Ya en el extranjero, la materia prima (en bruto) es sometida a un proceso de evaporación que permite la separación del litio de otros productos de gran valor, como boro, oro y potasio.

El negocio es redondo: el precio de la tonelada de salmuera es de 800 dólares, mientras que la tonelada de carbonato e hidroxilo de litio bordea los siete mil dólares.

El perjudicado directo es el Fisco, cuya participación en la venta asciende a 6,8 por ciento del precio. CORFO ya tomó cartas en el asunto.

Lo mismo hace BHP Billiton: en el concentrado de cobre que exporta también se incluyen otros metales por los que no paga un solo centavo al Estado. “SQM no se puede llevar la salmuera. Es un tema serio, nosotros debiéramos hacer lo mismo con el resto de nuestras riquezas mineras; no puede ser que la BHP Billiton se lleve concentrado de cobre, que es tierra rica en cobre, pero que también contiene plata, molibdeno, oro, además de las llamadas ‘pastas minerales’ que son muy valiosas y se utilizan en distintas industrias en el mundo para cosas muy precisas; nuestra riqueza geológica es vasta y generosa; lo que la BHP Billiton debiera llevarse es cobre”, en cualquiera de sus formas “ánodos de cobre, cátodos de cobre”, precisa el diputado Alberto Robles, quien preside la Comisión Especial Investigadora de la participación de organismos públicos en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, así como de las características del contrato suscrito entre CORFO y SQM.

Robles, quien está convencido que darle valor agregado a la extracción minera podría cambiar el paradigma de país exportador de comodities, destaca el hecho que la CORFO haya entablado un juicio arbitral “para recuperar el Salar de Atacama para el Estado, dado que Soquimich lo hizo mal”. El legislador asegura que “Chile no controla qué se extrae, cuánto se extrae, ni prácticamente nada, lo ha dejado al arbitrio de empresas como Soquimich, cuya forma de actuar en el mundo empresarial es conocida por todos los chilenos. Aquí Soquimich ha actuado produciendo fraude al fisco, produciéndole daño a nuestro patrimonio nacional”.

Para el congresista, el litio es uno de los minerales del futuro. “El litio podría darnos interesantes formas de diversificar nuestra economía, si somos capaces de darle valor agregado desde el Estado, por eso esta comisión también tiene como objetivo crear conciencia de la importancia estratégica de este recurso en el desarrollo integral del país”.

El trabajo de la comisión de la Cámara de Diputados se encuentra en la etapa de levantamiento de información relativa a todos los actores gubernamentales u organismos públicos que tienen incidencia respecto al vínculo contractual que mantiene CORFO con Soquimich, y con Rockwood, la otra empresa del rubro. En rigor, los organismos son la propia CORFO, el Servicio Nacional de Aduanas, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Dirección de Aguas, Conaf, entre otros.

La investigación apunta en el sentido de la denuncia que el propio diputado radical Alberto Robles interpuso en 2014 ante el Ministerio Público, “para investigar este fraude al fisco”, y en orden a revisar una enorme cantidad de contratos de explotación del litio, suscritos entre 1983 a 1995, los primeros en el contexto de la dictadura, y cuando la empresa era una empresa controlada por CORFO. La denuncia de Robles surge frente a los abusos que estos contratos fueron produciendo con el paso de los años a los intereses del Estado en la propiedad del litio. En concreto, la empresa que terminó en manos del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, hoy está exportando salmuera, es decir, la metería prima del litio, que no es más que sal y agua de mar. “Lo que está vendiendo Soquimich es agua de mar”, afirma el parlamentario, quien también espera que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte y represente el interés nacional. “Lamento que aún el presidente del Consejo no lo haya considerado. Vamos a citarlo a la comisión para que nos explique sus razones”, sostiene Robles.

El quid del asunto es que en ausencia de un proceso productivo, que supone la evaporación que permite la extracción del carbonato de litio, se generan dos grandes defectos. En rigor, al no haber tal proceso, no hay la posibilidad de cumplir la obligación de reinyectar los excedentes de la salmuera en el Salar de Atacama; por otro lado, la salmuera se está exportando a un precio irrisorio. Se habla de US$ 800 la tonelada de salmuera versus unos US$ 6 mil la tonelada de litio. El asunto es que el perjudicado directo es el Estado, toda vez que su participación en la venta es de 6,8 por ciento.

“Hemos contratado expertos químicos externos que nos puedan entregar los elementos para poder ir monitoreando y haciendo aforo para entender qué se está exportando, cuál es el contenido químico de lo que se está exportando, de tal manera que productos valiosos sean adecuadamente registrados en las exportaciones, de modo de poder beneficiar a todos los chilenos con los impuestos que corresponda”, aseguró el vicepresidente de CORFO, Eduardo Bitrán.

