El FMI y las demandas sociales

El FMI, en su informe anual para Chile, demandó un crecimiento aún menor del gasto público, y generar en el futuro próximo un superávit fiscal estructural, es decir que un porcentaje del gasto público posible de hacer, de acuerdo a la limitativa regla fiscal vigente, no se efectúe.  Entregó su documento en un momento que las demandas sociales, particularmente en la educación, exigen incrementos en el gasto público, contradicción a resolverse cuando se decida el presupuesto 2012.  De otra parte, la propuesta del Fondo se realiza suponiendo, cuando los hechos no lo comprueban, que el país se encontraría enfrentado a presiones inflacionarias de gran magnitud.  La realidad es otra.  La economía global se está desacelerando y ello conduce a que el crecimiento esperado en Chile el próximo año sea más o menos similar al de los factores productivos, desapareciendo así el peligro de alza en los precios provenientes de la demanda agregada.  Incluso el propio Banco Central no descarta que frente a esta realidad sea necesario reducir a futuro las tasas de interés de política monetaria, como ya lo hizo Brasil.  Sin embargo, el Ejecutivo insiste en mantener una  política fiscal que limita el crecimiento del gasto.

El informe anual elaborado por el FMI, de acuerdo a su artículo IV para Chile, cuyo departamento occidental es encabezado por Nicolás Eyzaguirre, dado a conocer en los mismos momentos que en el país tenían lugar las multitudinarias jornadas de los días 24 y 25 de agosto, recomendó “acelerar el ritmo del ajuste fiscal y establecer metas fiscales de mediano plazo más ambiciosas”, llegando al superávit estructural (25/08/11).  Se produce así una contradicción abierta entre sus recomendaciones y las demandas de amplios sectores sociales que exigen más recursos públicos para avanzar o poner fin, a que –como escribió Cristián Bellet, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, de acuerdo a los datos disponibles- Chile sea “uno de los países cuyo sistema escolar se encuentra más socioeconómicamente segregado” (26/08/11).  Más aún la propuesta es abiertamente inoportuna cuando en el país existe la discusión sobre la necesidad de incrementar o no los impuestos para atender sostenidamente las demandas sociales.  En cambio, la Confederación de la Producción y el Comercio planteó a La Moneda “ser conservadores con el gasto fiscal”, coincidiendo con el FMI.

¿Qué significan las “recomendaciones” del FMI?  En primer lugar limitar aún más el crecimiento del gasto público en 2012.  El documento del Fondo estima que el próximo año el crecimiento del producto se desacelerará a un 5%.  Dado que una de las políticas fiscales del Gobierno Piñera es que el crecimiento del gasto público debe ser inferior al producto, su incremento de ser así sería más o menos similar al de 2011 cuando de acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Presupuestos lo hará en un 4,6%.  Debe recordarse que en marzo pasado el Gobierno procedió a reducir en US$750 millones el gasto establecido cuando se elaboró el presupuesto 2011[1].

En agosto, China incrementó sus adquisiciones de cobre.  Ello es sumamente importante dado que representa el 37,3% de la demanda global por  metal rojo, siendo 1,26  veces superior a la efectuada conjuntamente por EE.UU., Japón y Europa Occidental, que son economías actualmente de bajo crecimiento.  “La demanda china por cobre –constató el Commodity Price Index de Scotiabank Group– avanzó un sólido 10% en el primer semestre y aunque se hizo algo más lento en el tercer trimestre, las proyecciones de otra alza en los precios del cobre a fines de 2011 se mantiene intactas”, permaneciendo –añadió- la oferta global deficitaria.  Ello conduciría a que los superávits fiscales del país se mantuviesen por este motivo elevados.

El Fondo hace descansar su fundamentación en una obsesión antiinflacionaria.  El documento señala que el margen de la economía chilena para seguir creciendo sin recalentarse habría disminuido lo cual desde luego refuta su propia estimación de expansión del producto en 2012, que se ubicaría al mismo nivel de crecimiento por los factores productivos que se proyecta será más o menos igual al de la economía.  Más aún su estimación promedio de variación del IPC el próximo año la cifró una décima por debajo de 2011, absolutamente dentro del objetivo buscado por el Banco Central, que fluctúa entre un 2% y un 4%.

