Se le complicó el panorama esta semana al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, con 3 frentes judiciales por haber forjado el acuerdo que entregaría la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060 a SQM. En tribunales enfrenta tres iniciativas que de prosperar podrían significar un escáner a su débil gestión y tener que responder ante causas penales por fraude al fisco, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal.
Una de las denuncias fue presentada por el diputado Cristián Tapia, integrante de la Comisión de Minería, ante la Fiscalía Centro Norte. El escrito es contra quienes resulten responsables de los delitos recientemente descritos en el marco del convenio que Pacheco desea suscribir con SQM.
La propuesta de Pacheco es adelantar el fin del contrato vigente entre Corfo y SQM, suscrito en 2018, que estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.
En vez de preparar a Codelco para hacerse cargo de la explotación del litio, Pacheco ha promovido un acuerdo desde el año pasado, cuyo Memorándum de Entendimiento (Mou) le entrega el 49,99% de la propiedad y el control del directorio de la nueva sociedad a SQM.
Desde que fue anunciado, analistas de diversos sectores han salido al paso criticando el acuerdo, por falta de transparencia y la legitimación del ex-yerno de Pinochet, quien tras haberse hecho dueño bajo las sombras de SQM y financiado a casi todos los partidos políticos de la post-dictadura, aún mantiene el control en la explotación de litio.
El Ciudadano conversó con el diputado Tapia, quien comentó que “hicimos esta presentación porque nos parece que pudiese haber varios delitos, como prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal en la forma en que se dio este negocio”.
Agregó que “los funcionarios públicos deben estar a la altura de lo que se necesita. No hacer un negocio escondido de todos, que no le dieron cuenta ni a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Todo escondido y nos enterábamos por la prensa. ¿por qué hacen las cosas escondidos? Cuando las cosas se hacen bien no se esconden”.
Un cálculo hecho por José Cabello, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), quien se desempeñó en BHP Billiton como gerente de nuevos negocios y estrategia minera, determina que cuando el Estado, ya sea a través de Codelco o Enami, tiene el Salar de Atacama con sus reservas de litio y potasio, no requiere entregar la mitad de la propiedad.
“Codelco está perdiendo una enorme oportunidad de hacerse cargo del Salar de Atacama. No hay razón para que no asuma la explotación (…) Desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán”- comentó con El Ciudadano.
El diputado Tapia coincide con el geólogo, considerando que “tiene toda la razón cuando dice que no se puede entregar más del 20 por ciento de la riqueza, que es el litio, a una empresa privada, porque se pierde un poco el control, que no se ha tenido por tantos años, considerando lo que Chile necesita. Acá no sobran los recursos económicos. Los recursos naturales que tienen que ser en beneficio de las chilenas y chilenos. Las necesidades que tenemos hoy en seguridad, salud, vivienda son muy grandes. Otros países no lo tienen, si tenemos esta riqueza tenemos que aprovecharla al máximo y no como se pretende firmar este contrato”.
A juicio del abogado y ex-constituyente, Mauricio Daza, esa negociación con Codelco a través de trato directo con SQM “es un regalo que está haciendo este gobierno a los nietos de Pinochet. ¿Cuánto pagará SQM por este convenio que garantiza extracción de litio hasta el 2060? Pues cero peso”.
La compra de un proyecto minero que no tiene nada
El 14 de marzo de 2024 pasado Codelco informó en su portal web que era formalmente propietario de las acciones del proyecto Salar Blanco desarrollado en el Salar de Maricunga y comprada a la australiana Lithium Power International (LPI), por lo que desembolsó 244 millones de dólares. Lo anterior abre frente judicial que debe enfrentar Máximo Pacheco.
Sin embargo, pese al precio pagado, en el Salar de Maricunga no hay presencia alguna de faenas mineras de envergadura. La única huella industrial que pudo constatar una visita al salar realizada por El Ciudadano en septiembre del año pasado, fueron neumáticos de camiones abandonados, tambores metálicos, bolsas plásticas, estanques de fibra de vidrio, latones y palets de madera. No hay industria alguna ni pozos de bombeo. Menos transportadoras, piscinas de secado o algún activo físico que pueda dar cuenta de un ‘proyecto minero’.
Minera Salar Blanco S.A. (MSB) fue una empresa creada en 2016, con el fin de desarrollar el Proyecto Blanco fue aprobado en una expedita tramitación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y contemplaba producir 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio de la más alta ley y 58 mil toneladas de cloruro de potasio durante los próximos 24 años.
Sin embargo, dicho ‘proyecto minero’ jamás contó con los permisos para explotar litio, que requieren de un Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) y el permiso Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Si bien ,el objetivo era producir carbonato de litio y cloruro de potasio, las pertenencias mineras que poseen, previas a 1979, fueron constituidas sobre cloruro de sodio y sal gema.
