EEUU: La cárcel como un gran negocio

Dirigentes políticos y jueces estadounidenses tienen algo en claro: que la mano dura y la tolerancia cero son mucho más rentables que la prevención del delito. Gracias a eso, las empresas que operan las cárceles privadas del país del norte ganan cada año miles de millones de dólares por un negocio tan jugoso como perverso y en el que las principales víctimas son los inmigrantes pobres. La gran mayoría de ellos llega a los centros de detención privados por las duras leyes vigentes y por la complicidad que el Estado y el aparato judicial mantienen con las compañías del rubro. Su estadía en estas prisiones incluye abusos, vejaciones y condiciones de vida inhumanas.

El negocio comenzó en los años ’80, bajo la presidencia del conservador Ronald Reagan. En 1983, Jack Massey creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos: Corrections Company of America (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, que más tarde sería comprada por el Geo Group, actualmente la segunda compañía más grande del negocio carcelario, por detrás de CCA.
Ambas empresas, que controlan el 80% de las prisiones privadas, fueron creciendo a la misma velocidad que aumentó la población carcelaria.

Según estadísticas oficiales, entre 1999 y 2010 el número de reclusos en centros privados se incrementó un 80%, mientras el conjunto de los detenidos en cárceles del Estado apenas subió un 18 por ciento. Gracias a esa notoria desigualdad, CCA obtiene ganancias por 1700 millones de dólares anuales, mientras Geo Group llega a los 1600 millones. Entra ambas compañías controlan 131 cárceles, donde hay más de 150 mil detenidos, el 16% de la población carcelaria nacional.

El negocio aumenta cada vez más por varias razones. Una de ellas es el apoyo que tiene por parte de la familia judicial. El caso de los jueces Mark Ciavarella y Michael Conahan lo grafica claramente. Ambos fueron encontrados culpables por haber recibido 2,6 millones de dólares en sobornos de diferentes centros penitenciarios privados para enviar a la cárcel a casi 5000 chicos que, en la mayoría de los casos, no tuvieron siquiera acceso a un abogado y cuyos “crímenes” fueron una pelea en un micro escolar o subir una parodia de sus maestros a Youtube.

La otra pata del negocio la sostienen el Estado y la dirigencia política. Las propias empresas reconocen, a través de sus informes públicos, que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus cuentas bancarias y que la relajación de las sanciones contra los inmigrantes sería perjudicial para sus intereses. Por eso, antes de quedarse con los brazos cruzados, recurren al famoso lobby.

Un informe de la ONG In The Public Interest (ITPI) sostiene que, entre 2002 y 2012, CCA destinó 17,4 millones de dólares para convencer a dirigentes políticos sobre la necesidad de endurecer las penas contra el delito. Geo Group, por su parte, aportó otros 2,5 millones entre 2004 y 2012. Las empresas no distinguieron banderas políticas a la hora de repartir dinero e hicieron llegar sus cheques tanto a la oficina del senador demócrata Bob Menéndez como a la del republicano Marco Rubio. Ambas, además, desembolsaron casi 5 millones para las campañas de diferentes candidatos electorales.

El lobby dio resultado: las prisiones privadas están llenas gracias a que los gobiernos estatales les garantizan una cuota mínima de ocupación. El ITPI analizó los contratos firmados con 62 cárceles operadas por empresas y determinó que en el 65% de los casos está estipulada alguna garantía de números de reclusos. La base mínima es del 90% de ocupación, aunque en algunos casos llega al 100 por ciento. Los empresarios sostienen que esa es la única forma de tener un nivel estable de ingresos para gestionar las cárceles y recuperar el costo de su construcción. Un buen argumento desde el punto de vista estrictamente económico. Lamentable, por supuesto, desde el punto de vista humano.

Quienes más sufren las consecuencias de este cínico negocio son los inmigrantes, principalmente latinos y afroestadounidenses. En particular, aquellos que van a la cárcel por ingresar al país sin documentos. Representan el 80% de todas las personas que se encuentran tras las rejas en Estados Unidos, de las cuales un 16% va a parar a prisiones privadas. Se trata, según la organización Human Rights Watch (HRW), de una situación “viciada por desigualdades raciales”, ya que muchos de los inmigrantes detenidos “no son peligrosos ni representan un riesgo de fuga”.
En las cárceles privadas especialmente designadas para extranjeros, los inmigrantes sufren “serios costos en términos de salud y dignidad humana”. Así lo sostiene la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en el informe “Almacenados y olvidados: Inmigrantes atrapados en nuestra sombría industria de prisiones privadas”, donde la organización puso la lupa sobre el funcionamiento de las 13 prisiones privadas a las que son llevados los inmigrantes tras su arresto.

El documento es demoledor. La ACLU asegura que las autoridades de los centros de detención tienen incentivos para maltratar a los reclusos, al tiempo que “pasan por alto la inadecuada calidad de la atención médica” y niegan programas de rehabilitación, lo que crea condiciones “peligrosas, de miseria y tensión”. Los prisioneros, además, suelen dormir en los pasillos o en celdas minúsculas que deben compartir con varias personas. Toda una serie de condiciones de vida inhumanas que, según la ACLU, intentan ser encubierta de forma conjunta por las empresas y el Buró Federal de Prisiones, es decir, el Estado. En conclusión, se trata de un negocio que sólo “enriquece a la industria privada”.

Estados Unidos tiene actualmente un total de 2,5 millones de personas tras las rejas, lo que lo convierte en la nación con la mayor población carcelaria de todo el planeta: cuenta con el 25% de los presos mundiales. Cifras que seguramente sigan creciendo mientras continúe vigente la doctrina de la represión y la xenofobia en el autodenominado país de la libertad.

Linea36