Pérez; y el abogado sionista ligado a la UDI, Gabriel Zaliasnik, quien defendió en una causa a su esposo, el diputado Silber.
Las otras integrantes del Consejo de ADP son María Martin Munchmeyer, quien está filiada al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; y la abogada Mariana George-Nascimento, quien se ha dedicado a la asesoría de empresas, quien figura como Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, habiendo ingresado al Servicio Civil en junio de 2006.
En resumen el organismo, más que estar conformado por funcionarios de una intachable carrera en el Sistema de Empresas Públicas del Estado o agencias de gestión y transparencia, obedece a mecanismos de integración determinados por negociaciones políticas. La ADP quedó conformada así por dos representantes de la derecha, una demócratacristiana ligada también a la derecha, un director de confianza del actual gobierno, una representante del mundo académica y una secretaria técnica.
LOS COSTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN CODELCO
La Ley de Gobierno Corporativo de Codelco (Ley N° 20.392), promulgada por la presidenta Bachelet en 2009, modificó el Estatuto Orgánico de Codelco, estableciendo un directorio según el modelo de las sociedades anónimas, acotando la nominación de autoridades políticas. Se trató de un modelo de gestión empresarial encubierto como técnico a través de la ADP, pero que en la práctica está diseñado para restringir el acceso al directorio de la principal cuprífera del mundo ejecutivos que han hecho carrera en mineras privadas o directorios de cualquier tipo de empresa.
Nelson Soto Aguilera, ex consejero nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, considera que esa legislación sirvió para afianzar el proceso privatizador de la cuprífera estatal. Comentó que “la primera intromisión de las empresas transnacionales a Codelco fue la incorporación de ejecutivos que provenían del capital privado. Hoy están iniciando la segunda etapa del proyecto privatizador de Codelco”.
El primer directorio nombrado bajo dicha modalidad fue encabezado por Diego Hernández, quien fue designado por el ex-presidente Sebastián Piñera en 2010. Si bien tenía experiencia trabajando en Codelco, su principal currículum lo hizo asumido puestos de gerencia en mineras como BHP Billiton, Vale, Rio Tinto y Anglo American.
Entrevista por Radio Universidad de Chile en esa época, el economista y abogado Julián Alcayaga comentó que para postular al sistema de ADP “hay que haber trabajado en empresas mineras, por lo tanto solo pueden entrar ejecutivos de empresas mineras. Piñera, naturalmente, nombró a tres personas que eran proclives a la inversión extranjera en minería y que eran partidarios de las transnacionales mineras. Por lo tanto, el directorio quedó compuesto de tal manera que ellos nombraron al Presidente ejecutivo y Diego Hernández nombró a una cantidad de vicepresidentes que venían todos de las transnacionales mineras y que habían trabajado con él en Anglo American”.
Diego Hernández ejecutó un plan de inversiones de unos 16 mil millones de dólares proyectados a diez años, los que según Alcayaga fueron “concebido para endeudar inútilmente la empresa”.
Se definió en la oportunidad que el objetivo era incrementar la producción, pero según calculó Alcayaga en un análisis posterior, se trataba de cifras tramposas: “las mineras extranjeras han invertido en total alrededor de 20 mil millones de dólares desde 1990 a 2010, pero aumentaron la producción en 3,7 millones de toneladas, es decir que invirtieron 5.400 dólares por tonelada producida. Pero Diego Hernández desea invertir 16 mil millones de dólares, mediante endeudamiento, solo para mantener la misma producción”.
La gestión de Hernández también dilapidó recursos en los mercados a futuros. Según la revisión hecha por Alcayaga a los Estados Financieros de Codelco, se comprueba que en el año 2010 se contabilizaron pérdidas por 1.042 millones de dólares en mercados a futuro, además de otros 2.316 millones de dólares expuestos o aprovisionados como pérdidas para los ejercicios 2011 y 2012.
Hernández estuvo al mando de Codelco apenas dos años, nombrado por Piñera en mayo de 2010, justo dos años después (mayo de 2012) renunció furtivamente a la presidencia de Codelco. Apenas dos meses después asumió como presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Alcayaga concluye que bajo la dirección de Hernández, Codelco tuvo las peores utilidades hasta ese momento, pese a la alta producción y un precio alto del metal rojo.
Ya en el segundo gobierno de Bachelet fue nombrado otro representante de las mineras privadas a cargo de la principal cuprífera del mundo: Nelson Pizarro, quien había sido gerente general de Minera Los Pelambres entre 1998 y 2003, luego vicepresidente del holding Antofagasta Minerals y en 2006 pasó a Lumina Coppers, aunque siguió siendo director de Antofagasta Minerals hasta ser nombrado en Codelco. “Un hombre del grupo Luksic”- según Alcayaga.
El abogado y economista recuerda que durante todo el tiempo que Nelson Pizarro fue gerente general de Los Pelambres, entre 1998 y 2003, la minera no pagó un solo peso de impuesto a la renta al Fisco.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PRIVATIZACIÓN POR DENTRO DE CODELCO
El anuncio de Moreno y Agnic como nuevos directores de Codelco fue bien recibido por el presidente del directorio, Máximo Pacheco, ya que la trayectoria de ambos se alinea a la perfección con el enfoque que le está imprimiendo a la principal cuprífera del mundo: la asociación con privados para el desarrollo de futuros proyectos mineros, política refrendada con la entrega de los yacimientos de Codelco Andina a Anglo American para su explotación en conjunto.
“Estamos muy contentos de incorporar a Codelco a personas de reconocida trayectoria profesional y empresarial, lo que refuerza una de nuestras mayores fortalezas: ser un directorio independiente y profesional, que tiene la responsabilidad de dirigir y proyectar a la principal empresa del país”- destacó Pacheco.
En una entrevista dada a El Mercurio la semana en que anunció el acuerdo con Anglo American, Pacheco defendió el mecanismo de nombramiento del directorio de la cuprífera estatal, argumentando que decir que Codelco es una empresa estatal “es pura política. Y eso es una caricatura”.
Aprovechó también de anunciar el foco de la política pública en minería en lo que queda de gobierno. Sostuvo que “Codelco va a fortalecer cada vez más este modelo de crecimiento en asociación con la empresa privada (…) Aquí lo que se está construyendo es un modelo de asociación público-privada muy potente, y son cosas que toman tiempo. Además, requiere liderazgo. El directorio de Codelco ha jugado un rol muy importante que es atreverse a hacer estas cosas”- aseveró.
Refiriéndose al gobierno corporativo de Codelco dijo que “este país resolvió hace 15 años una ley de gobierno corporativo para Codelco, para crear un directorio responsable de la conducción, cuyo objetivo era maximizar su valor económico, ambiental y social. Entonces, aquella gente que piensa que Codelco es un servicio público o una empresa que se maneja con criterios que no son los que le definió la ley, se equivoca”.
Sin embargo, los datos duros indican que desde la conformación de dicho gobierno corporativo de Codelco, en 2010, se inició un ciclo de pérdidas para la estatal que ha ido alargando. En últimos 6 años, la producción total de Codelco cayó un 20%; asimismo sucesivos endeudamientos y proyectos de escaso valor han ido aumentando una deuda acumulada de 20 mil millones de dólares. Sólo los intereses de dicha deuda exigen 700 millones de dólares al año. Bajo la gestión de Pacheco, entre los años 2022 y 2023, Codelco tuvo pérdidas por 591,2 millones de dólares.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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