En su presentación ante la comisión de Minería de la Cámara de Diputados del día 8 de mayo de 2024, Pacheco fue interrogado por estas falencias del Proyecto Blanco, reconociendo que adquirió el 100% de las acciones de LPI por un valor de unos 236 millones de dólares, así como también la no existencia de activos físicos para la producción de litio en el acuífero localizado, así como tampoco el derecho a explotar litio.
Son 8 millones de dólares menos a la cifra informada en el comunicado de Codelco.
Tampoco la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Blanco está clara. El Segundo Tribunal Ambiental traminta una denuncia presentada por las comunidades coyas, las que acusan la ausencia de un proceso de consulta indígena respecto de recursos que pertenecen a sus territorios.
También la denuncia llamó la atención en el valor bursátil de cada acción de LPI, cotizada un mes antes del acuerdo de en 0,25 dólares por acción, pero que Codelco acabó comprando a un precio de 0,57 dólares por acción. Es decir, si el valor bursátil total de la empresa era de US$ 116 millones antes de la compra, Codelco pagó 236 millones de dólares, es decir, el doble de su valor.
Codelco no necesitaba pagar por una empresa fantasma, ya que cuenta con pertenencias mineras propias inscritas a su nombre en el Salar de Maricunga, contando con un CEOL y el permiso CCHEN, lo que permite la exploración y extracción de litio por una cuota de 325.045 toneladas.
Las complicaciones para Pacheco: Frentes judiciales que debe enfrentar Máximo Pacheco por el acuerdo con SQM
El miércoles reciente el 7º Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal por fraude al fisco en contra de Codelco por las irregularidades en el Salar de Maricunga.
Según figura en el escrito presentado por el economista y abogado, Julián Alcayaga, “en definitiva Codelco compró, para desarrollar la extracción de litio en el Salar de Maricunga, el 100% de las acciones de una empresa que no tiene activos físicos vinculados con dicha actividad, ni ningún otro relevante; que tiene un proyecto el cual se funda en pertenencias que no dan derecho a explotar litio; que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental que no se encuentra firme ni ejecutoriada, sino que tiene numerosos recursos pendientes aún en tramitación ante la justicia; y pagando un valor que es equivalente al doble del valor bursátil de la compañía”.
Consultado por El Ciudadano, Alcayaga manifestó que persigue “que el ministerio Público investigue y llegue a comprobar que esta empresa no tiene pertenencias mineras en el Salar de Maricunga, o sea, se está comprando algo que no vale nada”, en uno de los frentes judiciales que debe enfrentar Máximo Pacheco por el acuerdo con SQM.
El abogado y también economista, destaca que “aquí hubo fraude porque se pagó 236 millones por unas pertenencias mineras que no valen eso. Si bien, Salar Blanco desarrolló varias exploraciones mineras y convirtió varias de ellas en pozos para la extracción, no tiene derecho para explotar litio, algo regido por el DL 2886 (1979), además que en el mismo salar habían pertenencias mineras anteriores, como las de Codelco”.
La querella interpuesta por Alcayaga exige que sean sancionados, según corresponde en el Art. 239 del Código Penal, por fraude al fisco, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, a todos quienes resulten responsable de esta transacción, es decir Pacheco y el directorio de Codelco que ha dado el vamos a la compra de unas faenas mineras fantasmas.
PÉRDIDA DE DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES
Un cálculo hecho por el economista Camilo Lagos proyecta una pérdida para el Estado de 10.199 millones de dólares de concretarse la entrega de la explotación del Salar de Atacama a SQM hasta el año 2060.
Miranda fue responsable del diseño de la política pública del Litio en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entre los años 2009-2011 y 2015-2016. Además le tocó coordinar la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Litio que sesionó en 2014.
La cifra fue dada a conocer en un informe elaborado por el economista para la Fundación Progresa, quien calcula que como el acuerdo establece una producción anual de 300 mil toneladas de carbonato de litio (LCE) durante 30 años y considerando un precio de largo plazo promedio de US$ 20.000 por tonelada, la nueva empresa debiese lograr utilidades de 3.338 millones de dólares anuales.
Dado que el acuerdo suscrito le entregó a SQM, el 49,99% de la propiedad de la nueva sociedad, Miranda calcula que las utilidades anuales después de impuestos alcanzarían los US$ 1.152 millones. Así, calculado a 30 años, el beneficio por la explotación del Litio en el Salar de Atacama sería de 10.857 millones de dólares.
La escandalosa cifra motivó al ex-senador Alejandro Navarro a presentar un requerimiento judicial por prevaricación administrativa y administración desleal. Otro frente judicial que debe enfrentar Máximo Pacheco por el acuerdo con SQM.
Pacheco en los últimos meses tuvo que concurrir varias veces al poder legislativo, en donde se exigían explicaciones por sus extraños negocios en Codelco. Tal vez con la firma del acuerdo pensó que tenía la batalla ganada. Sin embargo, ahora deberá enfrentar un complejo escenario judicial.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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