Por unanimidad de los 106 parlamentarios presentes, la Cámara de Diputados aprobó ayer en general la iniciativa para modernizar la normativa de libre competencia. Luego, por 105 votos, se aprobó su articulado.
La propuesta, enviada al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional, fue informada a la Sala por los diputados Maya Fernández (PS), de la Comisión de Economía; Fuad Chahin (DC), de la Comisión de Constitución; y Alejandro Santana (RN), de la Comisión de Hacienda.
«Para nosotros como gobierno el hecho de poder establecer penas de cárcel es tremendamente relevante en la lucha contra los carteles. El Ejecutivo ha construido sobre lo que han sido muchas mociones parlamentarias en materia de criminalización de la colusión», destacó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
El secretario de Estado remarcó que «no cabe ninguna duda que con este proyecto de ley estamos dando una poderosa señal a quienes dañan la libre competencia, a quienes dañan a los consumidores, de que serán sancionados duramente».
Colusión
En materia de colusión, el texto indica que se castigará a quien celebre, implemente, ejecute u organice acuerdos, convenciones, contratos o convenios que involucren a dos o más competidores entre sí.
El texto dispone una pena principal de presidio mayor en su grado mínimo (entre 5 años y un día a 10 años), y una pena privativa de libertad efectiva por a lo menos de un año. Si la colusión implica bienes de primera necesidad, se aplican penas por sobre los 7 años y medio de cárcel, lo que por sí solo asegura reclusión efectiva para los culpables.
También se establece una inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, así como cualquier cargo directivo en asociaciones o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde que la sentencia definitiva quedare ejecutoriada.
Delación compensada
El proyecto dispone que estará exento de responsabilidad criminal el que primero aporte antecedentes a la FNE y haya accedido a los beneficios de este mecanismo. Con esto se busca potenciar los incentivos para la autodenuncia y poner fin al cartel y posibilitar que un ejecutivo se desmarque de la empresa y denuncie la colusión.
Multas
La iniciativa también avanza en la aplicación de multas, al sancionar por sobre el beneficio económico obtenido por los infractores.
Se propone que el monto máximo de la multa ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción o hasta el 30% de las ventas del infractor en los productos o servicios asociados a la infracción durante el período en que esta se haya prolongado. En el caso que no sea posible determinar el beneficio económico ni sus ventas, el tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma equivalente a 30.000 UTA.
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