El clan de los Carey en los negocios y en la política

Para el común de los chilenos el apellido Carey es desconocido. Pero a medida que se trepa en la escala social la palabra comienza a cobrar sentido. Y si estás en medio de abogados,su mención cobra ya significado, cambiando el flujo de conversaciones e invitando a quienes están alrededor a parar la oreja. Ya cuando se habla del estudio de abogados Carey, el contorno de su significación se reviste de un halo de prestigio, buenos negocios y mucho poder. Un poder que ha sido labrado en el curso de tres generaciones de abogados descendientes de un marino inglés que comenzó a hacer fortuna en Antofagasta.

Fue el patriarca del linaje, Francisco Carey, quien en 1905 abrió en Antofagasta una oficina de abogado, dedicándose a representar a empresas salitreras y a la sociedad inglesa propietaria del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB). Treinta años después su hijo, Guillermo Carey Bustamante, hace lo mismo en Santiago tras titularse de derecho en la Universidad de Chile con una tesis dedicada a los problemas monetarios en contextos de crisis económica. Luego Carey Bustamante asumió la cátedra de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que regentaría durante 30 años, a la par que se especializaba en asesorar a incipientes grupos económicos surgidos al alero del Estado promotor de la sustitución de importaciones, como el Grupo Yarur, Antofagasta PLC y Embotelladora Andina. La fama se corrió y fueron también contratados para representar empresas extranjeras, como Anaconda Copper Company, Cerro de Pasco, Koppers, entre otros clientes. Carey Bustamante a fines de los sesenta llegó a ser uno de los vice-presidentes internacionales de Anaconda.

La especialización en minería e inversiones le granjeó fama a Carey Bustamante, quien llegó a asesorar al gobierno chileno en negociaciones comerciales con India y fue orejero económico del presidente Jorge Alessandri. Así participó en la redacción de la legislación que acompañó la instalación del Escudo como moneda (1960-1975) y la negociación de la deuda externa. Cuando Alessandri escribió sus Observaciones al Código Tributario en 1956, le mandó inmediatamente una copia mecanografiada a Guillermo Carey para su aprobación.

Además de su proximidad con Alessandri, por el estudio de Carey Bustamante pasaron connotados políticos de la derecha chilena, como Alfonso Campos Menéndez, diputado entre 1949-1953 por los partidos Liberal y Nacional; y Carlos Urenda Zegers, abogado de la industria salitrera y posteriormente empresario naviero, hermano de uno de los fundadores de la UDI.

En los sesenta los contactos con los grupos económicos se multiplican, pasando a representar a mineras, celulosas , navieras y fábricas como Fensa y Mademsa. El rápido trepar entre el enmarañado empresariado local se expresó en cambios de oficina cada vez más en altura. Así en 1967 instalan sus oficinas en el piso superior del edificio de IBM de Agustinas 1235, justo al frente de la Plaza de la Constitución. A fines de los sesenta, cuando el centro de Santiago era el escenario de un pequeño pero incipiente mercado de valores, Carey Bustamante pasó a integrar el directorio del Banco Sud Americano.

El gobierno de la Unidad Popular fue una pesadilla para Carey Bustamante y su prole, que de a poco comenzaba a tomar las riendas del negocio. Se enfrentaron a una política económica que apuntaba a la recuperación de los recursos naturales, por lo que el negocio que habían armado en esa zona sigilosa y en penumbra de las negociaciones de inversión, las compras y fusiones de compañías, no tenía cabida en el proceso de socialización del aparato productivo. El gobierno de Salvador Allende fue el único ejecutivo que no recurrió a sus asesorías. Con la Nacionalización de la Gran Minería por la unanimidad del Congreso Nacional el 11 de julio de 1971, los clientes se fueron y por primera vez en el siglo, se vieron obligados a fusionarse con otro grupo de abogados.

AÑOS 80: EL NEGOCIO DE LAS PRIVATIZACIONES

El golpe militar significó al clan Carey mantener a flote su negocio, la recuperación de clientes y una promisoria perspectiva cuando comenzó el remate de las empresas públicas. Así en 1978, fueron contratados para asesorar legalmente a la primera privatización en el ámbito minero, la Compañía Minera Disputada de Las Condes, adquirida por Exxon Corporation en 90 millones de dólares.

