Expertos provenientes de diversos países de América Latina, convocados por las universidades Academia de Humanismo Cristiano y Alberto Hurtado, debatieron sobre la real dimensión de la desigualdad social en nuestro país y el continente.
Hoy finalizó el encuentro internacional “La Desigualdad: legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas”, que fue convocado de manera conjunta por las universidades Academia de Humanismo Cristiano y Alberto Hurtado.
Durante la primera jornada, en la que se analizó el tema del “Estado y políticas públicas frente a la desigualdad”, expusieron los investigadores Marcelo Garrido, de la Academia de Humanismo Cristiano y Alejandra González de la Universidad Alberto Hurtado, junto al profesor Pedro Güell, sociólogo de la Universidad de Chile e integrante del equipo de Desarrollo Humano del PNUD .
“En Chile y América Latina existe una desigualdad distributiva que resulta de un cálculo estadístico que compara la dotación de recursos. Esa inequidad amenaza las condiciones de vida de los ciudadanos y sus oportunidades de desarrollo. Pero además, existe la desigualdad de dignidades que se refiere a las asimetrías que se dan en las relaciones de poder entre individuos o grupos, en razón de una suerte de identidad que les impone la estructura social”, indicó Pedro Güell.
Según los expertos, muchas son las razones y formas de cómo y por qué se dan las desigualdades sociales. En algunos países como Colombia se destaca particularmente la desigualdad en materia de justicia por todo el proceso de violencia que ha marcado por años a ese país, mientras que en otras naciones como Chile, las divergencias más fuertes están marcadas por la alta desigualdad económica, en el sistema educacional y social.
Según Ismael Puga de Humboldt Universität zu Berlin, si bien Chile es uno de los países con peor distribución del ingreso, sigue estando muy bien posicionado a nivel latinoamericano. Esto se debe, a su juicio “al proceso económico que se vive actualmente, lo cual no significa que sea una sociedad integrada, sino más bien estable”.
El experto plantea que la sociedad chilena a pesar de legitimar la desigualdad y por consiguiente la dominación, no la comparte en muchos casos. Indica que se da una contradicción. Mientras la mayoría se conforma y somete al sistema -por patrones culturales- hay un cambio en su visión cuando esta problemática se platea de manera colectiva y varía también según las clases sociales.
Por su parte, Mayarí Catillo de Lateinamerika Institut – Freie Universität Berlin, sostiene que el Estado tiene una gran responsabilidad en cómo va cambiando los poderes de la desigualdad, y por consiguiente la explotación y acaparamiento de oportunidades.
“El estado tiene el monopolio de la fuerza: imponen y reprimen voluntades generando prácticas desiguales, contribuyendo directamente en la desprotección, temor y vulnerabilidad con la que vive la sociedad.”
Patricia Castillo de la Universidad Alberto Hurtado, entregó una mirada sobre la instalación de la legitimación desde la infancia. Asegura que hay elementos ideológicos que se introducen desde los primeros tiempos y que hace que la gente viva como vive y tolere el cómo se vive.
Además indica que otros factores que influyen tienen que ver con que desde el Estado hay una invisibilización de las diferencias de clases sociales, lo que hace que las personas se perciban como iguales. Del mismo modo ocurre en las instancias formativas, las cuales se empeñan en sostener que las diferencias de clases tienen un impacto directo en la inteligencia. La misma percepción se aprecia desde los padres.
Según la experta “hay una gran necesidad de justificar y no enfrentar la problemática. Se estigmatiza desde el colegio que mientras más pobre, menor será el nivel intelectual y de oportunidades laborales, y una percepción similar se manifiesta en los padres”.
La jornada “La Desigualdad: Legitimación y Conflicto en las Sociedades Latinoamericanas” que contempló tres días de debates, finalizó hoy viernes 23 de julio, oportunidad en que se dieron a conocer las experiencias de Perú, Bolivia y México.
El Ciudadano