El historial de irregularidades tributarias y ambientales de SQM

En una revisión rutinaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2013, se detectó que SQM había subdeclarado $2.600 millones en impuestos. Un año después, una revisión de Corfo determinó que la minera había determinado mal las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Dos años después, en 2016, una inspección descubrió que se había extraído más salmuera del salar de lo permitido entre agosto de 2013 y agosto de 2015, se alteraban o no registraban los datos de los pozos, así como también los umbrales de capacidad de agua del acuífero. También se había secado un bosque de algarrobo próximo a las faenas en el salar.

Recientemente, una denuncia de El Ciudadano obligó al SII a cobrar el impuesto específico a la actividad minera que SQM se ha negado a pagar entre los años 2020 y 2021.

La deuda con el patrimonio público asciende a 745,3 millones de dólares.

Pese a tamaño prontuario tributario y ambiental –y sin considerar siquiera los casos de corrupción a través del financiamiento irregular de casi todos los partidos políticos- para mucho causó extrañeza que el actual gobierno del Frente Amplio esté negociando la formación de una nueva sociedad entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el litio del Salar de Atacama hasta el año 2060.

Hagamos un poco de historia a las irregularidades que se han detectado en las operaciones de SQM en los último años:

LA ENTRADA EN EL NEGOCIO DEL LITIO

Tras ser privatizada a fines de la dictadura, el negocio de SQM era la comercialización de nitratos, sales y potasio. La extracción de litio se comenzó en 1992, ingresando al mercado cuatro años después. Sin embargo, ya en 1986 se había establecido el primer acuerdo de explotación de dicho mineral entre Corfo y Soquimich, aún bajo propiedad estatal en la época. En la ocasión se estipuló un contrato entre los años 1986 y 1992, con un límite fijado en 180.100 ton. de litio.

Para la explotación del acuífero localizado al interior de la Región de Antofagasta, se constituyó la Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda. (Minsal), con capitales de la norteamericana Amax (63,75%), Molymet (11,25%) y Corfo (25%). En 1993, Amax y Molymet se retiraron del negocio, vendiendo su parte a SQM Potasio (SQMK), en manos de Julio Ponce.

Un nuevo contrato se firmó en diciembre de 1994, durante el gobierno de Eduardo Frei y con la Corfo presidida por Felipe Sandoval. En la oportunidad Corfo vendió a SQM en 7 millones de dólares lo que restaba de su participación en Minsal. Además se le entregó el derecho de explotación a la firma de Ponce por 180 mil ton. hasta el año 2030, a cambio de una renta fija de 15 mil dólares anuales, el 6,8% de ventas informadas y el pago de los impuestos correspondientes.

Este contrato permitió el crecimiento explosivo de SQM, que aprovechó el inicio del ciclo de alta demanda de litio desde la primera década del siglo XX, metal usado en la fabricación de baterías solares, de teléfonos móviles y autos eléctricos. Dicha demanda se fue acrecentado en los últimos años debido a la transición energética en curso.

Si bien los medios atribuyen el crecimiento de SQM al talento de Ponce, sin dejar de ser un actor clave, los buenos réditos del litio producido en Chile se derivan por sobre todo a su fácil disponibilidad para su extracción en el Salar de Atacama, a diferencia de la minería subterránea. También en su proceso de purificación no requiere grandes procesos, lo que permite a los productores chilenos tener un procedimiento barato para producir el cotizado metal blanco.

Ingrid Garcés Millas, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta, en un estudio dedicado a la industria del litio comentó que SQM “entró al mercado a fines de 1996 con instalaciones construidas en el Salar del Carmen. Como en este tipo de cuencas la extracción del mental blanco se hace sacando la salmuera para dejarla secar en piscinas que permitan evaporar el agua, es decir, hay un mínimo costo de extracción. Para 1998 esta favorable condición hizo que SQM llegara a ocupar un 40% del mercado mundial, consolidándose para el cambio de siglo como el mayor productor mundial de fertilizantes, yodo y litio”.

La entrada de SQM en el negocio del litio también significó la baja en el valor del mineral. Según los datos de Garcés, para mediados de la década de los noventa, la tonelada de litio se transaba en las bolsas de metales a un precio de US$ 3.500; para el año 2000, su valor fluctuaba entre los US$ 1.600 y US$ 1.700.

En la actualidad, más del 48% de las utilidades de SQM derivan de la explotación del Salar de Atacama.

El polémico pre-acuerdo también conlleva una nueva ampliación de las cuotas de extracción del mineral. Según informó El Ciudadano, se pasaría de las 165 mil toneladas anuales permitidas a 300 mil de manera automática, según estipula el memorandum de entendimiento. Al ritmo de explotación actual, SQM estaría agotando antes del 2030 las cuotas que permite el actual contrato con Corfo.

TRAMPEANDO EL CONTRATO

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en una revisión correspondiendo sólo al año 2013, se descubrió que SQM subdeclaró $2.600 millones en impuestos.

Si bien, SQM había hecho un aporte a la campaña presidencial del candidato de la derecha por unos $400 millones en 2009, como años después se sabría en la investigación por el financiamiento corrupto de la política chilena; de igual modo se dio curso al proceso en las instancias públicas bajo el primer mandato de Piñera por la subdeclaración.

