Con voto de la mayoría de los diputados, la Cámara Baja del Parlamento bolivianos aprobó el miércoles 30 de diciembre una resolución para recomendar a la Asamblea Legislativa Plurinacional que asumirá el 6 de enero de 2010 la conformación de una comisión especial para realizar una auditoria de la deuda externa de Bolivia.
La determinación es parte de un proceso en el que participan tanto parlamentarios como organizaciones e instituciones de la sociedad civil, una de ellas Fundación Jubileo, en alianza con redes nacionales e internacionales .
Según un comunicado de ese órgano legislativo, la comisión debe «investigar el proceso de contratación y renegociación del endeudamiento público externo», además del destino y la ejecución de los programas y proyectos financiados con los recursos que fueron condonados al país.
Esta auditoría, añade la nota, determinará la «legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia» de los procesos de endeudamiento y condonación registrados en Bolivia en las últimas décadas.
Los parlamentarios salientes justificaron esta recomendación con el argumento de que durante los periodos de dictadura en el país «se contrató deuda externa sin el consentimiento de la población» y que los niveles de endeudamiento «siguen siendo preocupantes» a pesar de las condonaciones.
Además, agregaron que los proyectos y programas de desarrollo económico y social financiados con recursos externos no lograron «bajar los altos niveles de pobreza y desigualdad» en el país.
«Ante la crisis financiera y económica mundial actual se considera oportuno recoger experiencias pasadas para emitir recomendaciones de políticas para un nuevo endeudamiento externo responsable», añade la resolución.
Según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa pública del país a mediano y largo plazo llegó a 2.801 millones de dólares hasta septiembre de este año, monto mayor en 316 millones con relación al saldo registrado a diciembre de 2008.
El endeudamiento del país con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que asciende a 987 millones de dólares, representa el 35 por ciento de la deuda con organismos multilaterales.
En tanto que la principal deuda bilateral del país es con Venezuela, por un monto de 247,7 millones de dólares.
Organizaciones sociales bolivianas, entre ellas la Fundación Jubileo, han sugerido en varias ocasiones que se realice una auditoría a la deuda externa para conocer el origen, las condiciones y el impacto del endeudamiento.
Por Daniel Mathews
La sesión con la que los diputados cerraron el trabajo legislativo de la presente gestión aprobó la siguiente resolución camaral:
RESOLUCIÓN CAMARAL
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
CONSIDERANDO
Que Bolivia tuvo periodos de dictadura en los que se contrató deuda externa sin el consentimiento de la población.
Que los proyectos y programas de desarrollo económico y social del país acudieron al financiamiento externo para su ejecución, no logrando bajar los altos niveles de pobreza y desigualdad.
Que Bolivia ha atravesado por ciclos de endeudamiento continuos y, a pesar de las condonaciones de deuda, los niveles de deuda externa siguen siendo preocupantes.
Que la deuda externa y los procesos de condonación impusieron condicionalidades al país y condiciones financieras no concesionales en algunos casos, implicando la aplicación de medidas estructurales y el pago elevado del servicio de deuda.
Que ante la crisis financiera y económica mundial actual, se considera oportuno recoger experiencias pasadas para emitir recomendaciones de políticas para un nuevo endeudamiento externo responsable.
Que es necesario transparentar los procesos de endeudamiento, sus renegociaciones, el uso de los recursos de los créditos externos y su impacto en la población.
RESUELVE:
Recomendar a la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, considere la formación de una Comisión Especial de Auditoria de la Deuda Externa de Bolivia, con el objeto de investigar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público externo, el destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos financiados con estos recursos, para determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia.
Es dado en la sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de diciembre de 2009.
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