El economista especializado en temas mineros, Julian Alcayaga, cuenta que Anglo American Sur o Minera Los Bronces -que había sido adquirida por la estatal Enami en 1971 a una minera francesa en el proceso de nacionalización del cobre, a partir de 1979, cuando fue adquirida por Exxon, comenzó a declarar pérdidas, lo que la eximía del pago de impuestos, evasión que se prolongó durante 24 años.

En 2003, tras mantener “a pérdida” la empresa Exxon la vendió a Anglo American en 1.300 millones de dólares, además de recibir 700 millones de dólares por parte del Fisco chileno, por pérdidas tributarias acumuladas. ·Por lo tanto, el costo real de compra para Anglo American fue de sólo 600 millones de dólares”- destaca Alcayaga.

En su memoria institucional destacan que desde fines de los ochenta, cuando el ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, pisó a fondo el acelerador del proceso de enajenación de patrimonio público, Carey abogados participaron “en un significativo número de otros procesos de privatización”, como Cementos Melón en 1984 y de Enaex en 1987. En esos dos años fueron vendidas 32 empresas públicas. Un Informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de 1991, calculó que las privatizaciones ocurridas entre 1985 y 1987, significaron una pérdida al patrimonio del estado de $2.209 millones en la época.

Si bien las empresas privatizadas han cambiados de dueño en el curso de los años, la enajenación del patrimonio fiscal les entregó otro giro laboral a los miembros del clan Carey: ser miembros de los directorios de las empresas privatizadas. Así, vemos hoy a Jorge Carey Tagle, hijo de Carey Bustamante, como miembro del directorio en cementos Melón, nominado por el grupo peruano Brescia. Además integra, según una crónica reciente publicada en La Tercera, los directorios de la empresa forestal Masisa y la AFP ProVida.

Para los ochenta el estudio Carey comenzó a representar a bancos internacionales en un contexto de liberalización del mercado financiero y bajas tasas de interés. Llegó así a asesorar a los acreedores extranjeros en la renegociación de la deuda externa chilena tras la crisis de 1983.

EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO EN DEMOCRACIA

El fin de la dictadura significó una gran ventana de oportunidades para la expansión del negocio del estudio Carey, lo que coincidió con la mudanza en 1990 al Edificio Las Américas, en Miraflores 222, en donde ocuparon seis pisos. También en esa década la influencia de Guillermo Carey Bustamante cede paso a sus hijos, Jorge y Jaime Carey Tagle.

La decisión de la coalición gobernante de mantener el modelo económico neoliberal, apoyado ahora por ministros como Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley, significó la llegada de capitales extranjeros dispuestos a comprar las empresas públicas que aún quedaban por vender y que la Concertación no tardaría en subastar.

En ese espacio opaco de las asesorías jurídicas se cocinaron acuerdos de inversión, se permitió la colocación de acciones y bonos en la bolsa comercial de Estados Unidos y comienzan a licitarse varios proyectos mineros. En la época, según declaran en su portal, asesoraron en la colocación de dinero en el exterior a Embotelladora Andina y Laboratorio Chile. En la prensa se le llamó a la extracción de capitales forjados en Chile y su puesta en el exterior con el eufemismo de ‘internacionalización de capitales’.

De ese modo, Carey abogados potenciaron áreas de pronta entrada de capitales en el remate final de las empresas públicas del agua emprendido por los gobiernos de la Concertación o en los procesos de venta de las ya privatizadas. Así se especializaron y formaron expertos legales en energía, recursos naturales y telecomunicaciones. En su reseña histórica, el estudio Carey describe que “durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el estudio juega un rol clave en los procesos de privatización de sanitarias, de concesiones de obras públicas (carreteras de peaje y puertos) y en la negociación y desarrollo de gasoductos para traer gas desde Argentina a Chile”.

Con buen olfato para predecir el futuro de grandes monopolios en que estaba siendo encauzada la economía chilena, Carey se especializó en áreas como las fusiones y adquisiciones, así como también en nuevas legislaciones que se comenzaron a implementar, como la propiedad intelectual, derechos del consumidor y medio ambiente. Así hoy conocen al revés y al derecho la industria minera, sus regulaciones en materia ambiental, el derecho de aguas y están al día en la legislación respecto de la participación de las comunidades.