Como en el Caso Cascadas uno de los principales querellantes era Moneda Asset Management, muy próximos a Piñera, Ponce consideró la arremetida judicial como una estrategia del entorno bursátil del ex-presidente y de otros grandes empresarios para quitarle SQM. Según el periodista Jorge Jara Román la hipótesis levantada en el entorno de Ponce era que se buscaba presionarlo para que fusionara las sociedades Cascadas y, con ello, accionistas minoritarios como Moneda Asset, el mismo Piñera y las AFPs lograran mayores beneficios económicos y llegarían a controlar SQM. Ponce creía que “todo Sanhattan, incluido el presidente, confabuló para ponerlo tras las rejas y quitarle la empresa”(1).

El ex-yerno de Pinochet decidió jugárselas por la confrontación.

Aprovechó la ocasión en que fue citado a los tribunales en el curso del proceso. Al salir de la audiencia Ponce se acercó tranquilamente a los periodistas que cubrían para los noticieros de pasado el mediodía, esperó tener todos los micrófonos cerca y lanzó un misil directo al ex-presidente. Dijo “si el Presidente Piñera no hubiese participado en las Cascadas, no habría Caso Cascadas”.

Y se fue.

Piñera y ningún miembro de su gobierno, volvieron a hablar de la evasión de $2.600 millones de SQM en impuestos.

Una vez en la Moneda la Nueva Mayoría con Michelle Bachelet, se detectarían nuevas irregularidades. Una revisión realizada en mayo de 2014 dio cuenta de que la minera determinó incorrectamente las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Posteriormente, en 2016 se identificaron seis faltas ambientales y al contrato de arriendo de la explotación del salar, detectándose la extracción de salmuera por sobre lo autorizado entre agosto de 2013 y agosto de 2015. Se reportó además que SQM había secado un bosque de algarrobo, modificaba los pozos que debía monitorear, las cotas de terreno de los pozos y alteraba los umbrales de capacidad de agua.

EL NUEVO CONTRATO CON CORFO

En el gobierno de Bachelet II se encargó a Eduardo Bitrán negociar la renovación del contrato con SQM. Pesaban como una mancha fuerte sobre SQM, además de la evasión de impuestos, los incumplimientos al contrato detectados, como la sobrexplotación de los cursos de agua próximos a sus faenas y la extracción de más salmuera de la permitida.

Bitrán consiguió acordar en enero de 2018 un nuevo contrato con SQM, con fecha límite 2030 y con el 40% de los ingresos derivados del litio para el patrimonio público. Sin embargo, SQM aprovechó la ocasión para solicitar un aumento de la cuota de explotación de litio a 160 mil ton. por año hasta el 31 de diciembre de 2030.

Por detrás del acuerdo y en coherencia con la perspectiva de una Estrategia Nacional del Litio, se preparaba el llamado a una licitación para cuando terminase el contrato de arriendo de explotación a SQM.

El contrato fue firmado el 17 de enero de 2018 y contempla la entrega en arriendo de explotación 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030. Luego de esa fecha SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama.

La devolución es sin costo alguno para el patrimonio público.

LOS IMPUESTOS QUE SQM NO QUIERE PAGAR

Un reportaje de El Ciudadano dio cuenta como el SII no había cobrado en marzo de 2023 el Impuesto Específico a la Actividad Minera a SQM correspondientes a los años 2020 y 2021. De no ser cobrados vencían un mes después.

Se trataba de 745, 3 millones de dólares, sin considerar intereses y multas, los que se encontraban impagos y que corresponden al impuesto específico a la actividad minera.

SQM simplemente se niega a pagar, argumentando que la explotación del litio y otras sales no corresponde con esta categoría imponible. Sin embargo, la minera Albemarle, que también opera en el Salar de Atacama explotando litio, ha cumplido en el pago de dicho impuesto.

De no ser por la denuncia de El Ciudadano, el SII no habría girado la boleta y la deuda hubiese prescrito en abril de 2023.

Tras ser cursada la boleta, El Ciudadano publicó un reportaje dando cuenta que el SII consideraba a SQM un contribuyente de «alto riesgo», es decir, con poca disposición a cumplir con sus obligaciones tributarias y con las consecuencias que conllevaría su incumplimiento.

Para el economista Camilo Lagos “es compleja la posibilidad de que el Estado quiera llegar a un contrato con una empresa en juicio porque se niega a pagar US$ 800 millones que deben en impuestos desde el año 2020, porque según interpretan el litio no paga royalty, pese a que su competidora en la extracción, Albemarle, si ha pagado”.

En un reciente foro organizado por los sindicatos mineros, el doctor en Ciencia Política e Historiador, Juan Gómez Leyton, llamó la atención respecto de la ausencia de la dimensión ética en las decisiones tomadas por el Ejecutivo. El analista sostuvo que “no ha habido cuestionamiento ético al convenio, lo que da cuenta de un problema ético de fondo. Ponce Lerou representa los elementos ordenadores de la sociedad neoliberal y su forma de moverse ha sido ordenador de la sociedad chilena y, de esta forma, principios corruptos devienen en instituciones corruptas”.

Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Jorge Jara. Julio Ponce Lerou: El padrino. En Juan Cristobal Peña (ed.). Joyitas. Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile. Editorial Hueders, Santiago, 2021. pp. 89-125.