“La interrogante no demostrada –sostiene un experto consultado por El Ciudadano– es que Soquimich está vendiendo la salmuera a un intermediario, es decir, una empresa no relacionada, que termina de procesarla para extraerle el potasio, el boro y revende a US$ 7 mil la tonelada”. El supuesto va más allá: “En esa venta, tal vez Soquimich está ganando como empresa relacionada”.

Lo anterior fue lo que gatilló la acción que hoy investiga la Cámara. Sin embargo, no fue lo único. A partir de la sospecha que la empresa está exportando salmuera, los investigadores se plantearon la tarea de revisar los contratos, sobre todo considerando que CORFO ya tiene dos demandas contra Soquimich, una de ellas motivada por un dictamen de la Contraloría del año 2013, donde el ente advierte a SQM sobre el tenor de los contratos.

No obstante, en su momento las partes pactaron que las controversias que se produjeran en ambos contratos unidos –uno de proyecto de Salar de Atacama, un Joint Venture, y otro de arrendamiento, en que CORFO entrega a Soquimich algunas pertenencias mineras de propiedad del Estado de Chile para su explotación–, se resolverían mediante el arbitraje. Las pertenencias mineras son las que constituyen el Salar de Atacama.

Pese a la instancia arbitral, CORFO ya ha interpuesto sendas demandas contra la empresa de Ponce Lerou, que buscan revocar el contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras (con plazo de expiración en el año 2030), debido a diferencias sustantivas en el cálculo de las rentas (incluida la salmuera), así como el término del proyecto del Salar de Atacama. Cabe destacar que la producción de Soquimich está diversificada en potasio, oro y litio, a diferencia del otro actor, la empresa Rockwood, que solo se dedica a la explotación de litio.

CORFO prohibirá exportación de salmuera

Al término de la sesión en la que este martes intervino como invitado de la comisión investigadora, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán conversó con El Ciudadano.

En la ocasión, el ex ministro sostuvo que “los controladores (de SQM) no tienen cuestionamientos éticos”. Respecto al rol de CORFO en defensa de las pertenencias mineras y del proyecto Salar de Atacama en manos de SQM, comentó: “Obviamente nosotros consideraríamos lo que es mejor para el interés de Chile y llevaríamos la posibilidad de poder avanzar a una solución al Consejo de la CORFO, que es la entidad que tiene que resolver; mientras se mantenga el rol de controlador o de (actor) dominante aquellos que causaron tan mal a esta compañía y al país, CORFO no va a iniciar ningún proceso de negociación”.

Como una forma de demostrar la preocupación de la CORFO en la materia, el vicepresidente de la entidad comentó que se está trabajando en esa línea. “Estamos potenciando la institucionalidad, en estos dos años han ocurrido cambios muy importantes; hay una lista larga de todos los esfuerzos de información, evaluación, estudios, expertos, hemos gastado muchos recursos, los chilenos deben estar tranquilos que un recurso muy importante como el Salar de Atacama está siendo adecuadamente protegido por el Estado”.

Bitrán también se refirió a un eventual traspaso de la propiedad de SQM, reconociendo el interés de terceros. “A nosotros con lobby varias empresas nos han solicitado reuniones que precisamente quieren dilucidar este punto, cuál va a ser la decisión de la administración de CORFO en caso de un cambio radical en la gobernanza de la empresa, y hemos dicho lo mismo que henos dicho públicamente (…) Los que están vendiendo no son los más confiables de nuestro país. Lo único que digo es que tiene que haber un cambio muy radical en el gobierno corporativo de esta sociedad para que CORFO esté dispuesto a considerar por razones de conveniencia económica para el país un acuerdo con SQM”.

Para concluir, el vicepresidente ejecutivo comentó que la administración de SQM aseguró que estaba dispuesta a suscribir un contrato similar al que tiene la empresa Rockwood. “Nuestra respuesta fue, no gracias, porque esa empresa hoy día con su gobierno corporativo, con su controlador, no nos da ninguna garantía de que se van a proteger los intereses de la sociedad chilena. Vamos a prohibir la exportación de salmuera en el caso de Rockwood, ya que no tiene sentido estar exportando agua, en ella otra serie de otros minerales valiosos que nos es muy difícil determinar su valor; queremos que ellos agreguen valor en Chile, queremos desarrollo productivo, ya que es un recurso de CORFO, tenemos el derecho a exigir que si se quiere explotar en mayor volumen, se haga creando valor, empleo y beneficio para todos los chilenos”.