Si la evolución económica converge con el crecimiento del producto potencial, que indica el ritmo de incremento de los factores productivos, las presiones inflacionarias por esta causal desaparecen, lo que acontecería aún con mayor razón si aumentan por debajo de la evolución tendencial.  El ministro de Hacienda Felipe Larraín, al comentar las cifras del INE de producción industrial de julio del INE, con un crecimiento en doce meses de únicamente 0,7%, constató que “es indudable que vamos a entrar en un período de desaceleración” (31/08/11).

Los hechos evidencian que el Banco Central en una unilateral política antinflacionaria se apresuró en subir las tasas de interés de política monetaria, al llevarla al 5,25% nominal anual, sin tener presente el curso de la economía global.  Pero, en su reunión de política monetaria de agosto, después de mantener la  tasa inmodificada, introdujo un sesgo neutral, lo cual significa que a futuro puede aumentarla o reducirla.  Por tanto, el análisis actual del Banco Central es diferente al del FMI, lo que ratifica desde otro ángulo lo equivocado de su propuesta, ya que las presiones inflacionarias que le llevaban a subirla desaparecen.

FMI: Estimaciones para la economía chilena 2011-2012

(Fuente:  FMI.  En porcentajes de variación)

Es tan desactualizada la visión entregada por el FMI que incluso entró en oposición a las declaraciones públicas efectuadas por el presidente del Banco Central chileno, José De Gregorio, quien en esos mismos día sostuvo la existencia de una “señal de desaceleración” en la economía chilena, cuya velocidad reconoció es “tal vez algo superior a los que estábamos esperando” (24/08/11).  En cuanto  a la política fiscal manifestó que esta realidad debe conducir al Gobierno a ver si ello “le abre o reduce espacios”.  En verdad se los abre si el tema central a tener presente es la inflación, desde luego permite una acción más expansiva, ya que se alejan las presiones de alza en los precios.  Por tanto, si lo que se desea es detener una desaceleración mayor a la prevista en un contexto global que se mueve en la misma dirección la conclusión es similar.  Con mayor razón debe actuarse en esa dirección si se desea realmente atender las demandas sociales y que el anunciado fondo para la educación acelere su uso.

La “sugerencia” de llegar en un plazo breve al denominado superávit estructural va aún más lejos.  Ello conduciría a que un porcentaje del gasto público permitido por la regla fiscal, cuyo objetivo expreso es acotarlo, no se utilizaría, entrando en mayor medida aún en oposición a una satisfacción adecuada de las demandas sociales.  De otra parte, el mayor gasto necesario debe sostenerse en el tiempo y el carácter cíclico de la actividad económica –con un proceso actual de desaceleración en las economías de América Latina– muestra que no puede resolverse por un largo tiempo, como reiteradamente lo ha señalado el ministro de Hacienda, vía crecimiento económico, ya que los ingresos fiscales que genera es directamente proporcional a su evolución.  Por tanto, se hace necesario para sostener un mayor gasto efectuar transformaciones tributarias que proporcionen esos recursos permanentemente.

La formulación del Gobierno es, en lo fundamental, coincidente con la del FMI.  “La Moneda –expresó el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet– respalda completamente toda la conducción del ministro de Hacienda (…) y especialmente en materia de política fiscal y de gasto público.  Vamos a ser extremadamente rigurosos en ello.  El Gobierno, en materia tributaria y de gasto tiene una política muy clara: ese aumento de impuestos (a las utilidades) es transitorio, y el incremento del gasto está limitado por la expansión del PIB.  Y –recalcó- continúa  con ambos compromisos.  El Presupuesto 2012 está  siendo diseñado para el cumplimiento de la legislación vigente” (04/09/11).

Por su parte, Felipe Larraín abiertamente usó como pretexto la crisis en los países industrializados para llamar “a la responsabilidad” en materia de demandas sociales.  “Esta economía  -dijo- no está aislada del mundo (…), no todas las demandas se pueden satisfacer en el corto plazo (…)” (05/09/11).  Insistiendo, una vez más, en que no se necesitarían incrementos de impuestos para financiar la reforma educacional.

