Un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) confirma y denuncia millonarias transferencias de recursos públicos hacia el sector privado. Ello significa importantes pérdidas para el Fisco, que elevan la deuda hospitalaria a unos 400 mil millones de pesos. El flujo financiero, detectado entre los años 2012 a 2017, es sólo una imagen congelada, una fotografía de un torrente histórico en expansión.
La investigación de los diputados, además de detectar flagrantes irregularidades, transparenta un vicio todavía mayor: el funcionamiento del Estado subsidiario, concepto base del modelo neoliberal. Millonarios subsidios entregados por el Estado que van a parar a las arcas del sector privado y las grandes corporaciones de la salud, varias de ellas multinacionales.
La investigación se concentró básicamente en tres áreas que absorben en la penumbra ingentes recursos públicos: la adquisición de insumos y prestaciones de salud a prestadores privados, las pérdidas financieras de la entidad estatal y el eventual lucro mediante recursos públicos de los prestadores privados de servicios. Un proceso de transferencia financiera en la oscuridad que es, sin embargo, respaldado por las autoridades políticas. Los ministros citados a la comisión, como la ministra de Salud, Carmen Castillo, y el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, defendieron el modelo y los traspasos en tanto minimizaron el aumento en los costos y las pérdidas financieras del Estado.
La comisión, presidida por el diputado PPD Miguel Angel Alvarado, se creó hace un año como una respuesta a las denuncias ventiladas por la prensa sobre un sostenido incremento de los gastos del sistema público de salud, de un encarecimiento de los servicios y sus consecuentes desequilibrios financieros. Aún más sospechas generó que la mayoría de los pacientes del sistema público se derivaran a unas pocas clínicas privadas inscritas como prestadoras de servicios. Un 64 por ciento de los gastos hospitalarios en 2016 se concentraron en seis de estas clínicas, a través de las modalidades AUGE y GES: las clínicas Ensenada, Las Condes, Colonial, Bicentenario, Indisa y Tabancura. Estos traspasos financieros no sólo levantan sospechas sobre lucro privado con recursos públicos, sino también de colusión.
Informes de la Asociación Gremial de Prestadores Privados de Salud, o Clínicas de Chile, explican con cifras la importancia que tienen los pacientes del sistema público para el lucro privado. Esta asociación reúne aproximadamente a cuarenta instituciones del sector privado, entre clínicas grandes, medianas y pequeñas que atienden alrededor de ocho millones de personas al año, de las cuales cinco millones son pacientes de Fonasa y el resto pertenecen a una Isapre o son particulares.
RECURSOS HACIA PRIVADOS AUMENTAN 150%
La comisión investigadora conoció cifras sorprendentes. Durante esta década, las compras efectuadas por Fonasa han crecido 131 por ciento, que en dinero implicó un aumento por camas y otros insumos desde poco más de 92 mil millones de pesos gastados en 2008, a 213 mil millones en 2015. Esta misma tendencia se observó en los recursos destinados a compras de medicamentos, que aumentaron 150 por ciento en el periodo medido, o sea de 190 mil millones de pesos en 2008 a 475 mil millones en 2015.
Pese a la cantidad de recursos inyectados por el sector público al privado, se mantiene la percepción de ineficiencia y mal trato en el sistema público de salud. De acuerdo a una reciente encuesta del PNUD, la mayor percepción ciudadana de desigualdad no se da tanto en educación o en otra áreas, sino que en el acceso a la salud. Una percepción que va en dirección contraria a las inversiones del Estado y que ha aumentado en los últimos 15 años.
La externalización de los servicios públicos, que no pocos observadores denuncian como una privatización encubierta a modo de concesiones, ha sido una respuesta a las falencias del sistema público ante las urgencias sanitarias. Aun cuando el modelo puede generar una respuesta ante las carencias del servicio, éste ha llevado la deuda pública hospitalaria a un ritmo creciente y sin expectativa de contención. Ante esa escena, la comisión parlamentaria apunta que el modelo de gestión “ha redundado en la proliferación de sociedades comerciales médicas (440), en la mayoría de los casos con trato directo, utilización de los propios bienes y servicios públicos y serios dilemas éticos profesionales en el saber médico quirúrgico de tipo monopólico, como se ha dado en el caso de algunas especialidades médicas (anestesia, traumatología, hemodinamia, cirugía, oftalmología y otras)”.
Uno de los casos más extremos son las camas hospitalarias, que ha establecido un sistema de compras, tanto directa como licitada, con una marcada diferencia en los precios, casi duplicándose en ciertas clínicas, principalmente en regiones, dejando todo a una oferta que al ser insatisfecha está a merced de los precios que el propietario de la clínica disponga. “Esto ha generado un nuevo mercado, la adjudicación de camas en centros privados que han nacido con el único afán de transferir estos servicios al Ministerio de Salud”, consigna el informe.
El modelo de camas es un modelo “express” que ha generado beneficios a sus propietarios que, curiosamente, han pertenecido en anteriores periodos al Ministerio de Salud, denuncia la comisión. “Cabe la interrogante de si existe información privilegiada; también es llamativo las exigencias laxas ante estas ‘clínicas’, como guarecerse en un artilugio legal para no estar acreditados a la fecha de acceder a prestaciones consignadas por trato directo”, agrega.
