Un caso derivado de la extrema concentración de mercado que se mueve en corrientes menos públicas es el de las transacciones financieras, el que en el filo de la acusación de colusión o cartel, sí encaja en el monopolio. Transbank y Redbanc, sociedades creadas por un grupo de bancos, mantiene como mercado cautivo a millones de tarjetas que realizan cada día cantidades similares de transacciones. Con barreras de ingreso insalvables hasta el momento para los competidores, Transbank tuvo el 2011 beneficios netos por 1.170 millones de pesos.
La propiedad de Transbank (que opera tarjetas con el comercio) pertenece al Banco de Chile (26,2%), Santander (25%) y BBVA (13,97%). CorpBanca, BancoEstado, BCI y Scotiabank también participan con 8,7% cada uno, en tanto en Redbanc (que opera tarjetas en cajeros automáticos) son los mismos con diferentes proporciones en la propiedad.
Al referirnos a Transbank no podemos evitar mencionar sus orígenes y su fundación indirecta a manos del empresario, operador financiero y ex presidente de Chile Sebastián Piñera. El político derechista fue dueño de Bancard durante la década de los 80, sociedad que vendió a Transbank hacia inicios de la década siguiente.
La verdadera explosión de este mercado sucede durante la década pasada con el proceso de bancarización masiva de la población chilena. Quién no recuerda este período, acompañado con grandes campañas publicitarias, para procesar a través de los bancos todas las operaciones comerciales que se realizan en el país. Un proceso en el cual formaron parte desde estudiantes a jubilados y microempresas, que pese a sus pequeños aportes, generaron un flujo enorme y millonario de transacciones operado y lucrado por los bancos.
Para tener una idea del crecimiento de este negocio, en el año 2000 se realizaron en todo el periodo poco más de dos millones de transacciones con tarjetas de débito, en tanto sólo en julio del 2015 se efectuaron más de 77 millones de operaciones. El banco que lleva lejos el liderazgo en esta actividad es el BancoEstado, con más de 35 millones de transacciones en el periodo citado. En cuanto al número de tarjetas, a julio pasado existían más de 20 millones, de los cuales nueve millones pertenecen al BancoEstado.
La Fiscalía Nacional Económica investiga a Transbank
Las distorsiones y abusos registrados en este sector tienen larga data. Ya en el 2004 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandó a Transbank por abuso de posición dominante mediante el cobro de precios discriminatorios y abusivos a los comercios, evento judicial que marcó el inicio de un proceso que se remonta hasta este año, con la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley que abra las puertas a otros competidores en este lucrativo mercado.
En septiembre pasado, la FNE presentó un informe al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que apuntaba en el mismo sentido. “La Fiscalía afirma que para garantizar un funcionamiento competitivo en esta industria, es necesario que el legislador limite la posibilidad de actuación conjunta de los bancos a través de Transbank”, en tanto advertía “que las iniciativas legales que se han discutido en el Congreso en relación a los medios de pago son insuficientes para resolver los problemas de competencia de este mercado, dado que no atacan el centro del problema, que es la autorización judicial que poseen los bancos para actuar en conjunto a través de Transbank”.
El informe también detalla cómo la ausencia de competencia en este sector “ha perjudicado a los comercios y a los consumidores, que han estado sometidos a las condiciones comerciales impuestas por un solo actor, que desde el año 1991 no enfrenta competencia alguna”.
La Fiscalía plantea al TDLC que “la existencia de este monopolio ha impactado negativamente en los precios que pagan los comercios, en la calidad del servicio y en su cobertura y que, además, ha impactado en la innovación. Asimismo, señala que la participación propietaria de los principales bancos en Transbank, produce interlocking, ya que en el directorio de esta firma se reúnen quienes al mismo tiempo son directores o altos ejecutivos de los bancos que deben competir en el mercado de la emisión de tarjetas de aceptación universal”.