En vilo pago por años de servicios

Aunque no es parte de su plan de medidas para el año 2010 ni tampoco lo ha mencionado directamente, Sebastián Piñera ya está estudiando terminar con una de las pocas garantías que tienen los trabajadores que son despedidos por la causal “necesidades de la empresa”.

La indemnización por años de servicios nace en 1966, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, como un mecanismo de soporte a los trabajadores que quedaran cesantes. Éste consiste en que el empleador debe cancelar al trabajador contratado un mes por año de servicio con base en la última remuneración. Si un trabajador estuvo treinta años en la empresa, deben cancelarle treinta sueldos.

Sin embargo, en 1981, durante la dictadura militar, el equipo económico de Pinochet a cargo de José Piñera (hermano del Presidente) limitó sólo a once años el máximo de sueldos al que podía optar un trabajador, aduciendo que era una merma significante para la generación de nuevos empleos.

Pese a que “se salvaron” todos los contratados con anterioridad a 1981 y cuyas indemnizaciones hoy continúan rigiéndose por la normativa anterior, el actual gobierno de Sebastián Piñera ya está estudiando terminar con esta garantía de los trabajadores que cuentan con un contrato.

Pero esta inquietud no es sólo de ahora. Con el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en enero pasado, la entidad ya emitió una serie de recomendaciones para fomentar la generación de empleos y la flexibilización laboral y sugiere que para lograr esto, se modifique este beneficio.

ESTUDIOS QUE AVALARÍAN LA ELIMINACIÓN

De acuerdo a declaraciones de la ministra del Trabajo, Camila Merino, se estudiará eliminar esta indemnización a cambio de un programa de fortalecimiento del seguro de cesantía, para así liberar a las empresas de tener que cancelar millonarios pagos a sus trabajadores despedidos, según la causal “necesidades de la empresa” de modo que éstos sean sostenidos por el seguro estatal y/o privado que estimen establecer.

Por otro lado, la secretaria de Estado sostuvo que otra alternativa viable es la reducción a 15 días por año. “Estamos analizando diversos escenarios. Hoy, las personas que reciben este beneficio es un grupo muy reducido y de las relaciones laborales que terminan, sólo un 6% de los trabajadores tiene derecho a indemnización y sólo un 2% lo recibe”.

A la hora de analizar si es una merma o no para los trabajadores, es importante destacar que este beneficio no es aplicable a la mayoría de los trabajadores, ya que tanto en el sector público, independientes, contratados temporalmente y a honorarios no pueden optar a esta garantía. Esto ha facilitado que las empresas opten por contratos a plazos fijos y los renueven constantemente para así no tener que cumplir con esta disposición legal.

La modificación o eliminación de este beneficio hacía años que el empresariado lo estaba esperando, ya que en las diversos encuentros que ha tenido el presidente Piñera con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), los empresarios no han escatimado intentos para poner en la agenda del ejecutivo su reemplazo por un seguro de cesantía externo.

Y es aquí donde se abre un nuevo foco comercial, ya que a pesar de que existe desde el año 2002, tras la puesta en marcha del seguro de cesantía obligatorio para todos los trabajadores contratados, las Administradoras de Fondos de Cesantía son las encargadas de recaudar los porcentajes que, tanto empleadores como trabajadores, cancelan mes a mes para aportar a su seguro y, si se aprueba la moción de acrecentar un seguro, se transformará en un negocio similar al de las AFP.

Ya la CUT y algunos diputados de oposición señalaron que tendrán los ojos muy abiertos durante la tramitación de este proyecto, ya que a juicio de Arturo Martínez, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, no permitirán que se elimine un derecho histórico de los trabajadores y si la situación lo amerita, irán con paros nacionales.

Por Claudia Pedreros

El Ciudadano