¿Dónde están los papeles?: Las dudas sobre la concesión del futuro puerto de Quintero

Foto: elepicentro.cl

En 2017 se cumplen 10 años desde que se entregó una concesión a Inversiones San José para la construcción de un puerto multipropósito en Quintero, región de Valparaíso. Una década en la que no se ha avanzado en las faenas, puesto que la evaluación de impacto ambiental del proyecto fue rechazada en 2010. A esto se suman reclamos ante la Contraloría General de la República e incluso la pérdida de documentos, según denuncian los pescadores artesanales de las caletas aledañas.

El 4 de diciembre de 2007, mediante el decreto 455 del Ministerio de Defensa, Inversiones San José S.A. obtuvo una concesión por cinco años para construir el recinto portuario en la Bahía de Quintero, compuesto por siete sitios para la transferencia de carga general, frutícola, vehículos, contenedores y combustible. El complejo se ubicaría en un terreno de 24 mil metros cuadrados.

La inversión ascendía a US$ 330 millones (casi $212 mil millones), de acuerdo al Servicio de Evaluación Ambiental. En 2010, el gerente general de la sociedad, Carlos Vera, expresó su optimismo en relación al proyecto: «Estimamos que las obras del puerto estarían iniciándose en junio y su construcción tomará alrededor de dos años y medio, por lo que estaría finalizado para fines del 2012», recogió el sitio mundomarino.cl.

Objeciones ignoradas

Algo no consideró la entonces Subsecretaría de Marina al momento de entregar la concesión a Inversiones San José: las objeciones de los pescadores artesanales de las caletas Loncura, El Manzano, Embarcadero y Papagayo. «Lo que aducíamos era que el puerto nos iba a quitar nuestra fuente de pesca, que iban a entrar muchos barcos, un montón de inconvenientes que se iban a producir en la bahía, a nuestro criterio», relató Víctor Azócar, representante de los pescadores, en conversación con El Ciudadano.

En el artículo 8º del Reglamento sobre Concesiones Marítimas se establece que «podrá denegarse una solicitud de concesión marítima cuando terceros aleguen que ella les irrogará  (causará) perjuicio». Amparados en este documento, Lorenzo Soto Oyarzún y Alex Quevedo Langenegger acudieron a la Contraloría en representación de los pescadores de la zona, para solicitar la invalidación del decreto que otorgó la concesión a Inversiones San José S.A. Soto y Quevedo argumentaron que no se consideró la oposición que formularon en su oportunidad.

Caleta Loncura. Foto: Flickr Walala Pancho.

Además de los riesgos de contaminación, el ruido, los movimientos y maniobras portuarias, los recurrentes alegaban que habían presentado el 8 de junio de 2007 una oposición ante la Subsecretaría de Marina, entidad a la que acusan de haber seguido su tramitación sin efectuar el procedimiento establecido en el referido artículo 8°.

De acuerdo al dictamen 59.578 de Contraloría, emitido el 17 de diciembre de 2008, «no hay constancia que la autoridad marítima haya comunicado al solicitante la oposición entablada para que éste lograra un acuerdo con los afectados, o, en caso de no haberse alcanzado, haber resuelto la oposición, acogiéndola o denegándola expresamente».

Siguiendo el documento emitido por el órgano fiscalizador, la autoridad marítima no dio cumplimiento del artículo 8° del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, al no proceder según lo establecido para el caso de oposición.

Víctor Azócar.

«En suma, hubo un vicio formal o de procedimiento por no haberse considerado el derecho a oposición que reconoce el reglamento a quienes detentan la calidad de interesados, que serían aquellos que acrediten derechos adquiridos a cualquier título legítimo o que aleguen perjuicios», continúa el dictamen.

Al respecto, Víctor Azócar señaló que «en 2007 nos opusimos a la concesión por un efecto legal, para que nos tuvieran en cuenta y eso fue lo que Capitanía no aceptó. En ninguna parte hay un documento que conste que nosotros nos opusimos en ese momento y nosotros presentamos toda la documentación y el Ministerio de Defensa aduce que los documentos están extraviados».

«Crearon falsas esperanzas en la comunidad»

Contraloría además ordenó hacer un sumario para determinar las razones que fundamentaron  la decisión administrativa de pasar por alto las observaciones presentadas por los pescadores ante la autoridad marítima. La determinación fue ratificada en el dictamen 94.031, fechado el 30 de diciembre de 2016.

En relación con la falta de información respecto del sumario y a la carencia de antecedentes, la Contraloría consideró que «la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá adoptar a la brevedad las medidas que sean necesarias para encontrarlos o proceder a su reconstitución en caso de extravío, o bien, actuar sobre la base de los documentos de que disponga y de los que los interesados le proporcionen». El plazo dado por Contraloría fue de 30 días hábiles.

A pesar de la oposición inicial, a los pescadores les interesa que el proyecto se concrete. Según relata Víctor Azócar, «crearon falsas esperanzas en la comunidad. Acá se han hecho dos elecciones, diciendo que San José viene, hacen cursos para que la gente esté preparada y hasta el día, es una mera ilusión. Yo quiero que definitivamente digan si se va a hacer o no, porque si no se hace, que les quiten la concesión».

Continúa la concesión, pero sin claridad

Siete años han pasado desde que Jorge Maximiliano Carle Fernandez, en representación de Inversiones San José S.A, presentara el estudio de impacto ambiental del proyecto el 9 de febrero de 2010. Una semana después fue rechazado, según consta en el pronunciamiento de Karina Francis Gajardo, miembro de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Valparaiso.

De acuerdo al documento, el estudio no cumplía con algunos requisitos formales: no entregaba antecedentes que acrediten que la presentación se hacía por una persona facultada legalmente para este efecto. Tampoco se indicaba el tipo de proyecto. En relación al resumen ejecutivo, la descripción del proyecto era «insuficiente e incompleta». Además, se señala que se utilizaban diferentes nombres para referirse a éste, no presentaba los objetivos, tampoco el monto de inversión, la mano de obra asociada, ni la justificación de su localización.

Con estos antecedentes más las observaciones relativas al incumplimiento del artículo 8º del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, Víctor Azócar se dirigió a la Contraloría, entidad que emitió el dictamen 58.567 del 9 de agosto de 2016. El dirigente solicitaba la caducidad de la concesión, señalando que ésta había terminado el 15 de diciembre del año anterior.

Ante el reclamo de Azócar, Contraloría estableció que la concesión se modificó por el decreto Nº 33 del Ministerio de Defensa (2010), extendiéndose el plazo de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2015. Además, el órgano fiscalizador señaló que en ese momento, la concesión se encontraba en proceso de renovación, por lo que la secretaría de Estado no podía ordenar su caducidad. De todas formas, el peticionario quedaba apto para presentar oposiciones dentro del proceso de renovación. Esta decisión fue ratificada en el dictamen 94.031 del 30 de diciembre de 2016.