Proyección del Gobierno de resultado presupuestario estructural

(Fuente:  Dipres.  Porcentaje del producto)

Un estudio efectuado en el departamento de Economía de la Universidad  de Chile, titulado “Costos y Financiamiento de Reforma de la Educación en Chile», subrayó con razón que un “principio básico de responsabilidad fiscal” reside en “que los compromisos de gastos permanentes deben contar también con fuentes permanentes de financiamiento” (02/09/11).  Es lo que hasta ahora el Gobierno se niega a considerar, limitándose a señalar, a través de su ministro de Hacienda, que los mayores costos serían financiados a través de crecimiento económico, reiterando que se encontrarían financiados y no se requiere de aumento de impuestos (02/09/11).  Es infantil suponer –si se tiene en cuenta la existencia de los ciclos económicos que un país puede financiar más allá de un cierto plazo los compromisos que va a asumir si da respuesta a las exigencias planteadas en el plano educacional, únicamente vía expansión del producto.

El informe del FMI señaló como los mayores riesgos, los cuales obviamente de darse repercutirían en la economía chilena, “una fuerte desaceleración de la actividad en Asia o un incremento en las tensiones financieras globales”.  La estructura exportadora del país, con un alto peso de commodities,  hacen a la economía chilena muy dependiente de lo que acontezca en esa región, particularmente en China, desde donde se origina un porcentaje importante de la demanda por los recursos primarios que exporta el país.  De otra parte, una economía absolutamente abierta como es la chilena necesariamente es influida por lo que acontezca a nivel global en el terreno comercial y financiero.

“(…)  la historia nos ha enseñado –como señaló el socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza– que la economía no se desacopla de lo que pase afuera.  Es –añadió- que nosotros exportamos un 40% de la producción, un tercio de la inversión en Chile es extranjera directa y más del 50% de la banca es extranjera” (29/08/11).  En consecuencia de darse los riesgos considerados por el informe el crecimiento no sería de 5% sino menor y el crecimiento del gasto público debería ser aún más reducido.  Alternativa dada como posible por el consejero del Banco Central Rodrigo Vergara.  “Mi perspectiva –declaró- es que hacia el próximo año descenderemos  a algo más cercano al crecimiento potencial de la economía chilena, que es en torno  al 5%, pero obviamente –agregó- dependerá de la situación externa” (28/08/11).

En otro plano, el informe sostuvo erradamente que en la coyuntura actual los fondos de pensiones, que pertenecen a los imponentes, pero son utilizados a su arbitrio por grandes intereses económicos dentro de los márgenes muy amplios existentes en la legislación nacional, se encontrarían en la actualidad mejor diversificados para hacer frente a una nueva crisis financiera global, la cual por lo demás no ha finalizado sino que se expresa en un nueva etapa, con peligros crecientes[2].  Los fondos previsionales siguen colocados en activos financieros, extraordinariamente volátiles, y mayoritariamente en monedas -dólares y euros- que han experimentado caídas en sus cotizaciones reales.

Las demandas sociales,  y en especial las generadas en el plano educacional, exigen disponer de recursos fiscales para atenderlas, lo cual desde luego no se logra con los planteamientos del Fondo ni con las restricciones en el gasto público que establece la política fiscal seguida en el país.  Estas sugerencias del FMI son similares a las efectuadas en otras naciones latinoamericanas y se ubican en una visión global que le concede un papel primordial como objetivo a la austeridad fiscal, que abandonó transitoriamente en el momento más agudo de la crisis durante la década pasada.  En la crisis de la eurozona ha defendido duras políticas de ajuste, que alcanzan niveles extraordinariamente altos en Grecia, conduciendo a la economía de este país por un despeñadero con negativas consecuencias sociales.

Alemania, exigió la condición que el FMI participase en los rescates de la eurozona.  ¿Por qué?, se preguntó el director de la edición española de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, para contestarse:   “Por dos razones.  Primero porque se estimaba que las instituciones europeas carecían de un verdugo suficiente severo (…),  segundo porque la especialidad del FMI, desde hace 40 años, consiste en exigir siempre esfuerzos antisociales a los países endeudados”[3].  En su recetario figura siempre establecer recortes de los presupuestos públicos.  Es lo que promueve para Chile en un momento de gran ebullición social que requiere de una política absolutamente diferente.

Por Hugo Fazio