También fue la época de la entrada de grandes compañías mineras transnacionales, muchas de las cuales se hicieron asesorar por el estudio Carey, que ofrece asesoría especializada en proyectos de inversión. Aseguran a sus clientes conocer todas las etapas de implementación, el inicio de actividades, su fase de operaciones hasta el término de la vida útil y el cierre de faenas. Se manejan además en los aspectos jurídicos y permisos para instalar puertos, plantas de procesamiento o ductos para trasladar los minerales.

Y el negocio si que ha crecido. Si en 1989 eran apenas tres transnacionales extranjeras explotando minerales en Chile, las que producían unas 212 mil toneladas anuales; para el 2000 su número aumentó a 14, produciendo 3.100.000 toneladas- según grafica Alcayaga en ‘El libro negro del metal rojo’ (2001). Entre 1990 y 1994, según observó en su oportunidad el ex senador Jorge Lavandero, las empresas privadas que operaban en Chile fueron responsables de la sobreproducción mundial de cobre que provocó la caída en el precio del metal de un 20%.

Alcayaga destaca que en 1989, los aportes de la minería del cobre a los ingresos fiscales eran de US$ 2.223 millones, mientras que en 2001, con una producción que fue el triple al decenio anterior, el total de ingresos que recibió el presupuesto público no alcanzó los US$ 300 millones. Es decir, un 13,5% menos que el último año de la dictadura. Fue el proceso de transnacionalización de la economía, como le llamaron los medios. Y en gran parte de esas negociaciones sacaron su mascada Carey abogados.

Para mediados de la década de los noventa el bufete se convierte en el con mayor número de abogados de la plaza chilena, sumando 26 socios, triplicándose en los años sucesivos.

En esa época dorada pasó por el estudio Ricardo Escobar, quien entró en 1996 como socio y salió en 2006 para ser nombrado director del Servicio de Impuestos Internos (SII), en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Escobar fue el mentor de la estrategia de no querellarse al no considerar delitos las facturas y boletas falsas emitidas a SQM en el financiamiento opaco de campañas políticas. Tras dejar el SII, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) le encargó un estudio legal para torpedear la reforma tributaria. Luego de esa peguita, Escobar se fue a trabajar con la competencia de Carey, el estudio de Bofill, que asesora a empresas como SQM.

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) aumentaron en el gobierno de Ricardo Lagos. Según cifras de CEPAL, Chile fue el tercer receptor luego de México y Brasil, de IED, cifrándose en US$ 4,4 (2003); US$ 7,6 (2004); y US$ 7 miles de millones.

El crecimiento en la inversión se hizo notar en le estudio de abogados, pasado el centenar para esa época. Hoy tiene más de 270 profesionales en el área legal, entre sus 600 empleados.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Carey participó activamente en las negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países. También tuvieron buena clientela con la privatización de carreteras iniciada por el mandatario socialista.

También asumieron ad honorem la defensa de Chile en el caso El Clarín, juicio interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por los descendientes del diario que fue cerrado y su imprenta confiscada tras el golpe de estado.

Fuentes que estuvieron cerca de dicho proceso comentan que por detrás del altruismo con el Estado por parte de un staff de abogados buenos para hacer negocios, se evidenciaba el interés El Mercurio, conglomerado editorial beneficiado por la dictadura, y que vio en el resurgir de El Clarín -el diario más leído en Chile hasta el golpe de Estado- una seria amenaza a su posición monopólica en el mercado de la prensa.

También, como fue el primer caso litigado ante el CIADI que involucraba al país, la experiencia como litigante, el conocimiento de los recovecos de las demandas relacionadas a inversiones a nivel internacional y, por sobre todo, ser los primeros en enfrentar una demanda ante un tribunal internacional, resultaron una buena oportunidad para un clan familiar muy atento a los cambios económicos y tecnológicos en función de mantener su hegemonía en el mercado.

Hoy se ufanan en su portal web que “Carey cuenta con amplia experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales comerciales y de inversiones, bajo las más diversas instituciones locales y extranjeras, tales como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, el ICC y el CIADI”. A más de diez años de ese proceso, describen también la experiencia ganada en sectores como medios de comunicación, energía, minería y productos farmacéuticos, entre otros.

Años después de abandonar sus cargos, según comentaron crónicas periodísticas, pasaron por las oficinas de Carey el ex presidente Lagos, el sociólogo Eugenio Tironi y el economista Andrés Velasco.

CONTINUARÁ

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

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