El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dejó clara su defensa del modelo de concesiones pese a la contundencia de las cifras, las sospechas de colusión y beneficios anexos para el sector privado. Al ser consultado por el abultamiento de la cifras, indicó que hay tres factores básicos: cantidades, precios y complejidades, que son de distinta magnitud, y en esos tres ámbitos hay problemas o inflaciones. “Más allá de eso, también hay un tema de organización industrial, en cómo se compra y los conflictos de interés que se provocan”, señaló. Sin embargo, indicó que no ve un cambio en las participaciones, en los tipos, en las formas de comprar o en las prestaciones, “que indique que ha ocurrido un cambio sustancial”, en tanto subrayó que los números “no permiten decir que hay algo raro o especial que no pasaba antes”.
La colusión, práctica ilegal en los contratos y operaciones comerciales, parece un hábito tolerado en el sector salud. El doctor Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico, fue enfático ante la comisión en denunciar prácticas abiertamente irregulares. Citó, por ejemplo, que jefes de servicio de hospitales son a la vez parte o propietarios de sociedades médicas que prestan atención al mismo hospital en que se desempeñan, debido a lo cual son los que firman los convenios y los acuerdos con sus propias sociedades, situación que es, dijo, inadmisible desde el punto de vista ético.
El doctor Paris plantea que el sistema público de salud no estaba preparado para atender todas las patologías AUGE y no tenía los especialistas suficientes. Cuando la ley obliga al jefe de servicio o a la autoridad sanitaria a dar una prestación en un tiempo determinado y éste no puede hacerlo, puesto que el plan AUGE no solo tiene exigencias de calidad sino también de tiempo, es obvio que se empiezan a contratar servicios en el sistema extra. “¿Qué pasó? Que los médicos vieron que era una buena forma para aumentar sus ingresos. Más grave aún, los médicos empezaron a dejar horas en el sistema público de salud, a reducir su carga horaria de 33 o 22 horas a 11 horas y así, a formar sociedades médicas para colaborar a bajar las listas de espera que la autoridad sanitaria solicitaba. Esto generó que haya más médicos en el sistema privado que en el público. El 57% de los médicos está trabajando en el sistema privado, frente al 43% en el sistema público” en el que está inscrito el 80% de la población, explicó.
EL NEGOCIO DE LA DIALISIS
Uno de los casos que expresa con mayor claridad el negocio de la transferencia de pacientes con problemas renales hacia prestadores privados, es el de la diálisis.
La diálisis, con participación sobre el 90 por ciento del servicio de compra a prestadores privados, ha aumentado desde 2011 a 2017. Esta situación ha generado una concentración excesiva de los prestadores: 70 por ciento pertenecen a empresas multinacionales. Respecto de las compras de diálisis a privados, en 2009 se destinaron 78 mil millones de pesos y, en 2016, 137 mil millones. Del monto total de los recursos de Fonasa para compra de servicios privados de salud, el 16 por ciento corresponde a la Ley de Urgencia, en tanto el 63 por ciento corresponde a compras para hemodiálisis. Otros cálculos señalan que la enfermedad renal crónica consume el 23 por ciento del presupuesto AUGE.
De acuerdo con el registro anual de la Sociedad de Nefrología, del total de centros de diálisis en el país, sólo 16 por ciento es propiedad de nefrólogos o de sociedades médicas integradas por nefrólogos. El resto pertenece a empresas multinacionales e inversionistas no relacionados con la especialidad.
Ante ello, el doctor Paris afirmó ante la comisión que Chile es el país de Latinoamérica que tiene más pacientes con insuficiencia renal crónica y es el que gasta más en diálisis crónicas. Y la misma sociedad, al hacer este análisis, se plantea algunas preguntas: razones para dializar a pacientes que no tienen una gran posibilidad de vivir, o que tienen enfermedades terminales. A juicio del médico, debiera discutirse, desde el punto de vista ético, si eso debe continuar. En este caso, la Sociedad Chilena de Nefrología es la que está llamando la atención, puesto que es raro que se gaste tanto en ese ítem en pacientes que, probablemente, no debieran someterse al procedimiento y permitirles una muerte tranquila.
EL LUCRO Y COLUSION DE LAS FARMACIAS
De forma casi simultánea a la aparición de este informe volvió a saltar a luz pública el escandaloso lucro del sector farmacéutico. Se ha informado de la enorme e injustificada diferencia de precios de las medicinas entre Chile y otros países de la región, incluso de Europa, y de los enormes márgenes de ganancias por cada producto vendido por las cadenas farmacéuticas. Las investigaciones, que vuelven a levantar las prácticas de colusión en este sector controlado por tres grandes cadenas, ponen también sobre la mesa la ineficiencia de las autoridades fiscalizadoras y la distorsión de los precios que hacen los monopolios amparados por un falso libre mercado.
Un estudio efectuado por la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), reveló que las farmacias venden en Chile los remedios por lo menos al doble del precio que cobran los laboratorios. Dentro de los productos estudiados, están algunos de uso masivo como Glafornil, Eutirox, Celebra, Aspirina, Nexium y Amoval.
Otra investigación compara los precios de los medicamentos en Chile con cuatro naciones de la región, los que en nuestro país superan hasta cuatro veces el precio respecto de otras tierras. Como ejemplo, una caja de Eutirox cuesta en Chile 13.999 pesos en Salcobrand. Por ese valor se podrían comprar 3,5 cajas en Bolivia, donde el producto cuesta el equivalente a 3.926 pesos. En el caso de la aspirina, que en Chile cuesta hasta tres mil pesos, en Perú se compran 3,5 cajas, pues cada una cuesta 878 pesos chilenos. Cabe mencionar que la investigación la realizó El Mercurio, guardián del modelo neoliberal en Chile. Una señal de que los problemas de la salud ya no dan para más.
Paul Walder
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