Contraofensiva de Monsanto en Argentina

Un año atrás se logró una importante victoria en la lucha contra Monsanto. Tras la fuerte resistencia del pueblo cordobés, encabezada por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la multinacional de los agronegocios detuvo en enero pasado la construcción de una de sus plantas de producción, por orden del poder judicial. Le siguieron una serie de reveses. La Secretaría de Ambiente de la provincia rechazó en febrero el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. sin embargo, la Legislatura provincial aprobó en junio, con una fuerte represión contra los manifestantes que se oponían, una nueva ley ambiental provincial a la medida de la multinacional. Finalmente, en medio de los festejos por un año del bloqueo, Monsanto anunció que presentará un nuevo estudio de impacto ambiental, es decir, anunció una contraofensiva.

Según recogió el diario cordobés La Voz del Interior, fuentes ligadas a la empresa informaron que postergarán la presentación del estudio hasta mitad del año próximo para “evitar una politización adicional a la que ya plantearon grupos que se oponen a la instalación”, una decisión que cuenta con el apoyo del actual Gobierno provincial de Juan Manuel de la Sota.

La nueva Ley de Ambiente no impide que Monsanto insista en la radicación, resaltó un miembro del Ejecutivo citado por el diario. En el mismo sentido se expresaron miembros vinculados a la gestión del intendente Daniel Arzani.

Según anunció la multinacional meses atrás, el nuevo estudio será confeccionado por URS Corporation, una consultora estadounidense que ya elaboró otros estudios de impacto ambiental  para empresas megamineras que operan en el país.

“Daremos una respuesta profunda y amplia, por lo que continuamos trabajando fuerte, tanto en el estudio de impacto como con la comunidad de Malvinas Argentinas”, advirtieron desde Monsanto.

De acuerdo a las fuentes de la multinacional, gran parte del nuevo estudio de impacto ambiental se encuentra terminada, pero se aguardará la reglamentación de un aspecto de la nueva Ley Provincial de Ambiente. Se trata precisamente del artículo de “Acciones de salud ambiental”, el cual obliga a identificar y medir los factores de riesgo ambiental que puedan ocasionar alteraciones en la salud humana, con énfasis en enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, alteraciones endocrinas, y el desarrollo neurológico, entre otras, precisa La Voz del Interior.

Al respecto, el diario informó que los ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Salud se encuentran trabajando para que la reglamentación se conozca entre octubre y noviembre próximos.

Con anterioridad, la Secretaría de Ambiente de Córdoba rechazó el estudio presentado por Monsanto por considerar que no se identificaban los impactos relevantes ni se presentaba documentación respaldatoria suficiente. Tras esta instancia, De la Sota anunció el nuevo proyecto de ley “hecho a la medida de Monsanto y los mega emprendimientos”, según denunciaron desde la asamblea.

Cabe destacar que según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba en febrero de 2013, en Malvinas Argentinas 25 de cada 100 mujeres perdían sus embarazos, a la vez que en numerosos barrios la probabilidad de contraer cáncer era ocho veces mayor a la media nacional, y la de tener hijos con malformaciones, más del doble.

El megaproyecto

Desde 2012, con el apoyo de los Gobiernos nacional y provincial, Monsanto busca instalar la mayor planta procesadora de granos en la ciudad de Malvinas Argentinas. Tras una inversión de mil 500 millones de pesos, la multinacional proyecta su radicación sobre la ruta 118 en un predio de 28 hectáreas. El megaproyecto tiene por objetivo el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz para la siembra, con una producción de hasta 3,5 millones de bolsas de semillas.

Se trata de una iniciativa que va en consonancia con el llamado PEA 2020 que anunció el Ministerio de Agricultura de la Nación, cuyo objetivo es convertir a la Argentina en “un líder agroalimentario mundial”, aumentando la producción de granos en un 58 por ciento, lo que implica ampliar la superficie sembrada en un 27 por ciento -el equivalente a 42 millones de hectáreas-.